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Mié, Jun
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Política
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El anuncio de los nuevos aumentos a partir de marzo para jubilados y pensionados, más una serie de medidas como medicamentos gratis y reintegro del IVA para este sector social, son medidas de urgencia y necesarias, pero no alcanzan. Hay que sacarle a los ganadores del macrismo y transferir esos recursos entre los sectores más postergados

La deuda es con el pueblo y, principalmente, con los jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo. En ese marco, el viernes último Alberto Fernández en nombre del gobierno del Frente de Todos, dio a conocer el esquema de aumentos para jubilados para los próximos meses y anunció que el Pami entregará 170 medicamentos de forma gratuita a sus afiliados, cumpliendo así con una de sus promesas de campaña. También, se dio a conocer en las últimas horas que se reintegrará parte del IVA en las compras con débito que realicen los jubilados, lo que amplía el paquete de medidas que mejora el poder adquisitivo de este sector social.

El viernes último el presidente anunció que a partir de marzo los jubilados que perciben el haber mínimo -junto a beneficiarios de asignaciones familiares, pensiones y por hijo- recibirán un aumento del 13 por ciento. El incremento consta de un aumento por suma fija de 1500 pesos, más un adicional del 2,3 por ciento.

De esta manera, los jubilados que hoy perciben poco más de 16 mil pesos le ganarán a la fórmula de Macri y a la inflación de los últimos tres meses. Un jubilado que cobra la mínima recibirá con el aumento 15.891 pesos mensuales a partir del mes próximo. La medida alcanza a la mitad de los casi seis millones de jubilados y pensionados que componen el sistema de seguridad social en Argentina.

En tanto, la otra mitad, que recibe en su gran mayoría haberes que rondan entre los veinte y treinta mil pesos, tendrá aumentos “decrecientes”. Por ejemplo, quienes hoy en día cobran 20 mil pesos, recibirán un incremento del 9,8 por ciento, quienes cobran dos jubilaciones mínimas un 7,6 y los que cobran 50 mil o más, un 5,3.

Lo que es evidente con estas medidas es que el gobierno comienza a implementar su política de “achatamiento” de la pirámide previsional. En este punto vuelve a surgir una pregunta ¿es justo? Y en el caso que lo sea ¿alcanza?

A primera vista, se observa que el gobierno decidió “redistribuir” la torta del sistema previsional en un sentido “progresivo”, es decir, destinar la mayor parte de los recursos a la mitad que percibe los haberes más bajos y, a la otra mitad, concederle un aumento decreciente. El asunto radica en que no aparecen, en el corto y mediano plazo, medidas tendientes a agrandar la torta previsional, que implicaría según propone el Partido Comunista una transferencia de recursos en un sentido inverso al realizado por el macrismo en el período 2015-2019, esto es, afectar los intereses de los principales ganadores del programa económico de la derecha y esos recursos distribuirlos entre los jubilados, pensionados y asignaciones.

Por ejemplo, una opción sería avanzar sobre los bancos que se beneficiaron con la bicicleta financiera y que promovieron la fuga de capitales; contra las energéticas que fueron favorecidas con tarifazos sin precedentes en la historia reciente de nuestro país; o contra la oligarquía terrateniente y los exportadores que lograron una megadevaluación que destruyó el salario y el mercado interno pero que les implicó ganancias extraordinarias en un contexto de crisis económica.

Es sabido que avanzar en este sentido podría generar algunas tensiones frente a los sectores más “moderados” de la coalición gobernante, ante lo cual aquellos actores más comprometidos con las necesidades inmediatas del pueblo podrían esgrimir la falta de condiciones objetivas para avanzar en un sentido progresista. Ante ello, la experiencia histórica demuestra que una de las formas de acumulación política es la de avanzar a paso firme ampliando derechos, al tiempo que se construye una fuerza política con capacidad de movilización y fundamentada en una serie de propuestas programáticas.

En ese sentido, la cuestión de los jubilados y pensionados es estratégica. Casi seis millones de trabajadores, que representan a uno de los sectores más postergados pero también sobre el que más ha trabajado ideológicamente la derecha, es un universo propicio para reimpulsar el consumo y el mercado interno y, al mismo tiempo, tomar la iniciativa en el plano simbólico devolviendo parte de la dignidad que la derecha pisoteó en los últimos años. Entonces ¿por qué no afectar los intereses de los grandes ganadores de la fiesta macrista para que jubilados y pensionados recuperen buena parte de lo perdido y, en el mismo movimiento, ganar en ofensiva política para avanzar en el sentido necesario?