La renuncia de la ministra de Justicia y la anulación de las condenas contra Lula en Brasil dan un nuevo impulso a la reforma judicial en Argentina y resquebraja al lawfare en la región. La depuración es una lucha antagónica y ahora la pelota está del lado del gobierno del Frente de Todos.
En las últimas horas finalmente se confirmó lo que desde hace unos días, pero especialmente después del discurso presidencial en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, era un secreto a voces: la renuncia de Marcela Losardo, mano derecha de Alberto Fernández, a su cargo de ministra de Justicia.
¿La renuncia de Losardo significa un cambio de abordaje por parte del gobierno del Frente de Todos respecto a cómo enfrentar al Poder Judicial? Por lo pronto, pocas cosas son más sintomáticas que el nuevo destino de la ahora ex ministra, que ocupará el cargo de Embajadora ante la Unesco en París, designación que parece tanto un premio como un castigo: pocas ciudades más adecuadas para un retiro tranquilo, pero bien lejos de la política y el poder local.
Ahora bien, si después del discurso presidencial del 1 de marzo en el Congreso la estadía de Losardo en el Ministerio de Justicia comenzaba a ser contradictoria frente a la vocación presidencial de avanzar realmente con una reforma judicial.
En la cadena de sucesos, todo parece indicar que el golpe de gracia corresponde a la que seguramente sea, hasta el momento, la noticia política más relevante en América Latina en lo que va del año: la anulación por parte del Tribunal Supremo de Brasil de todas las condenas que pesaban sobre el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco del que quizá sea el caso más paradigmático de lawfare en esta parte del mundo: el Lava Jato.
Como se recordará, se trata de una práctica promovida por EE.UU. y grupos económicos regionales que, en este caso, tuvo un acto central en Sergio Moro, quien acabaría siendo ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.
¿El lawfare es un gigante con pies de barro?
Nunca sabremos si fue casualidad o no, pero dos días antes de que el Supremo de Brasil anunciara la anulación de las condenas y la apertura de una investigación contra un sector del Poder Judicial que amañó las causas para encarcelar a Lula y quitarle sus derechos políticos, se difundía una encuesta que reveló que si Lula es candidato, sería elegido Presidente en primera vuelta.
Así era en 2018 y así sigue siendo en 2021, pero ahora la diferencia a su favor sería más grande, a la luz de los resultados de la gestión de Bolsonaro, especialmente aquellos que puede exhibir en materia sanitaria.
En todo sentido los sucesos de Brasil son aleccionadores, pero cabe preguntarse si lo de Brasil es algo que puede darse en Argentina. Sin dudas esto es algo que, ahora mismo, debe ser objeto de reflexión puertas adentro de La Rosada.
Un primer análisis fue adelantado por el Presidente el lunes por la noche, cuando en una entrevista televisiva recalcó que es necesario, más que nunca, avanzar con la reforma judicial, porque el Poder Judicial ya dio muestras de que no quiere “autodepurarse” de cara a la sociedad.
Incluso, en lo que resultó una analogía por demás ilustrativa, comparó la situación actual de ese órgano de poder el Estado, con la situación de las Fuerzas Armadas tras las elecciones de 1983, cuando Raúl Alfonsín decidió avanzar con el juicio a las juntas, después de que el “partido militar” desistiera de juzgar a los altos mandos en tribunales castrenses.
Así las cosas, vale volver a preguntarse qué condiciones hay para que se pueda avanzar con profundidad con lo que, al respecto, anunció Fernández ante la Asamblea Legislativa (Ver Una reforma más que judicial).
¿Es posible en la situación actual y teniendo en cuenta los actores que hay en pugna, avanzar en una reforma judicial sin apelar a la movilización y participación popular?
Por antecedentes históricos y fundamentalmente por la relevancia que tiene en la actualidad, la reforma judicial es una batalla por la democratización de aquel órgano de poder del Estado que, desde hace décadas, se ha consolidado como el garante de la rentabilidad del capital.
Entonces, cabe preguntarse ¿por qué estarían dispuestas las clases dominantes de Argentina a entregar esta herramienta? La pregunta es retórica, porque si algo está claro es que el poder económico, massmediático y transnacional defiende a este Poder Judicial como si se tratará -y lo es- de una de las principales trincheras de su poder de clase. Es una lucha antagónica y ahora la pelota está del lado del gobierno del Frente de Todos.