Salta sigue negando derechos

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Denuncian acoso laboral, precarización y falta de implementación del cupo laboral travesti trans en la provincia de Salta.

A poco más de un mes de la promulgación de la ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, Diana Sacayán - Lohana Berkins, mucho se movilizó desde entonces para que empiece a habilitarse su real implementación.
Los activistas y las organizaciones reconfiguran el mapa de acciones y objetivos para encarar la adhesión y aplicación de la Ley 27.636 en todo el país. Con la decisión clara y profunda de participar en los cambios sociales y culturales, para que el colectivo travesti-trans pueda ejercer el derecho a un trabajo real y digno.
En Salta son seis los municipios que aprobaron el cupo trans: Orán, Cerrillos, El Carril, Joaquín V. González, Metán y Vaqueros. En una reciente encuesta, que realizó MTA (Mujeres Trans Argentina) junto a la Cátedra Abierta Lohana Berkins de la Universidad Nacional de Salta, se constató que la situación laboral del 94 por ciento de las personas trans es precaria. De las 100 personas encuestadas, 39 dijeron estar desocupadas; 26 indicaron que tienen un emprendimiento personal, pero sin un sueldo fijo; 29 afirmaron ejercer la prostitución; y sólo 6 tienen trabajo estable.
En el sur salteño, en la ciudad de Metán, el caso de Virginia Caldez, una mujer trans de 38 años, se erige como caso testigo para esta realidad. Virginia trabaja en el Estado municipal hace 5 años, desde antes que se aprobara la ordenanza de cupo. Su situación es apremiante: denunció maltrato y acoso laboral sin obtener respuesta, pero donde intervinieron inmediatamente profesionales de Nación.
Con el correr del tiempo Virginia sufrió discriminación y amedrentamientos y, en estos últimos meses, sufre el acoso laboral de compañeros varones. “Es muy desgastante, quedé mal emocionalmente, los ataques de los trabajadores municipales son constantes, me van quitando la sonrisa día a día” dijo, desconsolada, Virginia.
A fines de junio de este año, organizaciones de mujeres y disidencias se pronunciaron contra la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Metán por "usarlos en época electoral", porque publicaron un comunicado que falta a la verdad. El pronunciamiento indicaba que hay varias denuncias públicas y judiciales a sus funcionarios por violencia de género y acoso sexual, y en todos los casos los violentos fueron protegidos por el mismo intendente.
La gota que rebasó el vaso fue un parte de prensa que aseguraba que se "sigue asistiendo a víctimas de violencia y personas del colectivo LGBTIQ+”, hecho que llevó al grupo Movimiento de la Disidencia de Metan (MET) a repudiar y desmentir públicamente el informe emitido desde el municipio de Metán.
“Durante la pandemia nunca esa secretaría asistió a la comunidad LGBTIQ+ de esta localidad. Repudiamos que en época electoral se nos use, con ese comportamiento siguen usando a nuestra comunidad tan golpeada y excluida. En esa intendencia tenemos compañeras acosadas, burladas y nunca se apartó al acosador del lugar de trabajo. ¿Ahora se acuerdan de las disidencias?” publicaron desde MET, para marcar la distancia entre la realidad y el discurso político.
En este sentido, Bertha Lozano, militante del PC de Salta aseguró que “en un provincia tan conservadora como Salta se resisten al cambio de paradigma y de la suma de derechos”, tras lo que afirmo: “No es una lucha fácil la de la implementación del cupo”.
“El trabajo amplia derechos y suma otros, como el acceso a una obra social, vivienda, derechos básicos que se encuentran limitados, y más para el colectivo travesti trans”, remarcó Lozano.
Asimismo, repudió la discriminación a la compañera travesti Virginia Caldez y aseguró que “si la Oficina de la Mujer no presta atención a la vulneración de derechos de las mujeres y de las mujeres travestis- trans, no tiene sentido de existir, porque es la que debe garantizar la justicia en todos los casos que se vulnere a la mujer por su condición”.
En esta línea, Lozano llamó a “prestar atención a los y las juezas que a través de sus sentencias o retardo de las mismas ejercen discriminación”. Y no dudó en afirmar que “cuando hablamos de estado conservador incluimos a los tres poderes del Estado”.
Para finalizar, Lozano también le atribuyó la discriminación y acoso que sufrió Virginia Caldez a la no la Ley Micaela, donde funcionarios de los poderes del estado deben hacer una capacitación en género.