Un diciembre preocupante en un año de menos inflación. Remarcación si boga y remarcación si no boga ¿en qué quedó eso de la oferta y la demanda? IFE, ATP, AUH, FMI y oligopolios ¡Bienvenidos a 2021!
Con el cuatro por ciento registrado en diciembre, la inflación de 2020 acumuló 36,1. Estos datos recopilados por el Indec aparecen como positivos, si se tiene en cuenta que se venía de un 2019 con 53,8 por ciento, que fue el corolario de la Presidencia Macri que dejó una inflación de alrededor del trescientos por ciento.
Este 36,1 se da en un año condicionado por la pandemia, en el que sobre el cuarto trimestre comenzaron a aparecer algunos indicativos favorables, como el de la reactivación industrial que en noviembre fue del 2,4 por ciento interanual, según el relevamiento que hace el Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo.
También en un año en el que tras el repunte del trimestre inicial, las restricciones que impuso el Covid-19 provocaron la contracción del salario que -de todos modos- mejoró la relación con la inflación que tuvo entre enero de 2016 y diciembre de 2019, cuando perdió el 31 por ciento de su poder adquisitivo.
En este punto y cuando todavía falta ajustar algunos datos de diciembre, las principales consultoras coinciden en que durante 2020 la puja entre precios y salarios quedó entablada, como dice el Cepa, o se inclinó levemente en favor del universo del capital, tal como coinciden en señalar, entre otras, Ecolatina y Eco Go.
Todo esto sirve para conceptualizar qué pasó con los salarios de las personas que tienen la suerte de trabajar en una relación laboral formal. Y vale destacar que de acuerdo a los datos que suministra el Indec, durante el tercer trimestre, la oferta laboral pasó de 17,4 millones a 19,1 millones, lo que la coloca por debajo de los 21 millones de trabajadores ocupados que había antes de la pandemia.
Para evitar que la cosa se derrumbara, el Estado subsidió al universo del capital por medio del ATP y Repro, lo que engordó el déficit fiscal que se critica desde ese mismo universo.
También durante ese trimestre –el último procesado por el Indec- se verifica una recuperación en el sector de la economía informal con alrededor de 1,7 millones de personas que pudieron volver a trabajar, al tiempo que entre los trabajadores registrados, esta cifra se reduce a cien mil.
Lo cierto es que la pandemia puso en la superficie que, en Argentina, existe una alarmante cantidad de personas que sobrevive como puede y sin una relación laboral formal. Este sálvese quien pueda que comenzó como una característica cultural, social, económica y política de los años 90, se profundizó con Mauricio Macri en La Rosada y explica buena parte de por qué 11.382.417 personas tuvieron que solicitar el IFE.
Desde entonces algo así como el sesenta por ciento de la población de Argentina, sobrevivió merced a la inversión estatal que alcanzó los 3,5 billones de pesos y se canaliza por medio de mecanismos como el IFE y el ATP, pero también la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo y la Tarjeta Alimentar.
Así las cosas, si ATP y Repro se convirtieron en políticas proactivas para sostener el trabajo formal, el IFE fue vital para que muchas familias pudieran comer. A esto se sumó el congelamiento de tarifas y las restricciones que –aunque tibias- el gobierno puso a los despidos.
Esto pone de relevancia el reclamo que hacen los movimientos sociales para que no se discontinúe el IFE, algo que estuvo en el centro de lo que se demandó durante la jornada convocada el miércoles por el MTL.
Inflación y lobby
La inflación de diciembre preocupa al gobierno porque implica una aceleración. Pero preocupa más a los más pobres, porque al desagregarla se advierte que tiene un componente medular en el aumento de precios de la canasta de alimentos, especialmente el que registró la carne que trepó un veinte por ciento.
De este modo, para el rubro alimentos y bebidas, 2020 cerró con un incremento del 42,1 por ciento, esto es, seis puntos por encima de la inflación promedio.
Otros precios que se catapultaron, todavía más, son los de calzado e indumentaria que subieron un sesenta por ciento, significativamente, en un año en el que las restricciones que impuso la pandemia, hicieron que la mayoría de las personas gasten menos zapatos y ropa.
¿Qué quiere decir todo esto? Que la elección es ajustar y esto es independiente de que haya o no haya demanda, como exhiben los casos de los alimentos de la canasta básica y los de la industria textil.
¿No era que si hay contracción de demanda bajan los precios? Como se ve, otra vez vuelve a quedar en calzoncillos la ley de oferta y la demanda, sobre la que se sustenta buena parte del andamiaje conceptual de la economía de mercado. Y no sólo eso, otro de sus pilares, aquello de la competencia perfecta, también queda desacreditado una vez más, por la constatación empírica.
Lejos de toda esa mitología capitalista, si merma la demanda, se opta por remarcar en lugar de plantearse estrategias para vender los productos a más personas.
Si esto pasa con un sector que -como el textil- tiene una importante presencia pyme, imaginemos que puede esperarse de otros donde hay preeminencia oligopólica como es el de la producción y comercialización de alimentos, donde 65 empresas y seis cadenas de supermercados concentran alrededor del ochenta por ciento de la facturación.
De esto se habla cuando se habla de formadores de precios y de corporaciones empresariales que, por medio de una estrategia de integración vertical y horizontal, construyen una posición dominante.
Esa posición les permite poner el precio de lo que comemos todos los días. Pero también ejercer lobby para evitar que se desacople el precio exterior e interior de los alimentos, subfacturar y evadir, tal como quedó al desnudo con el Caso Vicentin.
¡Arrancó 2021!
¿Anticipa lo que pasó en diciembre con el precio de la carne la puja distributiva que puede esperarse para este año? De acuerdo al Presupuesto Nacional, durante 2021 Argentina va a crecer cinco puntos, que probablemente sean más por el rebote que debería tener la economía si se cumple con el esquema de vacunación contra el Covid-19, antes de que los contagios impongan nuevas restricciones a la circulación y el comercio.
A esto le prenden velas en La Rosada, donde también esperan que esa expansión de la economía, alcance para que el salario mejore vía acuerdo paritario y, sobre todo, que el universo del capital no se devore toda esa recuperación nominal por medio de la remarcación de precios.
Esto, en un año en el que el gobierno juega buena parte de sus fichas al acuerdo policlasista que aspira construir a partir del Consejo Económico Social (CEE), que espera poder convocar durante las próximas semanas.
Y, asimismo, en un contexto en el que va a tener que surfear entre las tensiones propias de un año electoral, las presiones de las negociaciones abiertas con el FMI y un escenario local que seguirá condicionado por la pandemia, lo que va a imponerle la necesidad de continuar inyectando dinero a la economía, vía subsidios.
Por otro lado, durante este semestre el Estado debe cubrir vencimientos de deuda pública nominada en moneda local por un equivalente a 11.868 millones de dólares, que es muy probable que acabe refinanciando.
Aunque todavía le están sacando punta al lápiz, parece que el déficit primario 2020 quedaría abajo del 8,3 por ciento que plantea el Presupuesto 2021 y el financiero estaría en poco menos de diez por ciento del PBI. Esto habla de una brecha fiscal profunda pero justificable por la pandemia, de cara a la negociación con el FMI, pero también es uno de los tópicos que se van a poner sobre la mesa del CEE.
Entonces, en el mejor escenario, se cumpliría con el programa de vacunación, la actividad rebotaría y la economía comenzaría a crecer a un ritmo del cinco o más. Y todo esto podría generar un clima que le dé margen al gobierno para meter la cuchara en la puja distributiva y evitar que desde el universo del capital se arrojen encima de la recuperación nominal del salario formal, que estas condiciones podrían favorecer, tras el empate de 2020.
Todo esto le daría al ejecutivo el respaldo que precisa para avanzar en las medidas contracíclicas que fomenta, pero también para hacer equilibrio con la austeridad o ajuste que –todavía tibiamente- comienza a reclamar el FMI. Y, sobre todo, le proporcionaría un aval importante para arbitrar entre los universos del trabajo y el capital, dentro de los límites del CEE.
Un momento clave para medir cómo viene la cosa, va a comenzar a recorrerse cuando empiece el capítulo de la “transición tarifaria” anunciada para abril por el secretario de Energía, Darío Martínez. El ejecutivo sabe que debe mejorar la ecuación energética y que eso implica un trabajo artesanal para articular armoniosamente precios de los insumos energéticos en origen y ajuste de las tarifas internas de gas y electricidad, sin volver a la dolarización y evitando que esto provoque desestabilización macroeconómica. Todo con una mirada estratégica que tiene como paradigma al autoabastecimiento y que Argentina vuelva a tener un peso específico propio en materia de hidrocarburos en el orden regional.
Si todo sale bien, 2021 va a ser el año en que se salga de la pandemia y también aquel en el que el gobierno espera que Argentina vuelva a crecer y que, con ese telón de fondo, pueda sentar las bases para el acuerdo policlasista que pregona. Y, más aún, ganar la elección Parlamentaria.
En este contexto sabe que debe lograr que se morigere la evasión impositiva e intervenir en una puja distributiva para la que el Cartel de los Alimentos ya está sentado a la mesa mientras frota el cuchillo y el tenedor. Y esto es imprescindible porque si la torta se agranda, pero se la comen los mismos de siempre, la ecuación va a seguir dando negativo y la inflación va a colocarse muy lejos de lo previsto por el Presupuesto.