Gas, luz y la “transición tarifaria” que incluye a YPF. La inflación no da tregua y los empresarios juegan al Gran Bonete. El Ministerio de Justicia y una designación clave para la reforma que pretende el Gobierno. Mientras avanza la querella contra Macri y su banda, Guzmán viaja al FMI ¡Y eso que apenas van dos meses y medio de un 2021 que viene recargado!
Precio del gas a boca de pozo, margen para subsidios, actualización del transporte y la distribución son algunas de las cosas que -entre hoy y mañana- se van a debatir en audiencias públicas convocadas por la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), para avanzar en la actualización de un cuadro tarifario que lleva más de un año de congelado.
En la misma dirección, el viernes el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), abrió el proceso de inscripción para participar de audiencias públicas convocadas para tratar los regímenes de “transición tarifaria” de las empresas de transporte de energía eléctrica a nivel nacional, y de distribución en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Un día antes, YPF anunciaba un aumento del quince por ciento para el precio de sus naftas, a implementarse de forma escalonada en los próximos tres meses en el marco de la búsqueda de financiamiento de su plan de inversiones. Esto, tras un 2020 en el que las ventas de naftas y gasoil tuvieron una caída interanual de siete y seis por ciento respectivamente, como consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia.
YPF quiere dar vuelta a esa página y prevé invertir durante este año 2.700 millones de dólares, lo que implica un 73 por ciento más que durante 2020, de lo que cerca del ochenta por ciento se va a destinar a incrementar la producción gasífera y petrolera de los yacimientos que opera. Y, por otra parte, se compromete a no volver a aumentar naftas y gasoil en el resto del año.
Así las cosas, los aumentos de combustibles, gas y electricidad, van a hacer sentir su impacto inflacionario durante el primer semestre, lo que le dejaría a La Rosada más aire para la parte final del año, que es cuando tendrán lugar la elecciones a las que el gobierno espera llegar con la vacunación más que encaminada y los precios de góndola controlados.
Pero para esto sabe que transita sobre el filo de una navaja. Después del esfuerzo fiscal que el Estado hizo el año pasado para sustentar el frente socio-económico durante lo peor de la pandemia, sabe que la suba de las tarifas es insoslayable, pero también tiene claro que esto puede fomentar un salto inflacionario.
Según trascendió al gobierno le cierra un aumento de entre diez y quince por ciento. Pero tiene claro que un incremento dentro de ese rango, obliga al Estado a seguir haciendo un aporte fuerte en materia de subsidios, lo que es un problema a la hora de pensar en sostener equilibrio fiscal.
Pero de todos modos, la decisión es seguir pisando el aumento tarifario para favorecer la desaceleración de la inflación y evitar que se licue, rápidamente, la recuperación del poder adquisitivo del salario que resulte de las paritarias.
La tarea es difícil, sobre todo, si se lee el 3,6 por ciento que registró en febrero la inflación que acumula 7,8 para el primer bimestre. Aunque exhibe una leve ralentización respecto a los meses anteriores, en lo que va de marzo la cosa se vuelve a acelerar impulsada por el aumento de los precios de alimentos embasados y carne bovina que escalan por encima del promedio, tal como viene pasando desde agosto.
Con este arrastre y teniendo en cuenta la incidencia de los tarifazos impulsados por el Gobierno de la Ciudad, La Rosada va a tener que sacarle punta al lápiz si quiere que la inflación se ubique rápidamente en el rango del dos por ciento mensual, que es lo que precisa para que se cumpla lo previsto en el Presupuesto.
Así las cosas, ayer el ministro Matías Kulfas, reconoció que Precios Cuidados y otros mecanismos similares, son apenas “auxilios” y recalcó que el gobierno trabaja en un programa de desinflación que aborda la reducción del déficit fiscal y más previsibilidad de la política monetaria y cambiaria.
Mientras los sindicatos actúan con mesura a la hora de pedir recomposición salarial, del otro lado de la mesa siguen remarcando, lo que le mete presión extra a las mesas sectoriales convocadas por el gobierno para analizar las cadenas de valor que acaban distorsionando los precios de góndola. Pero también sobre el Consejo Económico Social (Ver La hora del Consejo).
Una vez más queda claro que lo de la puja distributiva, no es otra cosa que un momento de la lucha de clases y que en este asunto el problema no es económico, sino político (Ver La quimera por el oro y Puja distributiva ¿quién se come la torta?).
Pero también que la cosa sigue atada a lo que pueda pasar con un sector primario de la producción que además está altamente concentrado y exhibe importantes niveles de extrajerización.
Dólares y dolores
Otra de las claves de la semana que arranca, se vincula a la designación de quien sucederá a Marcela Losardo al frente del Ministerio de Justicia, en un contexto en el que el ejecutivo espera poder avanzar con una agenda de reformas, contra la que ya se pintaron la cara en el universo del capital con su conglomerado massmediático y el bloque de oposición política. Y también, al menos, una parte de quienes integran el Poder Judicial (Ver Una reforma más que judicial).
En este contexto, actitudes como las que tuvieron durante los últimos días los camaristas Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, se parecen más a desafíos que a desatinos.
Y con este telón de fondo comienza a hacer su recorrido la querella criminal presentada por la Oficina Anticorrupción por “defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos”, contra Mauricio Macri y su equipo económico, que apunta a saber dónde fueron a parar los 86 mil millones de dólares que fueron fugados durante el Gobierno Cambiemos, tal como lo especifica el informe publicado por el Banco Central durante mayo de 2020.
Un dato clave es que para facilitar la constatación se pide el levantamiento del secreto fiscal. Esto que es tabú para el universo de las finanzas, ayudaría a determinar el recorrido que hizo ese dinero y, así, saber quiénes fueron los beneficiarios de esta maniobra auspiciada por la Presidencia Macri.
La causa cayó en el juzgado que preside María Eugenia Capuchetti que entró a Comodoro Py de la mano del macrismo, pero quien la instruye es el fiscal Federal Franco Picardi que, entre otras cosas, se mostró bastante activo en la causa que investiga la mesa judicial de Macri.
Por la toma de deuda con el FMI, hay otras seis denuncias penales, entre ellas la que hizo el abogado Eduardo Barcesat y otra del actual director de Banco de la Nación, Claudio Lozano.
Desde que el 8 de mayo de 2018 Macri anunciara que se volvía recurrir al Fondo, ese organismo giró 44.500 millones de dólares. A partir de entonces y hasta que se fue el Gobierno Cambiemos, se constata la fuga de capitales especulativos por 45.100 millones. Y desde junio de 2018 se emitieron Lebac por un equivalente a 46.100 millones de dólares (Ver ¿Y dónde están los dólares?).
Mientras tanto el ejecutivo espera transformar en crecimiento a la sutil recuperación de la actividad económica que comienza a verificarse, después de tres años de caída. Esta es una de las cartas con las que, durante los próximos días, va a viajar a Washington el ministro Martín Guzmán que, además, puede exhibir la conducta fiscalista del Gobierno que durante su año inicial se mostró muy celoso en el cuidado de las cuentas publicas, algo que se valora mucho en las oficinas del 1900 Pennsylvania Ave.
La Rosada logró estabilizar el tipo de cambio e incrementar las reservas del Banco Central. A lo que suma un acuerdo con el sector agroexportador que favoreció la liquidación de 3.950 millones de dólares durante el primer bimestre, esto es, la segunda más importante en casi dos décadas.
Y, desde ahí, se permite soñar con que esta pequeña bonanza pueda seguir este año en el que de acuerdo a proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción granaria se ubicaría un poco por debajo de la registrada para la temporada 2019/2020, aunque sería importante. Todo esto en un contexto en el que el precio internacional de los commodities está en alza.
Si bien se trata de datos promisorios, el futuro de los ingresos de divisas del agro se definirá en los próximos meses, cuando tenga lugar la cosecha gruesa de soja, cuyos derivados -harinas y aceites- son los principales productos de exportación del sector.
Entre los que más subieron está el precio de la soja que trepó a 520 dólares por tonelada, a raíz de la baja registrada en los stocks a nivel mundial y, especialmente, en EE.UU. desde donde llegan noticias auspiciosas.
Es que Joe Biden acaba de anunciar la implementación de otro paquete de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares destinado a fomentar el consumo que, entre otras cosas, implica ayuda directa de 1.400 dólares para algo así como la mitad de los estadounidenses. Otras de las principales economías capitalistas están implementando planes similares, como en el caso de Alemania donde el estímulo es del veinte por ciento del PBI y Japón donde alcanza al cuarenta por ciento.
Todo esto habla de mayor liquidez, que aporta a generar expectativas positivas respecto a la inauguración de un momento de cierta recuperación de la economía global. Pero, asimismo, puede tener un efecto de depreciación sobre el dólar lo que no deja de ser buena noticia para los que producen materias primas que con esto suben su precio.
Este marco se suma al derivado del trabajo que realizó el Gobierno para acomodar una estructura macroeconómica que, hace un año, aparecía minada a partir de decisiones que beneficiaron a personas concretas como las que hicieron posible el proceso de sobreendeudamiento y fuga que perpetró la presidencia Macri. Porque, lo que vuelve a estar claro, es que el capitalismo siempre privatiza los beneficios, al tiempo que socializa riesgos y deuda. Pero también que ese sistema no es la única respuesta posible (Ver Se viene la pospandemia ¿y si vamos por otro tipo de normalidad?).