Vacunas compradas por el Estado derivadas a empresas de salud prepaga. Otra vez Cambiemos beneficia al sector privado con fondos públicos.
Mientras en horario prime time y en directo desde el Ministerio de Salud, el fiscal Eduardo Taiano le suministraba a la massmedia hegemónica un nuevo capítulo del talk show “Vacunatorio VIP”, ante vacunatorios dependientes de la Ciudad, se veía a adultos mayores de ochenta años de edad haciendo largas filas bajo la lluvia, a la espera de recibir la dosis correspondiente.
Pero no todos fueron tan desafortunados. Es que la Ciudad de Buenos Aires decidió entregar parte de la partida que le corresponde por Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19, a empresas privadas que las utilizan para promocionar su oferta de servicios y las suministran exclusivamente a sus socios.
Ante esto la abogada Natalia Salvo, denunció judicialmente a Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós, ya que acusa al Gobierno de la Ciudad de haber llevado a cabo convenios con empresas privadas de medicina prepaga, por los que se provee de dosis de vacuna contra el Covid-19, que estas firmas aplican exclusivamente a sus clientes.
La abogada también señaló que se trata de contratos cuyos términos son desconocidos, pero lo que queda claro es que se estaría privatizando, al menos parcialmente, el plan de vacunación.
Aquí resulta preciso recalcar que las vacunas son un bien escaso y que, por ahora, los laboratorios que las producen sólo las venden a Estados, en el mejor de los casos (Ver Una sugerencia para el entretiempo).
Todas las dosis que se utilizan ahora en el país, fueron compradas por el Estado nacional con dinero público y esto incluye a las que el Gobierno de la Ciudad cedió a empresas privadas para que incrementen la oferta de sus prestaciones, lo que les otorga una ventaja comercial.
De ahí que la abogada Salvo destaque que se está en presencia de “una estafa a los ciudadanos y al Estado nacional”.
La denuncia por la presunta comisión de delitos de acción pública, advierte que se buscó “garantizar la vacunación de personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19”.
Tras lo que hace hincapié en la responsabilidad que en esto tiene el jefe de Gobierno, ya que por su indicación se “habría firmado un convenio con instituciones privadas encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad Autónoma, otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”.
Y lamenta que lo que debió ser un programa equitativo para proteger a la población, “terminaría siendo un negocio de privados por exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Ciudad que deciden que las vacunas sean ‘sólo para socios’”.