Dos trabajos de prestigiosas instituciones internacionales desmienten el informe de la OEA sobre Bolivia.
Al cierre de esta edición, se profundiza la represión de carácter político y racista en Bolivia. Mientras tanto, tras ser juramentada por la cúpula de las Fuerzas Armadas, desde una Presidencia que carece de legitimidad y legalidad, Jeanine Áñez, formó Gabinete e instruyó a que policías y militares arrecien la represión.
Ayer por la tarde, mientras un feroz operativo policial atacaba y detenía a personas que manifestaban en La Paz, bandas armadas con apoyo militar, golpearon a la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, a quien le impidieron ingresar a la Cámara donde pretendía presidir una sesión que –entre otras cosas- debía realizarse para considerar la renuncia de Evo Morales.
Por la noche fue la Cámara de Diputados la que pudo reunirse. Integrantes de la bancada del MAS lograron eludir el cerco y, en sesión, desconocieron la legalidad de la designación de Añez.
En este contexto sigue la cacería a opositores que en las ciudades ya dejó una cifra oficial que supera las veinte personas asesinadas. Los datos extraoficiales son terriblemente peores y es probable que pase mucho tiempo para que se pueda reconstruir, cabalmente, lo que pasa en estos días –sobre todo- en el interior profundo de Bolivia.
Las cosas claras
Los hechos se suceden vertiginosamente. Tanto que casi no permiten recordar que la excusa utilizada por los golpistas para avanzar en toda esta matanza, es la presunta comisión de un fraude en las elecciones del 20 de octubre.
Aquí vale recalcar que, en todo momento, Morales dio luz verde a la OEA para que examine el proceso electoral y que, antes de que se consume el golpe, convocó a nuevas elecciones.
También que más allá de las especulaciones que desde una massmedia interesada se hizo al respecto, el informe elaborado por el organismo no aporta ninguna prueba del presunto fraude.
¿Pero qué se dice desde espacios especializados en el tema? Dos institutos que se dedican a trabajar, de forma independiente y científica, sobre desarrollo y resultados de comicios, coinciden en que de ninguna manera se pudo demostrar que hubo irregularidades sistemáticas ni extendidas en las presidenciales.
Se trata de dos documentos, uno de la Universidad de Michigan y otro confeccionado por el Center for Economic and Policy Research (Cepr), un think tank integrado por investigadores de prestigiosas universidades europeas.
El estudio de la universidad estadounidense estuvo a cargo de uno de los principales expertos en fraude electoral del planeta y su título es elocuente: “Evidencia en contra de que los votos fraudulentos hayan sido decisivos en la elección de Bolivia en 2019”.
Ahí, el cientista político Walter Mebane, quien lejos está de ser un entusiasta de Morales, señala que aparecen “irregularidades estadísticas” sólo en 274 de las 34551 mesas habilitadas. Y que este patrón es similar al que se registró en los últimos comicios de Austria y Wisconsin.
Pero va más lejos aún cuando recalca que, incluso si se retiran todos los votos que pudieran ser cuestionados “el MAS tiene una ventaja superior al diez por ciento”.
Por su parte, en su trabajo titulado “¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019?”, el Cepr sale al cruce de la postura de la OEA.
“Los resultados del recuento provisorio son consistentes con el resultado final”, indica y añade que “la OEA ni nadie más pudo demostrar que haya habido irregularidades sistemáticas ni extendidas” y recuerda que el recuento definitivo y legalmente válido “no tuvo interrupciones significativas”.
Pese a esto, de la mano de la OEA y, fundamentalmente de su titular Luis Almagro, con más o menos impudicia diferentes gobiernos niegan que lo de Bolivia fue un golpe de Estado y se apresuran a reconocer como legal y legítima a la designación de Añez.
A la felicitación de Donald Trump a los golpistas, se sumaron Jair Bolsonaro, Iván Duque y Boris Johnson, pero también la alta representante de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini.
Por su lado, la portavoz de Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, condenó el golpe de Estado en Bolivia, pero dijo que Áñez “será percibida como dirigente de Bolivia” hasta que haya elecciones.
Mientras tanto, desde México, Morales pidió que la ONU y el Papa Francisco intervengan “para pacificar nuestra querida Bolivia” y el Grupo de Puebla activó su Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia que –entre otros- integra Baltasar Garzón.
El Consejo pidió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga en Bolivia, para que se termine con las detenciones ilegales que perpetran en ese país desde que se consumó el golpe. Y denunció que se busca proscribir la participación de Morales y el MAS, en el esquema de salida electoral que prevé la dictadura instalada el domingo.