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Política
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Después de mucho tiempo, las calles volvieron a ser un espacio de celebración popular. La asunción de Alberto Fernández inaugura un tiempo de esperanza ante la difícil situación económica social que vive el país. En su primer discurso con la banda y el bastón, ratificó que “la Argentina que buscamos construir es una Argentina que crezca e incluya. Una Argentina en donde haya incentivos para producir y no para especular”.

El gobierno del Frente de Todos que integra el Partido Comunista de la Argentina ya es un hecho. En una jornada de algarabía popular en las calles como no se vivía hacía años, se concretaron los actos protocolares en el Congreso Nacional a través de los cuales Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner asumieron la presidencia y la vicepresidencia del país.

La ceremonia en el Congreso contó con la presencia de importantes luchadores populares, dirigentes sociales, defensores de los derechos humanos, de las mujeres, la diversidad y el internacionalismo. Entre estas figuras se destacó la presencia de Víctor Kot, Secretario General del PCA; y el titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), José Schulman. También participaron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, entre otros.

Desde el minuto cero el discurso presidencial marcó un claro y contundente cambio de rumbo y paradigma de la política impulsada desde el Estado en materia económica, social, educación, cultura, de derechos humanos y diversidad, seguridad, judicial, ambiental y relaciones internacionales.

El eje fundamental de las definiciones del nuevo presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativo giró en torno a la grave crisis social que se vive en el país. Además del anuncio de aumentos en las jubilaciones, de la creación del Consejo Económico y Social contra el hambre y otras orientaciones generales, Fernández anunció la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la derogación del Decreto de Fondos Reservados de esta institución y la disposición de esta partida presupuestaria para financiar programas sociales.

Frente al difícil escenario internacional y la debilidad de la economía nacional tras cuatro años de políticas de ajuste leoninas contra el pueblo, los desafíos que se inician con esta nueva etapa política exigen estar a la altura de las circunstancias. Los pueblos de América Latina, que desde el sur del Río Bravo a Tierra del Fuego se vienen movilizando contra la avanzada neoliberal y las políticas reaccionarias de la derecha fascista, no admiten fracasos. En ese contexto, el nuevo gobierno del Frente de Todos asume con el imperativo de resistir a las políticas imperialistas en la región y pasar a la ofensiva en materia económico y social. Consciente de este desafío, el discurso de Alberto Fernández hizo hincapié en las medidas urgentes que se deben implementar para garantizar una mejora inmediata en la calidad de vida de los sectores populares y, a su vez, remarcó la importancia de la democracia y el control político de las fuerzas armadas y de seguridad.

Punto de partida

“Hoy celebramos el momento en que la Argentina toda sepultó la más cruel de las dictaduras que hemos debido soportar”, comenzó Fernández en su discurso ante la Asamblea y agregó que “hoy más que nunca, es necesario poner a la Argentina de pie como condición necesaria para que vuelva a caminar. Ello supone, antes que nada, recuperar un conjunto de equilibrios sociales, económicos y productivos que hoy no tenemos”.

Recordó que “hemos llegado a esta situación porque se han aplicado muy malas políticas económicas” que afectaron al mercado interno, a las Pymes y los trabajadores y que fueron repudiadas por la población en las últimas elecciones.

Por ello, afirmó que “desde la fidelidad a ese mandato popular, vamos a impulsar un conjunto de medidas económicas y sociales de distinta naturaleza, que comiencen a revertir el rumbo estructural de atraso social y productivo”.

Antes de profundizar en la orientación económica del nuevo gobierno, el presidente hizo un certero diagnóstico de la situación: “la inflación que tenemos actualmente es la más alta de los último 28 años. Desde 1991 la Argentina no tenía una inflación superior al 50 por ciento. La tasa de desocupación es la más alta desde 2006. El valor del dólar pasó de 9 a 63 pesos en solo cuatro años. La Argentina no para de achicar su economía. El PBI de 2019 es el más bajo de la última década. La pobreza actual está en los valores más altos desde 2008”.

Así las cosas, no es casual que “retrocedimos más de diez años en la lucha por reducir la pobreza. El PBI per cápita es el más bajo desde el año 2009. La deuda externa con relación al PBI está en su peor momento desde el año 2004. La indigencia actual está en los valores más altos desde 2008. El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006: retrocedimos 13 años.  El empleo industrial registrado tiene el nivel de 2009. La cantidad de empresas es equivalente al nivel registrado en 2007: retrocedimos 12 años”.

Bajo esta política económica, “se cerraron 20 mil empresas en 4 años. De ellas, 4.229 eran empresas industriales. El PBI industrial cayó un 12,9 por ciento, comparando el primer semestre de 2019 contra el mismo período de 2015. 23 de las 24 ramas de la industria bajaron su nivel de actividad en 2018 respecto de 2015. En estos cuatro años se perdieron en la industria más de 141 mil empleos registrados del sector privado. En términos interanuales, el empleo industrial registrado lleva 42 meses consecutivos de destrucción. Detrás de estos terroríficos números, hay seres humanos con expectativas diezmadas”.

Ante este difícil escenario, anunció que “en los próximos días estaremos convocando a los trabajadores, a los empresarios y las diversas expresiones sociales, para la puesta en marcha de un conjunto de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia, que constituyan el cimiento sólido a partir del cual se vuelvan a encender los motores de nuestra economía”.

De esta manera, “estaremos planteando en esta convocatoria una serie de medidas para restablecer los indispensables equilibrios macro-económicos, sociales y productivos para que la Argentina se encienda y pueda volver a caminar”.

El presidente insistió que la emergencia alimentaria será una de las prioridades en el primer año de gestión, ya que “más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en un país que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo”.

Por eso, según anunció, la primera reunión oficial del gobierno consistirá en un encuentro de trabajo para resolver esta problemática a través del Plan Integral Argentina Contra el Hambre. “Allí todo nuestro gabinete y las personalidades de la sociedad civil que generosamente se han sumado a nuestro llamado, comenzaremos la acción que ponga fin a este presente penoso”, manifestó.

Y analizó que “las economías familiares se encuentran asfixiadas por los altos niveles de endeudamiento, a tasas usurarias y en algunos casos con esquemas de devoluciones diarias. Hoy nuestros compatriotas tomaron créditos para comprar alimentos y remedios o para pagar las facturas de los servicios públicos. Las abuelas y abuelos se endeudaron para comprar medicamentos y empezaron a comer menos y peor”.

Además de la situación familiar, se refirió a la pequeña y mediana empresa: “la situación de las PyMEs tiene también proporciones dramáticas, requiriendo un alivio fiscal y estímulos apropiados. La capacidad ociosa de nuestras fábricas, industrias y comercios también constituye un despilfarro de energías productivas”.

Para resolver estos gravísimos problemas se requiere “un Estado presente, constructor de justicia social, que le dé aire a las economías familiares: por eso vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas”. Para ello, la economía popular será un eje central de articulación con los sectores organizados, a través de las organizaciones populares para fortalecer el cooperativismo y la agricultura familiar que también “serán actores centrales de estas políticas públicas”.

Estas orientaciones se contraponen a las políticas impulsadas los últimos cuatro años por la derecha en el país. En ese sentido, el principal punto de diferencia radica, según planteó el presidente, en que “la Argentina que buscamos construir es una Argentina que crezca e incluya. Una Argentina en donde haya incentivos para producir y no para especular”.

Deuda externa y deuda interna

Otro punto sobresaliente del discurso fue lo referido al peso de la deuda externa en la economía nacional. Tras anunciar formalmente el rechazo del presupuesta diseñado por el macrismo para el 2020 por inconsistente e irreal, remarcço que “para reordenar a la economía necesitamos salir de la lógica de más ajuste, más recesión y más deuda que se ha impuesto en los cuatro años que hoy acaban. En esa acción de reordenamiento, vamos a proteger a los sectores más vulnerables. En este presente que afrontamos, los únicos privilegiados serán quienes han quedado atrapados en el pozo de la pobreza y la marginación”.

Por ello, fue claro al sentenciar que “necesitamos aliviar la carga de la deuda para poder cambiar la realidad. Debemos volver a desarrollar una economía productiva que nos permita exportar y así generar capacidad de pago”.

Derechos Humanos

Respecto a la política de derechos humanos, dijo que “desde 1983 la sociedad ha trabajado para el Nunca Más al terrorismo de Estado, para lograr Memoria, Verdad y Justicia” y reafirmó que “hoy, otra vez, la Argentina vuelve a comprometerse con el respeto a los derechos del hombre y a levantar ese compromiso como bandera inclaudicable en cualquier país del mundo”.

Y luego añadió que “una democracia sin justicia realmente independiente no es democracia”. Ante ello, recordó como “hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática”. 

“Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta Asamblea y frente a todo el Pueblo Argentino, un contundente Nunca Más” a la persecución judicial, detallada y documentada en el informe elaborado por el Relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas, Diego García Sayán.

En concreto, puntualizó que se trata de un “Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos”.

En una clara medida referida a esta temática, anunció la intervención de la AFI “para impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado” y añadió que “como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras y penosas medidas que la anterior administración promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado”.

En el marco de la derogación de dicha medida, Fernández resolvió que dichos fondos reservados, no sólo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en la Argentina.

Dentro del mismo ámbito, reafirmó el compromiso del Estado nacional contra el gatillo fácil y ratificó el control político de las fuerzas armadas y de seguridad, en un claro sentido contrario a la administración ejercida por Patricia Bullrich en los últimos años desde el Ministerio de Seguridad.

Por último, tomó las banderas de la lucha feminista para ratificar el compromiso del nuevo gobierno con el movimiento Ni Una Menos y la igualdad de género, tarea que encabezará Elizabeth Gómez Alcorta desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

En lo referido a este tema, dijo que “buscaremos reducir, a través de diversos instrumentos, las desigualdades de género, económicas, políticas y culturales. Pondremos especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado, fuente de muchas desigualdades, ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres en Argentina al igual que otros países”. Y sentenció que “el Estado debe reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación”.