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Vie, Abr
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Política
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El año dejó una brecha digital que se evidenció como nunca en Argentina, con un cuerpo estudiantil y docente que le puso el hombro como pudo a la virtualización educativa.

La educación superior cambió lógicas de aprendizaje al calor del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que se aplicó en marzo de 2020 para enfrentar la llegada del Coronavirus en Argentina. La protagonista de la enseñanza a distancia fue la virtualización de las clases, una modalidad que obligó a estudiantes y docentes a disponer de materiales tecnológicos y de conectividad que no todos tenían. Según el Enacom, un cuarenta por ciento de estudiantes de la Provincia de Buenos Aires no continuaron su desarrollo pedagógico por dificultades de conexión.

El Ministerio de Educación, conducido por Nicolás Trotta, no dio respuestas estructurales a un problema que día a día generaba expulsión estudiantil y docentes sobrecargados de trabajo. En materia de políticas nacionales para avanzar contra la desigualdad digital solo se puede rescatar las tarjetas de datos otorgadas por el Enacom, este último también declaró a internet servicio de interés público y ha sido el organismo que más medidas impulsó para garantizar el acceso a herramientas que ayuden a una permanencia educativa a distancia. Por su parte, las Becas Progresar no modificaron las características heredadas por el macrismo, más allá del aumento que recibirá este año, y así en la Educación Superior el respaldo a estudiantes quedó relegado a decisiones particulares que las universidades nacionales tomaron. Así es el caso de la UNLP, por dar un ejemplo, en donde tras una lucha de la Fulp se creó un programa que otorgó computadoras a los estudiantes. Por su lado, el claustro docente también se vio en dificultades ante la falta de iniciativa del Ministerio y no tuvo más opción que disponer de sus herramientas para dar clases, recibiendo solamente una línea de créditos con cupos limitados para acceder a computadoras.

 

¿Quién gana con la virtualidad?

 

“Hay que reposicionar el derecho a la educación como el centro de la escena. Preocupan ciertas tendencias hacia la individualización de la educación, que no son nuevas, pero que se podrían profundizar en un contexto en el que los jóvenes se encuentran en sus hogares. Esto podría ligarse con ciertas orientaciones de mercantilización de la educación”, señaló Fernanda Saforcada, ex directora académica de Clacso, en el marco de una charla de “Educación y pandemia” organizada por dicho espacio en agosto de 2020.

Google Classroom, Zoom, Meet, Jitsi, entre otras, fueron algunas de las aplicaciones utilizadas para la continuidad educativa. Allí prima un denominador común: la merma en la participación. Las clases dictadas bajo estas plataformas disminuyen sustancialmente la posibilidad del debate colectivo, el intercambio y la producción de conocimiento entre pares, yendo hacia un estilo de trabajo marcado por las cámaras apagadas y los micrófonos muteados. Otro interrogante es la vinculación con software extranjero para las páginas de las universidades, que si bien no es nuevo, pasa desapercibido en gran parte de la comunidad educativa. Ahí los privados no piden permiso para hacer negocios con la educación pública, por lo que la construcción de software nacional también es una deuda a atender lo antes posible.

 

Un 2021 que requiere más lucha y unidad

 

Ernesto García, responsable universitario de la FJC recalcó que durante 2020 “la universidad tuvo avances en la lucha contra la pandemia como el Suero Equino y también se colocó en órbita el Saocom 1B que significa desarrollo de tecnología con fines estratégicos. La universidad demostró que puede aportar a un programa de desarrollo nacional”.

Pese a esos avances, el también integrante del MUI remarcó que “el problema que tenemos es que no hay una estrategia que ubique cuál es el rol de la universidad en el desarrollo del país, eso es un desafío general que tenemos por delante. Hoy no se le está exigiendo a la universidad ser parte de un proyecto estratégico, y si no hay lugar, es normal que no haya financiación. En este sentido es importante la puesta en valor de sus trabajadores de ciencia y educación, que deben recuperar su poder adquisitivo”.

“Tenemos que trabajar para una universidad en la que sus actores sean más protagonistas. En 2021, si la pandemia permite, tenemos una serie de procesos electorales que en unidad nos debe servir para tensionar con las corporaciones que existen en los decanatos, rectorados y también en la Federación Universitaria”, enfatizó García.