Después de 45 años de impunidad, comenzó en Bahía Blanca un nuevo juicio por los crímenes cometidos por la Triple A en la ciudad, entre ellos, el de los militantes comunistas David Cilleruelo y Luis García.
Después de cinco años de investigación, cuatro de los cuales transcurrieron no sin dificultades durante el gobierno de Mauricio Macri, comenzó en Bahía Blanca el juicio contra los crímenes cometidos, hace 45 años, por la Triple A. Así, tras casi medio siglo de impunidad, los organismos de derechos humanos y el Partido Comunista lograron llevar al banquillo de los acusados a Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Angel Forcelli y Osvaldo Pallero, miembros de la Triple A, cuyos jefes políticos en Bahía Blanca fueron el ex diputado nacional Rodolfo Ponce y el ex rector de la Universidad Nacional del Sur, RemusTetu. El juicio, bajo la querella de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos que integran Miguel Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia, se desarrolla con el propósito de establecer las responsabilidades de los acusados en los asesinatos, entre otros militantes populares, de David “Watu” Cilleruelo y Luis García, ambos integrantes de la Federación Juvenil Comunista.
Los crímenes fueron perpetrados entre 1974 y 1975 por la Triple A y con el amparo del Estado, motivo por el cual la Unidad Fiscal solicitó que se juzgue a los acusados por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Según reconstruyeron los fiscales, la Triple A en Bahía Blanca tenía el objetivo de “eliminar, a través de la violencia, toda expresión de activismo político en oposición al gobierno nacional y a sus referentes locales, especialmente en los ámbitos estudiantiles y gremiales”. En línea con este plan, los miembros de la Triple A contaron con el soporte logístico y operativo del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército y las policías Federal y provincial, que les suministraron “agentes, armas, información y recursos económicos”, más “la garantía de no interferencia y de impunidad”.
Al respecto, Guillermina Larrea, referente local del Partido Comunista, manifestó que “es muy importante, por las pruebas recolectadas en la causa, que el accionar de los imputados sea encuadrado en la tipificación de genocidio y crímenes de lesa humanidad”. Especialmente, porque según resaltó, “lo que se está juzgando en este juicio, a diferencia de otros, es a partícipes civiles del terrorismo de Estado que no comenzó en 1976, sino en 1973 cuando la Triple A entró en funcionamiento”.
Uno de los casos paradigmáticos que integra la causa, y que compromete al movimiento estudiantil bahiense, es el asesinato de “Watu”, referente local por entonces de la Fede y Secretario de la Federación Universitaria del Sur, ultimado en los pasillos de la Universidad del Sur el 3 de abril de 1975 por una patota de “seguridad y vigilancia” contratada por Remus Tetu, a la postre, integrantes de la Triple A, entre los que se encontraban Jorge Oscar Argibay (ya fallecido) y Roberto Aceituno, el único de los acusados que llega al juicio con prisión preventiva. En tanto Curzio, Forcelli y Pallero están acusados por asociación ilícita y fueron excarcelados cuando cumplieron tres años en prisión preventiva, por lo que afrontarán el proceso en libertad. Además, el otro imputado que tiene la causa Triple A bahiense es el ex camarista federal y ex agente de inteligencia, Néstor Luis Montezanti, quien fue indagado hace dos años y cuya situación procesal debe resolverla el juez federal Walter López Da Silva.