El gobernador de Jujuy aprovecha la pandemia mundial del Coronavirus para profundizar su política fascista y ajustadora. Ahora echó a 61 inmigrantes de la provincia y los mandó a Buenos Aires.
“Es un hecho lamentable de total irresponsabilidad por parte del gobernador de Jujuy”, expresó Santiago Hamud, del Partido Comunista jujeño, luego de que Gerardo Morales decida echar a 61 inmigrantes de la provincia y enviarlos a Buenos Aires.
La medida de Morales se enmarca en un escenario nacional donde se realizan medidas de aislamiento ante la pandemia del Coronavirus. Vale mencionar que la semana pasada el Ingenio Ledesma de la provincia obligó a sus trabajadores -que son factor de riesgo- a seguir produciendo.
Ahora, en un micro echaron de jujuy a familias enteras con niños que habían llegado a Argentina a mediados de marzo. En el transporte iban pasajeros de nacionalidad venezolana, peruana, colombiana, brasileña y también había doce argentinos.
Según un habeas corpus presentado por distintas ONG la mayoría se encontraban en situación migratoria regular. Desde el Ministerio de Seguridad informaron que tenían la información de que los pasajeros venezolanos refugiados de Acnur, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para refugiados, pero se encontraron con 61 personas de varias nacionalidades.
¿Morales queda impune?
“Es una acción inhumana que va en contra de la solidaridad que se necesita para combatir la pandemia. Morales hace todo lo contrario, apela a la xenofobia y al individualismo”, agregó Hamud, que detalló: “los subieron a un colectivo y los mandaron a Buenos Aires donde no tienen casa, no tienen familia. No hay una razón”.
En línea con el militante del PC, uno de los integrantes de ese micro, expresó: “esto ha sido una locura. Desde el comienzo nos vinieron con mentiras. Llegó el intendente la noche anterior y nos dijo que nos iban a llevar en un micro escoltado por Gendarmería y que nos mandarían a colombia para repatriarnos”.
Mientras, el habeas corpus presentado fue rechazado por el juez federal Eduardo Hansen que tomó por válidas las palabras de las autoridades jujeñas, que señalaban que todos se irían por propia voluntad y sin imposiciones. Las organizaciones presentaron una apelación donde insisten con el peligro generado por el traslado y refutan de plano el argumento de que los pasajeros se fueron de manera voluntaria.
En ese sentido, el Cels señaló en un comunicado que además de afectar la libertad de circulación se los obliga a “cumplir con una medida desaconsejada para el cuidado de la salud. Las políticas sanitarias vigentes en el país que restringen la circulación no implican ni avalan este tipo de medidas”.