Documentos dados a conocer la semana pasada prueban fehacientemente las visitas de jueces, fiscales, empresarios y periodistas a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Macri, en el marco de una acción coordinada para perseguir a Cristina Fernández y esmerilar la articulación de un proyecto alternativo al neoliberal.
Tal como sucedió en Brasil recientemente, por si quedaba alguna duda, y acaso para algún “desprevenido”, en las últimas horas se revelaron una serie de encuentros, reuniones y amaños organizados por Mauricio Macri junto a miembros notables de la Justicia Federal, contra la ex presidenta Cristina Fernández, que dan cuenta cómo y con qué objetivos se inició el lawfare en Argentina.
Luego de que el jueves pasado en la edición de Nuestra Propuesta Diario analizáramos “Los hilos invisibles del lawfare”, el portal de noticias El Destape accedió a los registros de ingresos y egresos de la Quinta de Olivos durante el macrismo y dio a conocer que el juez de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, visitó al menos quince veces al por entonces presidente Macri en la Quinta presidencial.
Borinsky intervino en la mayoría de las causas contra la actual vicepresidenta. Las fechas de las visitas a Olivos coinciden con la preparación de fallos que, anticipados por los medios de información copartícipes del lawfare, lograron un alto impacto mediático, como la reapertura de la causa que inició Alberto Nisman contra Cristina Fernández, entre otras.
Según argumentaron desde el círculo íntimo de Borinsky, las visitas se realizaban en horario “extralaboral” y tenían como principal objetivo “jugar al padel” con Macri que, se sabe, pasó buena parte de su gestión entre vacaciones y la práctica de deportes recreativos.
Además de Borinsky también fueron confirmadas las visitas del juez de Casación, Gustavo Hornos, y del fiscal de Casación, Raúl Plee, este último también miembro del Tribunal de Disciplina de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), entidad a la que renunció después de ser sostenido por el ex presidente de Boca y ladero judicial del macrismo, Daniel Angelici. Pero tuvo que dar el paso al costado tras confirmarse sus idas a Olivos.
Más allá de los pormenores, es oportuno insistir con la siguiente idea: las revelaciones no hacen más que sacar a la luz el detrás de escena previsible, y hasta evidente, de todo lo que acontecía tras bambalinas entre el macrismo y el Poder Judicial.
Cierto es que nadie puede sorprenderse de que integrantes de la Justicia Federal se reúnan con presidentes o sus allegados más íntimos. Esta es una práctica que no fue ajena a ningún gobierno.
Pero sí constituye una novedad, desde la transición a la democracia a esta parte al menos, la conformación de una alianza político-económica entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y grupos económicos para esmerilar y destruir la articulación de una alternativa política de carácter popular y con un programa antineoliberal.
Como prueba de este argumento puede agregarse que mientras circulaban por Olivos Borinsky, Hornos y Plee también lo hacían los empresarios Fernán Saguier de La Nación y Héctor Magneto de Clarín, así como los operadores mediáticos Luis Majul y Jorge Lanata, entre otros.
En ese sentido a nadie debería llamarle la atención que una vez deslegitimada la opción por el Partido Militar, el lawfare se haya constituido en el mecanismo predilecto con el que las clases dominantes en Argentina buscan salvaguardar el proceso de acumulación del capital, basado en la valorización financiera y la exportación de productos primarios.
¿Un problema de pocos?
Ahora bien, tiene sentido pensar que esto del lawfare es cuestión que afecta a pocos, en un contexto de alta inflación impulsada principalmente por el incremento de alimentos, sumada a las dificultades provocadas por la pandemia que van a caballo de la crisis económico-social infligida al país por las políticas neoliberales del macrismo. En otras palabras, que es un problema de ex funcionarios y un grupo reducido de empresarios.
Pero lo cierto es que el Poder Judicial es una fracción del bloque de poder que, en Argentina, obstaculiza transformaciones que son imprescindibles para la etapa. De ahí que quede claro que este mecanismo tiene efectos nocivos para el conjunto de la sociedad y, por ende, para la mayoría de los trabajadores.
Esto explica la “calidad” de justicia que brindan, por ejemplo, los fueros Laboral y Comercial a los trabajadores, pequeños comerciantes y profesionales que deben litigar en juzgados, fiscalías y defensorías controladas mayormente por jueces, fiscales y defensores que creen ostentar títulos de nobleza.
¿Qué sucede con las dilaciones temporales, muchas veces adrede y otras tantas producto de una burocracia kafkiana que cansa a cualquiera, que terminan por torcer siempre el fiel de la balanza hacia el lado de los más poderosos?
Acaso el lawfare es posible en Argentina, porque puede asentarse sobre una sólida estructura que se asemeja mucho más a las corporaciones feudales que a los poderes republicanos de la democracia burguesa.
Quizás sea momento de plantear, de cara a la sociedad, que aquello que parece una anomalía, en verdad, es la norma y que cuando manda el Estado Liberal Burgués, las fuerzas más reaccionarias y retrógradas de la sociedad se organizan en nombre de la “república” y la “división de poderes”.