Tras la designación de Martín Soria como ministro de Justicia, el abogado Eduardo Barcesat dialogó con Nuestra Propuesta sobre la etapa que se abre. Analizó las posibilidades de la reforma judicial y recalcó que la deuda con el FMI es inconstitucional y sus responsables deben responder penal y políticamente.
El presidente Alberto Fernández, confirmó la designación del ex intendente de General Roca y diputado nacional, Martín Soria, como ministro de Justicia en reemplazo de Marcela Losardo.
El cambio en la cartera judicial tiene lugar tras el encendido discurso que pronunció el presidente ante la Asamblea Legislativa y mientras que en Diputados sigue sin tratarse el proyecto de reforma judicial (Ver Una reforma más que judicial), que cuenta con media sanción de la Cámara Alta desde el año pasado.
El mensaje presidencial en el Congreso revitalizó una de las disputas políticas más difíciles e importantes que debe afrontar el gobierno en el mediano plazo (ver El gobierno busca su sintonía fina). Esta tarea que recaerá -en parte- en Soria, tiene que ver con desarticular la alianza entre el Poder Judicial, los grupos económicos transnacionales y los conglomerados massmediáticos, nucleados políticamente en el espacio de Juntos por el Cambio.
En ese sentido, el presidente anunció una serie de proyectos para ampliar el proceso de reforma judicial e impartió la orden de iniciar una querella criminal contra los responsables políticos y económicos de la deuda contraída con el FMI en 2018.
Sobre estas cuestiones, Nuestra Propuesta Diario dialogó con Eduardo Barcesat, abogado especialista en asuntos constitucionales y querellante contra Mauricio Macri en una causa que tramita en el fuero federal contra Macri por la deuda contraída durante su mandato.
Reforma judicial, reforma constitucional
Sobre la reforma judicial, las nuevas reformas anunciadas por el presidente y los proyectos que ya fueron presentados por el Ejecutivo en el Congreso, Barcesat planteó que “no tengo herramientas para establecer en qué medida podría avanzar el texto de reforma judicial que ya tiene media sanción en el Congreso, tampoco si podrán implementarse las reformas que el presidente anunció en su discurso del primero de marzo”.
Pero recalcó que “puedo volver a plantear la que siempre fue mi postura sobre el tema: para avanzar con una reforma integral del Poder Judicial y sacarlo de su enclave medieval, porque está a la vista de que no es un poder republicano, lo primero que hay que hacer es una reforma constitucional”.
Obturada, por el momento, la posibilidad de reformar el Poder Judicial por medio de una reforma de la Constitución, Barcesat valoró que “si hay que reformar la justicia por vía de ley, el punto de partida debe ser una reforma de la función y cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Y, en este sentido, explicó que “desarmar esta Corte Suprema es la pieza clave para terminar con la práctica viciada del lawfare”, pero aclaró que “el gobierno nacional decidió empezar por la parte de abajo, es decir, por los jueces de primera instancia y los tribunales de apelación, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país.”.
Pero insistió en que “el problema está ‘arriba’, en la cabeza del Poder Judicial, que es lo que evidentemente viene facilitando el torcimiento del Estado de derecho y la violación del conjunto de derechos y garantías constitucionales y convencionales que asisten a los procesos judiciales, particularmente los penales”.
FMI
“El Fondo Monetario no tiene razones para reclamar el pago del crédito otorgado a Macri”, destacó Barcesat quien es querellante en una de las seis causas en las que se denuncia a Mauricio Macri y el gabinete económico del Gobierno de Cambiemos por la deuda contraída con el FMI en 2018.
“Esperamos de estas causas una condena penal y un resarcimiento económico para el Estado nacional, por el empréstito espurio que Macri y sus amigos firmaron con el Fondo”, dijo el abogado.
Cale citar que la querella del Estado contra los funcionarios que endeudaron al país, se apoya sobre denuncias previas como la que realizó Barcesat y sobre las que comenzaron a intervenir la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
“Las partes intervinientes avanzaron con el requerimiento de información al Banco Central y seguramente todo esto desembocará en el texto de la querella que habrá de presentar la Procuración del Tesoro, que es el abogado jefe del Estado nacional”, sostuvo y recordó que esta querella “seguramente se unificará con las causas preexistentes que ya están en trámite por el mismo delito y por las que el fiscal interviniente, Franco Picardi de la Fiscalía Federal 5, formuló requerimiento de instrucción”.
Todo esto quiere decir que “por la investigación que él llevó hasta aquí, existen elementos suficientes de sospecha que hacen que para el fiscal el próximo paso sea llamar a declaración indagatoria al ex presidente Macri y al elenco de funcionarios del gabinete económico que junto con él rubricaron este acuerdo espurio con el FMI”.
Sobre la querella criminal iniciada por el Estado, Barcesat detalló que “este no es un tema novedoso para la legislación, lo novedoso es que haya un gobierno decidido a que se aplique la Constitución y la legislación”.
Tras lo que añadió que “hasta acá, los gobiernos se venían cubriendo las espaldas entre sí, pero ahora el gobierno decidió romper con esa práctica viciada en nombre del pueblo de la nación, para que sea el propio Estado nacional el principal querellante por la deuda contraída, ya que es el pueblo el principal perjudicado”.
En ese sentido, aseveró que “es auspicioso que por fin el Estado haga cumplir el texto constitucional en lo que hace a la competencia y a la razonabilidad de los actos de contratación de deuda externa” y recordó que “en todo el período Macri, el Estado se manejó siempre con la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156), amparándose en la parte que el Congreso delega en el Ejecutivo la potestad, bajo ciertas condiciones, de contratar empréstitos”.
Sin embargo, la Convención Constituyente de 1994 “dejó en claro que le corresponde solamente al Congreso de la Nación la potestad de contraer empréstitos de arreglar los temas vinculados a la deuda pública, tanto interna como externa”.
Como la Ley de Administración Financiera es anterior a la reforma del 94, se estableció allí que la facultad que le otorgaba al Ejecutivo de contraer deuda caducaba cinco años después de la reforma, es decir, en 1999. Por lo tanto, explicó Barcesat, “todos los actos de contratación de deuda que hizo Macri desde inicios de 2016 hasta la finalización de su mandato, todos ellos fueron por fuera del marco de facultades establecidas por la Constitución Nacional”.
De ahí que “a pesar de lo que argumentan los pregoneros de Juntos por el Cambio y el PRO, la deuda es claramente inconstitucional”, ya que “se quebrantó la legalidad del acto, porque en ningún momento intervino o tomó razón el Congreso”, pero además “se violentaron los ‘objetivos’ de estos empréstitos, ya que no fueron destinados a la obra pública y a financiar mejoras para todo el pueblo, sino que estos fondos fueron utilizados para tapar baches fiscales y para facilitar la fuga de capitales, por parte de funcionarios públicos y de el protoplasma de empresarios amigos de Macri”.
Asimismo, Barcesat argumentó que “las implicancias de estas denuncias derivarán en una condena penal previsible que surgirá de las causas y en el hecho de que los responsables deberán responder por todo el daño inferido al Estado nacional y al FMI, por haber contratado, sin facultades para hacerlo y sin seguir el proceso reglado por la Constitución Nacional, el crédito de más de cincuenta mil millones de dólares”.
Claro que “a su vez el Fondo Monetario, que está sujeto a una auditoría interna para ver por qué razón se concertó este acuerdo que violenta el artículo 6 de su propio reglamento, deberá enfrentar consecuencias por haber otorgado este préstamo”, por lo que “es razonable argumentar que el FMI no tiene razones para reclamar el pago del crédito otorgado, porque si se comprueba que es parte, como suponemos que es, del acto nulo y antijurídico de la deuda contraída por el Gobierno de Cambiemos, entonces ningún derecho tiene a reclamar quienes fueron los otorgantes de la nulidad del acto”.