En la localidad de Garuhapé, una banda parapolicial atacó a manifestantes del Movimiento Teresa Rodríguez. No se trata del primer caso de estas características que tiene lugar en Misiones.
Junto a otras organizaciones sociales, políticas, sindicales y de Derechos Humanos, el Partido Comunista y el MTL de Misiones, exigieron que el gobernador Oscar Herrera Ahuad, arbitre los medios necesarios para que se investigue y desarticule el accionar de comandos civiles que actúan contra quienes protagonizan protestas sociales en esta provincia.
Lo hicieron después de que el lunes 7 de noviembre, una banda que se autodenominó “vecinos autoconvocados”, irrumpiera en una protesta que protagonizaban integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez ante a la sede municipal de la localidad de Garuhapé y los desalojara utilizando palos, garrotes y cachiporras.
Pero lo que pasó en Garuhapé tiene diversos antecedentes registrados, tanto en esa localidad como en otras del territorio misionero, donde grupos integrados por civiles se vienen organizando para romper huelgas y protestas populares, al mejor estilo de los freikorps que se enseñorearon durante la República de Weimar como antesala del nazismo.
“En un contexto de crisis económica que impacta fuertemente sobre derechos fundamentales, como la alimentación, la salud, el trabajo decente y empuja a formas diversas de reclamo de sectores que no pueden seguir esperando, el gobierno provincial tolera el accionar de grupos civiles que se arrogan la potestad de impedir el ejercicio del derecho constitucional a peticionar a las autoridades”, advierten las fuerzas que firmaron una declaración para denunciar esta situación.
Pero también advierten que lo ocurrido en Garuhapé “es un claro ejemplo de las violencias que tolera y promueve el Estado provincial” y apuntaron contra el intendente local, Gerardo Schmied, quien en declaraciones a un diario de Misiones justificó el accionar de lo que definió como “personas de distintos sectores y clases sociales se reunieron y lograron dispersar a los visitantes”.
Pero a la hora de aclarar la cosa, quienes suscribieron la declaración alertaron que Schmied “naturaliza así la intervención de comandos civiles, parapoliciales”, tras lo que no duraron en recalcar que “se trata de un hecho gravísimo que revela un modus operandi de grupos civiles que de manera concertada, convocada, se reúnen para impedir el ejercicio de la protesta social de acuerdo a sus propios criterios, acudiendo a formas violentas de acción, con la anuencia o complicidad de las autoridades”.
Y recuerdan que lo sucedido en Garuhapé “tiene diversos antecedentes en la misma localidad y en otras localidades misioneras, en las cuales grupos civiles referidos bajo denominaciones genéricas toman la iniciativa de impedir ciertas formas de protesta de sectores vulnerables, amparados bajo una supuesta legitimidad que les daría su carácter de ‘vecinos’ o ‘productores’”.