¿El Triángulo de las Bermudas, en la zona núcleo de la Pampa Húmeda? Después del chupacabras y ET, ahora los alienígenas abdujeron seis millones de toneladas de maíz.
Esta madrugada el gobierno nacional anunció que, de forma provisoria, habilita un registro de treinta mil toneladas por día de maíz, lo que revierte parcialmente la medida anunciada el miércoles pasado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que suspendía el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior de este cereal hasta el 1° de marzo.
Ante la decisión del ejecutivo, la respuesta de la Mesa de Enlace (ME) fue clara: sigue hasta el miércoles próximo, el cese de comercialización que dispuso la semana pasada.
La medida gubernamental fue anunciada a partir de un acuerdo que resultó del encuentro celebrado el jueves, que estuvo presidido por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, al que asistieron José Martins, Gustavo Idígoras, Alberto Morelli y Roberto Domenech que son respectivamente titulares de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Centro de Exportadores de Cereales, la Asociación del Maíz y Sorgo y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas.
Estos actores que integran el Consejo Agroindustrial (CAA), entregaron un documento en el que se especifican detalles inherentes a los volúmenes de maíz producido y aquellos exportados.
De todas maneras la ME persiste en este nuevo capítulo del pustch en el que está acompañado por el Polo de Convergencia Empresarial (PCE) que, casi en simultáneo, difundió una declaración en la que fustiga la “repetida intervención del Estado en la actividad privada”.
El espacio que junto a la ME integran AEA, UIA y otras cámaras empresariales, hizo público su rechazo al paréntesis establecido sobre las exportaciones de maíz, pero asimismo al tope que el ejecutivo dispuso sobre el cuadro tarifario de telecomunicaciones y prepagas, el congelamiento de tarifas y las regulaciones que establecen precios máximos de referencia para alimentos.
Así las cosas, la foto de Basterra con los líderes de CAA también se explica por esto. La Rosada sabe que camina sobre terreno fangoso y que, para mantener el equilibrio, debe intervenir con fortaleza en la puja existente entre el capital y el trabajo. Para eso precisa aliados.
Y todo sin resignar la construcción del pacto policlasista que es el paradigma fundante del gobierno del FdeT.
De ahí que al día siguiente de anunciar el cierre de las exportaciones se reuniera con el CAA, espacio de productores que poseen intereses más vinculados a la agroindustria que aquellos nucleados en la ME.
CAA es también un actor clave en el diseño del Consejo Económico y Social, en torno al cual el gobierno espera estructurar el acuerdo que permita armonizar los intereses de los universos del trabajo y el capital, al tiempo que facilite la construcción de estabilidad política dentro del esquema de representación enmarcado por los límites del Estado Liberal Burgués (ELB) (Ver ¿Un Consejo para 2021?).
Una tarea que se propone en un año en el que la pandemia va a seguir haciendo estragos hasta entrado el segundo semestre, esto en el mejor escenario. Y con un Presupuesto que expresa el deseo de avanzar en el camino de la consistencia fiscal, algo que –entre otras cosas- le va a permitir sentarse a renegociar con el FMI la criminal deuda que contrajo la Presidencia Macri.
A su favor, el ejecutivo puede exhibir la performance de 2020, año en el que con muy poco logró capear la crisis que la pandemia profundizó, y que acabó con algunos datos macroeconómicos que le permiten cierto optimismo.
Todo esto son certezas que Martín Guzmán va a llevar en sus valijas el día que vuelva a visitar el edificio del 1900 Pennsylvania Avenue. Pero sólo con eso no alcanza, ya que sabe que la meta fiscal que desea garantizar, es imposible si no mete en caja el proceso inflacionario que persiste.
Y, para eso, es preciso controlar que no se sigan escapando los precios de una cadena clave como aquella en la que incide el maíz, que incluye productos derivados del ganado bovino de feedlot y el lechero, así como cerdos, pollos y ponedoras, entre otros.
Para tener en cuenta: en enero de 2020 la tonelada de maíz se pagaba 8.300 pesos y en diciembre 16.400 y, al parecer, quieren llevar este precio a 19 mil, de acuerdo a los que dejan trascender desde las propaladoras massmediáticas del sector agroexportador.
Esto afecta a cadenas de producción de alimentos clave para los argentinos. Es que durante los últimos años, el aumento del precio de la carne bovina que en 2020 registró la demanda interna más baja en cien años, provocó una migración del consumo hacia cerdos y pollos.
Del total de la producción, se exporta algo así como 33,5 millones, alrededor de trece millones va para forraje empleado en la cadena que incluye feedlot, lechería, avicultura y carne porcina. Unas 2.300.000 toneladas se usan para molienda destinada a polenta y otros alimentos secos, al tiempo que cerca de dos millones se utilizan para hacer etanol y alcohol etílico, en tanto que el resto va para semilla.
Vale resaltar que durante los últimos cuatro años se duplicó la producción de maíz, lo que quiere decir que hay un mercado en expansión que todavía puede seguir creciendo, con la posibilidad de que las patronales continúen maximizando tasa de rentabilidad sin afectar el mercado interno, pero van por la fácil.
Y es aquí donde vale hacer hincapié en la necesidad de que el Estado cuente, al menos, con una empresa testigo que intervenga en el mercado granario. Esta idea pareció tomar cuerpo durante 2020 cuando se quiso avanzar en la estatización de Vicentin. Lo que pasa ahora mismo con el maíz, expone claramente la pertinencia de esa idea que, con particular fortaleza enarboló el coordinador del MCL, José Luis Livolti, recientemente fallecido.
Usureros
Así las cosas, el gobierno necesita saber quién esconde, ni más ni menos, que seis millones de toneladas de maíz que deberían estar disponibles para el mercado interno y que nadie sabe dónde fueron a parar.
Sí, parece chiste, pero lo cierto es que los acopiadores, los productores que se sientan arriba de los silobolsa y los exportadores se pasan la pelota, mientras que todos juntos -y con el auspicio de la ME- se llenan el buche hablando de los “ataques a la libertad y la propiedad”.
Este dato se desprende del documento que le presentó el CAA al ejecutivo que tiene claro que alguien esconde las barajas y que así es difícil jugar, por más voluntad que tenga de avanzar en su acuerdo social.
Con este telón de fondo, el precio internacional del maíz que fija el Mercado de Chicago, se colocó en 190,8 para las entregas de marzo y 191,1 para mayo, lo que significa casi un récord.
En Argentina la cosecha cerró 2020 registrando un margen bruto por hectárea 73,7 por ciento superior al de la campaña anterior. Este promedio mejora todavía más si se toma sólo a la zona núcleo comprendida por el norte bonaerense, sur de Santa Fe y Entre Ríos.
En este contexto de precios internacionales en alza, el gobierno mantuvo la retención a la exportación de maíz en grano, en el doce por ciento al que la llevó Mauricio Macri, en septiembre de 2018.
Pero esto no es todo. Estos rindes serían imposibles sin la infraestructura que desde hace varias décadas construye y mantiene el Estado. Caminos, líneas ferroviarias, puertos y vías navegables, así como subsidios a la fabricación y compra de maquinaria agrícola.
También innovación y desarrollo de nuevas tecnologías entre las que se cuenta el programa de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales cuyos satélites brindan conectividad e información vital que permiten –entre otras cosas- establecer qué momento es el mejor para la siembra y otras actividades agropecuarias.
Como se ve, es verdad eso de que se repite la intervención del Estado en la actividad privada, tal como se queja el PCE. Y está claro que esto tiene que ver con el carácter simbiótico que existe entre el ELB y la corporación empresarial capitalista. Una vez más, lo más concentrado de esa corporación parece escupir hacia arriba ¿pero por qué lo hará?
Mientras el gobierno y el CAA buscan las seis millones toneladas de maíz que desaparecieron, vale la pena reflexionar un poco cuál es el verdadero negocio de estos tipos que ahora protagonizan un nuevo lockout.
Para comprender de qué va esto del mercado de la comercialización de este tipo de comodities, hay que tener claro que cuatro comercializadoras de granos y cereales controlan la mayor parte del comercio internacional, al tiempo que poseen capacidad suficiente como para fijar los precios internacionales de los alimentos. Se trata de Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, tándem al que se conoce como las ABCD.
También hay que pensar en dos niveles. Uno es conformado por las cadenas de valor agrícola en la que participan productores, elevadores, procesadores, exportadores y consumidores. En esta cadena tiene un papel determinante las ABCD.
Pero por otro lado, las ABCD son las que adquieren la mayor parte de la producción, ya que sus subsidiarias consumen buena parte de esos cereales procesados como alimento para el ganado y materia prima para biocombustibles.
¿Qué quiere decir todo esto? Que estas multinacionales con claras imbricaciones en el universo del capital que actúa en Argentina, actúan en la cadena de producción de alimentos, mediante una estrategia de integración vertical y horizontal.
Desde esta posición dominante y mediante la integración vertical, las materias primas se convierten en un coste operativo interno de estas multinacionales. Esta lógica explica el lobby para que se comercialice a precios internacionales a productos que son indispensables para la canasta básica de alimentos.
Por otro lado y de forma cada vez más creciente, los movimientos internacionales de capital se producen al margen de los intercambios de bienes y servicios. Y a esto no escapa la dinámica de los contratos en los mercados de futuros de commodities que en términos reales implican cada vez menos entrega concreta de mercancías.
Esto tiene un correlato en la transformación de la producción de bienes materiales –como los alimentos- en dinero fiduciario, lo que engorda el circuito perverso de toma de deuda, fuga de divisas, inflación y presión impositiva regresiva, asociada a crisis de liquidez y fiscal.
Para que quede más claro: se trata de trabajo y comida producida en territorio argentino, que se transforma en dinero ficticio que nos venden –muy caro- cada vez que un gobierno decide tomar deuda.
Como se ve, todo esto que para nada resulta extraño a la cotidianeidad y memoria de los argentinos, puede ser una buena pista para rastrear el paradero de las seis millones de toneladas de maíz perdidas. Pero también para comprender de qué va este lockout que tiene mucho de apriete por parte de tipos de boina y 4x4, que maximizan su tasa de rentabilidad acollarados a la usura global.