Se aleja la expectativa de un tres por ciento para abril, pero el gobierno le sigue poniendo fichas al Programa Precios Justos ¿Existe capacidad para hacer que se cumpla?
De acuerdo al relevamiento que acaba de hacer público la consultora LCG, durante la primera semana de febrero los precios de los alimentos fueron aumentados en promedió el 1,84 por ciento, lo que plantea una desaceleración de 0,88 puntos respecto la semana anterior, pero todavía se sostiene dentro de un rango elevado.
A esto se suma un dato que preocupa: el índice de alimentos y bebidas presenta desde hace cuatro semanas una inflación mensual que en promedio es del seis por ciento, liderada por los rubros Frutas, Carnes y Aceites.
Queda claro que se trata de rubros que tienen un peso específico central por su incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) donde representan un veintitrés por ciento del total, pero asimismo porque ocupan un lugar clave para la canasta básica y la mesa de los sectores populares.
Así las cosas y tras la auspiciosa baja que se registró en noviembre y diciembre, que consiguió que se aplane la curva de los fuertes aumentos que se venían perpetrando sobre los precios de los alimentos, enero volvió con un baño de realidad que señala que si la inflación exhibe un episodio de la lucha de clases y por ende es política, nadie va a estar dispuesto a regalar nada y menos en un año donde se juegan las Presidenciales.
Con este telón de fondo, desde la propia cartera de Economía se reconoció que el IPC de tres por ciento para abril se va presentando como un objetivo difícil de alcanzar, pero pese a esto se tiene en claro que en épocas de vacas tan flacas, el amesetamiento de la inflación en un rango acorde a lo establecido en el Proyecto de Presupuesto, esto es entre el cuatro y el cinco por ciento, puede brindar algo de certezas y tranquilidad.
Esto alcanzaría, por lo menos, al universo del trabajo conveniado que es el que con un IPC dentro de esos rangos, puede darle batalla a la inflación vía recomposición salarial en paritarias, tal como lo hizo en durante 2022 dentro de un escenario de mucha dificultad que el Gobierno espera que no se repita este año.
Entre las principales cartas a las que tiene fe La Rosada, aparece el Programa Precios Justos (PPJ) que con algunas variantes respecto a su etapa inicial, fue relanzado hace poco por el ministro Sergio Massa. Pero tal como se reconoce desde la cartera a su cargo y lo corrobora la tarea de relevamiento que, entre otros, vienen desarrollando movimientos sociales y sindicatos, el problema no está sólo en la capacidad que tiene el gobierno para darle sustentabilidad a una adecuada política de control de precios, sino también para que se garantice que el puñado de conglomerados empresariales que suscribieron el PPJ, lo cumplan y eso incluye el abastecimiento de productos en las góndolas.
Entre las voces de preocupación que se alzaron durante las últimas jornadas, están las que provienen desde el universo del trabajo y, específicamente, en la provincia de Buenos Aires desde Suteba. “La tarea de control de precios por parte del Estado es crucial, pero existen muchos métodos para hacerlo”, advirtió la secretaria de Igualdad de Géneros y Diversidades del Suteba de Tres de Febrero, Mara Petrucci, quien añadió que “irrumpir en los grandes supermercados para verificar el robo al bolsillo que llevan a cabo es sólo una de las herramientas”.
Asimismo, señaló que “si dejamos esta tarea en manos de los municipios nos vamos a encontrar con que aquellos gobernados por la oposición o por algún intendente afín o socio incluso del poder cuestionado, se quedará de brazos cruzados e inactivo ante el abuso del remarque”, por eso “considero que el gobierno debe usar otros recursos como la exposición en los medios públicos para concientizar al pueblo y que éste se involucre”.
También desde Suteba, la secretaria de Igualdad de Genero de Esteban Echeverría, Mirta Barrere, se mostró de acuerdo con que el control de precios sea una tarea encarada por el ejecutivo municipal, ya que “en este tema debe seguirse cotidianamente la evolución de los precios, pero también el comportamiento de quienes remarcan”. Y resaltó que “se debe atender a que en locales de cercanía y no sólo supermercados, el control sea transparente y en beneficio del consumidor”.