Sentencias por el secuestro y desaparición de Ragone

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El policía retirado Andrés del Valle Soraire y el civil Jorge Héctor Zanetto fueron condenados a prisión perpetua y a ocho años, respectivamente, por la desaparición del ex gobernador de Salta, el 11 de Marzo de 1976. Ambos con modalidad domiciliaria.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Salta aplicó otras dos condenas por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, cometido el 11 de marzo de 1976, a pocas cuadras de su domicilio en la ciudad de Salta. La sentencia recayó sobre el policía retirado Andrés del Valle Soraire y el civil Jorge Héctor Zanetto.
El tribunal integrado por los jueces Federico Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz y la jueza Gabriela Catalano, condenó a prisión perpetua a Soraire, "por resultar partícipe necesario" del homicidio agravado por alevosía y la participación premeditada de dos o más personas en perjuicio de Ragone y del comerciante Santiago Arredes (muerto a tiros cuando intentaba ayudar al ex gobernador) y por tentativa de homicidio agravado en perjuicio de la empleada de comercio Margarita Martínez de Leal, baleada cuando se asomó al escuchar los ruidos del ataque.
Mientras que a Zanetto, sindicalista de la UOM y ex miembro de la triple A, se le impuso una pena de ocho años de prisión por coacción agravada, porque amenazó al ex gobernador poco antes de que fuera secuestrado. Ambos cumplirán la prisión en modalidad domiciliaria.
Por otro lado, resolvió mantener la prisión domiciliaria del ex jefe de seguridad de la Policía provincial, Joaquín Guil, quien recibió prisión perpetua en el juicio celebrado en 2011 por los mismos hechos por los que ahora resultó condenado Soraire, ya que en ese año el y Zanetto fueron absueltos. El lugar de cumplimiento de la pena Guil era uno de los puntos del reenvío ordenado por la Cámara Federal de Casación.
En 2016 la Sala II de la Cámara Federal de Casación confirmó las penas impuestas a prisión perpetua al ex militar y jefe policial salteño, Miguel Gentil, quien falleció el año pasado, y a su subordinado Guil. En aquel pronunciamiento, el tribunal revisor anuló las absoluciones de Soraire y Zanetto, y ordenó al tribunal que dicte un nuevo pronunciamiento.
También se juzgaron amenazas a Ragone por parte de Zanetto, quien a través de otra persona -cuyo testimonio obra entre las pruebas del caso- le hizo llegar al gobernador entre diciembre de 1975 y febrero de 1976 el mensaje de que debía abandonar la política y renunciar a una candidatura porque de lo contrario sería asesinado. El tribunal tuvo por acreditado que tanto Zanetto como el jefe policial Gentil habían amenazado previamente a Ragone.
En Marzo de este año, también se procesó al ex Juez Ricardo Lona como autor y partícipe secundario en decenas de crímenes de lesa humanidad antes y durante la última dictadura. En 2019 fue condenado a una pena de quince años de prisión por sus acciones y omisiones para asegurar impunidad a autores del secuestro y asesinato del ex gobernador salteño, semanas antes del golpe de Estado de 1976.
En este sentido, Mariana Leonard, militante del Partido Comunista y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Salta remarcó que “es muy positivo en el marco de la disputa que hay contra un gobierno negacioncita”.
Por lo que dejó en claro que “desde la fiscalía general no podíamos permitir que se siga dilatando la audiencia, porque hubieron muchas trabas a lo largo del proceso para que se los juzgue” Sin embargo, remarcó que es “no nos conforma que hayan recibido prisión domiciliaria”.
En esta línea, no hay que perder de vista, sostuvo Leonard, que “los delitos de lesa humanidad tienen una particularidad que no es favorable como el tiempo, ya que al día de hoy mucha gente tiene miedo de relatar los hechos sucedidos”.
Para que los genocidas no queden impunes en la memoria, la militante del PC señaló que “como fiscalía presentamos en el juzgado un requerimiento de instrucción para que se investigue a los imputados aunque estén fallecidos”. “No van a ir a juicio porque no hay a quien juzgar, pero si se hacen la imputaciones correspondientes para que se cumpla del derecho a la verdad y que no queden impunes”, aseveró.