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Vie, Abr
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Política
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Después del maíz, ahora es el trigo. “Autorregulación” es la palabra de moda. Un enero caliente y la convocatoria a discutir precios y salarios.

A una semana de la presentación del próximo informe técnico del Indec, en el gobierno se conforman con que la inflación de enero se ubique en el rango del cuatro por ciento. Es que la aceleración de precios, fundamentalmente la de alimentos, que se había verificado en diciembre (Ver Puja distributiva ¿quién se come la torta?), lejos estuvo de morigerarse durante el primer mes del año.

Al respecto las principales consultoras adelantan que la inflación podría superar los cuatro puntos, arrastrada por la suba de precios de carne, frutas y turismo, pero también que este impulso puede extenderse a lo que resta del trimestre inicial, algo que le metería presión al 29 por ciento que presupuestó el Ministerio de Economía para todo 2021.

De acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, la inflación de enero se coloca en el cuatro por ciento y, a partir del presente mes, va a haber una tendencia levemente descendente. Para esto va ser fundamental el éxito que puedan tener el acuerdo de precios que se hizo para la carne y aquel que el ejecutivo impulsa para el caso de los cereales.

En este contexto, La Rosada busca acordar -sector por sector- topes de precios con las cadenas de valor de trigo, maíz y girasol que en todos los casos tienen gran incidencia en el precio de la canasta alimenticia. Y para ello busca reproducir el modelo de acuerdo al que arribó con la industria de la carne.

En este sentido secretaria de Comercio Interior, Paula Español, reveló que se avanzó bastante en la negociación que las carteras de Desarrollo Productivo y de Agricultura llevan adelante con los actores que intervienen en la cadena del trigo, “con la idea de que se exporte cada vez más sin que eso se haga a costa de una presión sobre los precios domésticos”. Y destacó que se trabaja para ampliar la cantidad de bocas de expendio en las que se venden los cortes acordados con el consorcio de Frigoríficos Exportadores de Carnes Argentinas.

En el gobierno piensan que, al acuerdo provisorio alcanzado con los productores de maíz y el sector de la carne, se le puede sumar el de la cadena del trigo. Así, el Estado podría monitorear qué pasa en estas cadenas que inciden mucho en la formación de los precios de góndola.

Hasta aquí el ejecutivo exhibió flexibilidad y dio marcha atrás cuando adoptó medidas reguladoras, como el paréntesis que anunció a las exportaciones de maíz. La idea que prevalece es la de permitir que los actores de esas cadenas se autorregulen y garanticen abasto y precios. Esas patronales dicen que nunca dejaron de hacerlo ¿entonces por qué sigue subiendo los precios? (Ver Se viene la pospandemia ¿y si vamos por otro tipo de normalidad?).

 

Buena voluntad

 

“Hay muy buena voluntad de los actores del sector agropecuario y el rol del Consejo Agroindustrial de congregar sectorialmente a todos los actores de la cadena, y eso nos da la oportunidad de garantizar los alimentos para todos”, recalcó el ministro de Agricultura Luis Basterra.

Y, por su parte, su par de Economía Martín Guzmán aclaró que el ejecutivo no quiere aumentar retenciones en un sector como el maíz, ya que “buscamos que se venda a precio internacional, porque eso aumenta los incentivos a la producción y a la inversión”.

Mientras tanto las mesas del maíz y el trigo, se reunieron este miércoles para debatir sobre la situación de esos sectores y acerca de qué posicionamiento van a adoptar respecto a los guiños que les viene haciendo el gobierno nacional.

De todos modos La Rosada tiene claro que, si no logra acordar, puede echar mano a la carta que le brinda la política impositiva y volver a la suba de retenciones para buscar disociar el precio internacional de aquel que llega a las góndolas. Pero también sabe que esa carta tiene un costo político, incluso hacia adentro de la propia coalición  de gobierno.

Cuando todavía seguía sonando la controversia que se suscitó alrededor del maíz (Ver ¡Alerta Ovni, llamen a Fabio Cerpa!), hace diez días el precio internacional del trigo dio un salto y, en coincidencia, el kilo de pan fue aumentado en un tango que va del diez al 25 por ciento.

Lo cierto es que en Argentina se producen anualmente alrededor de 17 millones de toneladas de trigo, de las que el mercado interno precisa consumir algo así como siete millones. Del precio de esos siete millones de toneladas, va a depender buena parte de la canasta básica de alimentos ya que, como pasa con el maíz, el trigo es parte importante de la cadena de valor de varios productos que hacen a la dieta elemental de los argentinos.

Ahora, el gobierno le pasó la pelota a esta Mesa donde están representados todos los actores de la cadena del trigo, les prometió que no va a intervenir y les pidió que sean ellos quienes busquen una fórmula que garantice que haya trigo suficiente y a precio razonable en el mercado interno.

La Rosada sabe que cuando no pudo sostener su idea original respecto a Vicentin, perdió la oportunidad de jugar fuerte y ahora apuesta a la autorregulación de un sector compuesto por diversos actores que difieren en algunas cosas, pero coinciden en su voracidad y codicia.

En este escenario, el Estado sigue haciendo el esfuerzo por medio de mecanismos que subsidian a la agroindustria y el consumo con herramientas como la Tarjeta Alimentar.

Pero también continúa apostando al Consejo Agroindustrial y a la conformación de una mesa donde se negocie un marco de referencia de precios y salarios, algo que iría en consonancia con el Consejo Económico Social que espera pueda ser el germen de un pacto que trascienda las fronteras de lo sectorial, para convertirse en un acuerdo político.

En este contexto, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero confirmó que para la semana que viene convocó a las cámaras empresariales y centrales de trabajadores, para inaugurar un espacio donde se va a discutir un acuerdo de precios y salarios que –así se aclaró- no va a poner límites a la recomposición salarial que seguirá dependiendo de las discusiones paritarias.