Esta es la carátula que la querella pretende que se le imponga a la causa abierta por la muerte de Florencia Magalí Morales, quien fue encontrada ahorcada en una celda policial de la localidad de Santa Rosa del Conlara, en San Luis.
Los representantes legales de los familiares de Florencia Magalí Morales, pidieron que su muerte sea calificada como femicidio agravado, ya que se descarta el suicidio tras analizar el peritaje llevado a cabo por la forense de parte, Vanina Elizondo.
Por tal motivo, también solicitaron que se amplíe la imputación por homicidio agravado contra los policías que fueron indagados por delitos menores como incumplimiento de los deberes de funcionario.
Se trata del comisario Heraldo Clavero, la agente Yohana Torres, el oficial principal Daniel Mansilla y oficial principal Marcos Ontiveros, quienes estaban en la dependencia policial de la localidad de Santa Rosa del Conlara, hacia donde el 5 de abril de 2020, fue llevada la mujer de 39 años, después de haber sido detenida en la calle, acusada de haber violado la restricción que imponía en ese momento el Aspo.
Pese a que Florencia explicó que había salido de su domicilio para buscar comida, fue arrestada y encerrada en una celda de la dependencia policial donde, durante esa misma tarde fue encontrada muerta. Fue el comisario Clavero quien llamó al juez de turno para avisar que la detenida “se habría suicidado en la celda en la que se encontraba alojada”, algo que para nada concuerda con los resultados que entregan las pruebas recolectadas por la querella y los peritajes realizados.
Este caso despertó rápidamente la reacción de movimientos de Derechos Humanos, sociales y políticos de San Luis que acompañan a los familiares de la víctima. “Este hecho es gravísimo, ya que la policía se excedió completamente de las facultades que dio el DNU que estableció el aislamiento social y obligatorio de aquel momento, arrestando gente sin justificación”, denunció oportunamente el titular del Partido Comunista de esta provincia, Juan Larrea, comprometido con el reclamo de “justicia por Magali”.
Así las cosas, ahora es el juez Jorge Osvaldo Pinto, quien debe pronunciarse al respecto en esta causa en la que también interviene como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.