La problemática del acceso a la tierra y a la vivienda se encuentra en el centro de la agenda popular, debido a la presión de las organizaciones sociales y a las consecuencias de la pandemia.
Esta semana el gobierno nacional convocó a una reunión del denominado “gabinete económico”, que fue ampliado con invitaciones a diversos actores económicos y sociales, como las centrales obreras —CGT, CTA y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep)— y cámaras patronales, como la Unión Industrial Argentina (UIA), las cámaras de Comercio y Construcción y el Consejo Agroindustrial. Uno de los temas planteados en la reunión, a través de los representantes de las organizaciones sociales, fue la cuestión de la propiedad de la tierra y el déficit habitacional.
En ese sentido, una de las voces que se hizo escuchar fue la del secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Esteban “Gringo” Castro, quien destacó en la reunión que “es imprescindible discutir la tenencia de la tierra y generar la repoblación en la Argentina”. En ese sentido, remarcó que es imperioso desarrollar el proyecto de los barrios populares, la transformación de los 4.400 barrios humildes y asentamientos y que, para ello, resulta necesario discutir planes de desarrollo “más integrales, con nuevas ciudades”.
La discusión planteada por las organizaciones sociales en el “gabinete económico” ampliado tiene como correlato la reciente presentación en el Congreso Nacional del proyecto “Tierra, Techo y Trabajo”, que tiene como propósito crear tres millones de puestos de trabajo, construir 375.000 soluciones habitacionales con un presupuesto inicial de 420 mil millones de pesos. El proyecto fue elaborado por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), pero en la presentación estuvo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
En medio de una crisis económica y sanitaria sin precedentes en Argentina, que también afecta con énfasis al mundo capitalista, especialmente allí donde existen o bien gobiernos de derecha o donde se extienden en el tiempo políticas neoliberales más allá del signo político del gobierno en cuestión, el movimiento popular pulsa por tener su propia agenda. Está claro que, dentro de esta, la cuestión de la propiedad de la tierra y de la vivienda es una problemática de primer orden.
La pandemia puso sobre el tapete la problemática socioambiental que implica el déficit habitacional. Las dificultades de aislamiento e higiene que sufren los trabajadores en los barrios populares no es solo caldo de cultivo para enfermedades infecciosas. Afecta a todos los estándares humanos de vida digna. Pero no hay que engañarse, no se trata de un problema que la pandemia haya provocado; en todo caso, la situación sanitaria y sus consecuencias económicas aceleran la crisis económico-social que afecta al país debido a su doble debilidad: tener como antecedente inmediato cuatro años de gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri y la de haber ensayado alternativas capitalistas durante más de una década, en un contexto de crisis internacional que deja en claro que no hay solución real y efectiva dentro de los marcos del sistema.
Los datos oficiales establecen que el déficit habitacional es una problemática que afecta a 4 millones de personas. El déficit habitacional es una problemática de los grandes centros urbanos, como el Amba, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, Tucumán o Santa Fe. En estos conglomerados urbanos, la especulación inmobiliaria y financiera es uno de los factores a tener en cuenta, que se explica por la enorme cantidad de viviendas ociosas. Pero el déficit habitacional también es un problema en el resto del país, debido a que otra dimensión del mismo problema es el acceso a la tierra. Puede resultar paradójico que un país como Argentina, que se encuentra entre los más extensos del mundo pero su población es pequeña, haya dificultades para acceder al suelo. Sin embargo, esta característica estructural forma parte del proceso originario del Estado nacional y de sus clases dominantes, vinculadas al latifundio y la cría de ganado, hoy a la explotación del suelo y el agronegocio.
Por todo eso, en el caso del acceso a la vivienda, en lo que va del año solo en la provincia de Buenos Aires se produjeron tomas de tierras en La Plata, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, Partido de La Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Moreno, Presidente Perón, Malvinas Argentinas, Quilmes, Avellaneda, Pilar, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Bahía Blanca, San Martín, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Zárate, Junín, San Fernando.
Propuesta e ingenio popular
Para solucionar los problemas relacionados con la propiedad de la tierra y el acceso a la vivienda se requiere decisión política, una vocación popular y anticapitalista y, fundamentalmente, apelar al ingenio popular, que bien sabe cómo transformar en políticas de Estado iniciativas que surgieron como respuestas concretas a problemas urgentes de la vida cotidiana.
Recientemente la Federación Argentina de Agrimensores (Fada) propuso mediante un comunicado “activar de inmediato y con agresivas acciones la generación de un banco de tierras fiscales en los municipios” con mayor población urbana en un principio y luego al resto, y también promover la creación de “barrios pueblos” alrededor de focos productivos subsidiados “con el fin de lograr, entre todos los sectores y el estado, una política para crear y gestionar suelo urbanizable, previendo cubrir la demanda de lotes a corto, mediano y largo plazo”. Y agregaron: “somos plenamente conscientes que un sector de bajos, mínimos o escasos recursos económicos sufre una absoluta imposibilidad para lograr ese acceso a la tierra propia, y que tampoco se resigna a conseguirlo, porque ello es inherente a la condición humana”.
En efecto, muchas tomas promovidas por la organización popular, que debieron y deben enfrentar la represión policial, la falta de políticas públicas para la urbanización y la construcción de viviendas, se transformaron o transformarán en nuevos barrios populares, que se sumarán a los más de cuatro mil que existen actualmente en todo el país.
Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires como en otros puntos del país, la disputa por el loteo de terrenos fiscales abandonados o tierras privadas improductivas tiene historia. Decenas de barrios populares nacieron en el marco de la lucha popular por el derecho a la tierra y la vivienda, y años más tarde, también gracias a la lucha popular, muchos de esos barrios lograron la urbanización, lo que supone una mejora sustancial para la calidad de vida de sus habitantes.
Un ejemplo de esta lucha existe en el partido bonaerense de Cañuelas. A mediados de la década del noventa, en la localidad de Uribelarrea, había por entonces mil habitantes y extensos lotes fiscales por los que nadie tributaba la tasa municipal, ya que carecían de propietarios privados. Al mismo tiempo, en el municipio existía un registro de familias del partido que estaban establecidas en Cañuelas (trabajaban y consumían ahí), que alquilaban o vivían en la casa de sus padres porque no les alcanzaba para comprar ni siquiera un lote.
Entonces, el Municipio a instancias de los vecinos, propuso la entrega de lotes deshabitados e improductivos a estas familias, con objetivos varios. El plan consistió en adjudicar lotes por 20 años, para que las familias pudieran establecerse allí, con la condición de construir vivienda de ladrillo y pagar las tasas municipales. Al cabo de 20 años, quienes cumplieron con los requisitos, recibieron su escritura. Para facilitar esto, el Municipio puso a disposición asesoramiento y el plano tipo, con lo que las familias adjudicadas se ahorraron dinero.
De esta manera, el municipio solucionó el problema habitacional de esas familias y por otro lado pasó a recaudar la tasa municipal por esos lotes. Vale aclarar que, cuando los lotes estaban deshabitados, el Municipio también llevaba a cabo tareas de mantenimiento en las calles donde estaban ubicados. La diferencia es que a partir de la adjudicación, comenzó a cobrar por ese trabajo.
La experiencia de Uribelarrea es apenas un ejemplo, entre muchos otros, pero que ilustra a las claras que cuando existe voluntad política es factible que existan también las condiciones para ofrecer soluciones reales a los problemas más urgentes de la clase trabajadora, como es el tema de la vivienda.