La necropolítica ya consiguió su Segunda Ola. Una visita desagradable y un domingo pata el olvido. La inflación no afloja y la cartelización de los formadores de precios, tampoco. Un gramo que vale su peso en oro. La apuesta del gobierno para que se mantenga el nivel de empleo registrado y el consumo.
El sistema sanitario de la zona Amba tiene una ocupación similar a la que registraba durante el peor momento de 2020, pero todo hace suponer que todavía falta para que llegue el pico de esta Segunda Ola.
Mientras que específicamente en la Ciudad, la ocupación en hospitales públicos es del 45 por ciento y en algunos servicios es crítico, al tiempo que la que presentan los efectores privados y obras sociales alcanza el 96 por ciento. Esta situación se reitera en ciudades como Mar del Plata.
Lo cierto es que, en la zona Amba, la cantidad de casos casi se duplicó en apenas una semana, y esta es una situación que tiende a reproducirse, con más o menos intensidad, en el resto del país. Si se cumplieran de forma responsable las medidas previstas por el Decreto 235, su resultado recién se haría sentir desde fines de mes.
Estos datos señalan que Segunda Ola ya es un hecho y pega duro, sobre todo, en la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano, donde durante las semanas previas se venía verificando un alarmante relajamiento en las conductas sociales indispensables para prevenir la propalación del Covid-19. Y a esto se suma la irrupción de variantes como las de Manaos y Británica que se encontraron en localidades como Olavarría, donde ya hay catorce y once casos de estas cepas, respectivamente.
Así las cosas, la semana pasada y casi en el mismo momento en el que los casos comenzaban a duplicarse, la Mesa de Juntos por el Cambio se reunía para emitir una declaración en la que cuestiona la estrategia sanitaria adoptada por el ejecutivo para enfrentar la pandemia.
Para la foto estuvieron algunos de los que durante el último año promovieron, abiertamente, la adopción de conductas antisociales que favorecen la propalación de virus. En su momento invitaron a no respetar el Aspo, alentaron posiciones negadoras del peligro que implica el Covid-19, cuestionaron los esfuerzos estatales por conseguir vacunas e hicieron lo propio con la eficacia de la vacuna como respuesta terapéutica.
En ese contexto, desde JxC se reclamó que las provincias puedan adquirir vacunas, algo que siempre fue posible, tal como lo prevé explícitamente la Ley 27573, sancionada durante noviembre de 2020, que exime de las tasas Aduanera y de Importación, así como del pago de IVA, a las vacunas e insumos que se adquieran por parte del Ministerio de Salud, tras lo que aclara que idéntico tratamiento van a recibir las que puedan comprar las provincias y la Ciudad.
Tras cartón desde la administración porteña se anunció que esta jurisdicción va a salir a comprar vacunas. Y desde esa misma gestión, el titular de la cartera sanitaria, Fernán Quiroz, le puso un poco de racionalidad a la cosa, cuando aceptó que la demanda de que se adquiera a privados es abstracta.
Es que si se despeja un poco la hojarasca, se ve que hay tres formas conseguir vacunas: por medio de acuerdos Estado-Estado o Estado-laboratorios privados. Estos dos proveedores tienen sobredemanda, lo que los lleva a tomar pedidos que se comprometen a entregar dentro de varios meses, y en el caso de algunas farmacéuticas incumplen con las entregas pautadas, como le ocurrió a Chile con Pfizer. La otra alternativa es el mercado negro, pero en este caso, nunca se sabe qué es lo que realmente se adquiere.
El año pasado los gobiernos de Mendoza y Tierra del Fuego intentaron comprar vacunas por su cuenta, pero no lograron conseguir vendedor. Ahora lo va a intentar la Ciudad y ojalá le vaya bien más allá de las miserias que en este contexto, vuelve a exhibir el bloque político que gobierna en este territorio.
Lo cierto es que durante los últimos diez días se duplicó la cantidad de contagios ¿Qué va a pasar si continúa subiendo la curva? “No me importa el resultado de una elección, me importa que los argentinos no se mueran”, recalcó Alberto Fernández, pero esta escala de prioridades no es compartida por el bloque de oposición política que aparece encorsetada en una postura que persiste negar la gravedad del momento.
Pero no sólo esto. Durante el fin de semana hubo una campaña troll de características criminales, por la que se hicieron falsas convocatorias a lugares de vacunación inexistentes. En simultáneo el conglomerado massmediático dominante, en tándem con Patricia Bullrich, propaló la idea de que una de las vacunas que se aplican en el país, la Sinopharm, tiene baja efectividad. En realidad, la que tiene menos efectividad es la Sinovac, que es la que se aplica en Uruguay y Chile, que tuvo que recurrir a esta alternativa cuando Pfizer lo dejó agarrado del pincel y no cumplió con las entregas acordadas.
¿Podrá salir el bloque opositor de este bucle enfermizo que construye un escenario inexistente a partir del pescado podrido? ¿Resistirá la pulsión de seguir promoviendo situaciones que fomenten los contagios, para después rasgarse las vestiduras cuando se producen? ¿Habrá quienes quieran hacerlo, aunque más no sea por la responsabilidad que tienen en los distritos donde gobiernan? ¿Profundizarán todavía más el enfoque necropolítico que rige sus actos? (Ver Nadie mea contra el viento).
La semana pasada y junto a buena parte de la plana mayor de JxC, Patricia Bullrich, lanzó desde Bariloche el “Movimiento Nacional Antitomas”, una suerte de freikorps del siglo 21. Ahí volvió a agitar el fantasma de la RAM. Lo que tiene de patético, también lo tiene de peligroso y juegan a la ruleta rusa, aquellos que desde Cambiemos, se reivindican moderados de centro-derecha y creen que lo que están ayudando a gestar, es un monstruo que después van a poder controlar.
Hoy se reúnen la ministra de Salud, Carla Vizzotti, Daniel Gollan, Fernán Quiroz y Luana Volnovich en un encuentro en el que se espera que se logre unificar un criterio de abordaje de la situación que presenta la pandemia en la zona Amba. Habrá que ver qué pasa.
Domingo de miércoles
Queda claro que el escenario global es un territorio de tensiones en el que la adquisición de un bien, por ahora escaso, como es la vacuna contra el coronavirus, está sometido a tensiones de tipo geopolítico, geoeconómico y geoestratégico en el que las principales formaciones estatales capitalistas y conglomerados multinacionales que controlan buena parte de la industria farmacéutica, dirimen una toma de posiciones con la intención de quedarse con lo que para ellos es un mercado que presenta 7.500 millones de consumidores (Ver Temporada de caza en el zoo).
Por eso mientras EE.UU. y Canadá acaparan dosis, todavía hay países en los que prácticamente no se comenzó a vacunar. Multinacionales como Pfizer imponen condiciones que avanzan sobre las leyes quieren adquirir vacunas y, después, ni siquiera cumplen. En este esquema también se inscribe la actitud criminal de EE.UU. que bloqueó la exportación de microfiltros indispensables para que se envasen, en México, los principios activos de la vacuna AstraZeneca, producidas por la empresa mAbxience, del Grupo Insud, en su planta de Garín.
Se trata de 250 millones de dosis del principio activo de esa vacuna. Si no se hubiera perpetrado esta maniobra, 22 millones de esas dosis ya se hubieran utilizado en Argentina.
Con ese telón de fondo, la pandemia se presenta como una oportunidad, para que se acelere la tasa de rentabilidad para unos pocos. En estos días, se conoció el nuevo ranking de multimillonarios que confecciona la revista Forbes, que deja algunos datos interesantes: durante 2020 los muy ricos se enriquecieron más, una veintena logró entrar a este selecto club y a los que mejor les fue, son aquellos que se desempeñan en el desarrollo de big-data. Al parecer, tener información privilegiada es buen negocio.
Durante el último trimestre de 2020, en Argentina, la diferencia entre los deciles de más y menos ingreso, tuvo un incremento de dos puntos respecto de un año antes.
Así las cosas, en esto de tomar de posiciones, se inscribe la reciente visita que realizó a Argentina el titular del Comando Sur de EE.UU., almirante Craig Faller, que con la excusa de la donación de tres hospitales de campaña, recaló en Uruguay y después en nuestro país donde visitó Ushuaia que es la capital de la provincia que incluye a las Isla Malvinas, territorio ocupado ilegalmente por Gran Bretaña, donde hay una base de la Otan, organización que entre otros, integra EE.UU.
Precisamente esa base ubicada en Monte Agradable mira hacia la Antártida y fue epicentro, en estos días, de maniobras militares del Reino Unido que incluyeron lanzamientos de misiles. Este episodio fue denunciado por la cancillería argentina, que hizo hincapié en que este tipo de actividad constituye una “amenaza para toda la región”.
Pero no es esta la única amenaza. El gobierno que encabeza Iván Duque anunció que va a adquirir 24 aviones de combate de última generación a EE.UU. Lo hizo en un contexto en el que arrecia la actividad de bandas paramilitares que actúan, desde Colombia, para hostigar territorio venezolano.
Como se ve el pustch recolonizador de EE.UU. en nuestra región no sólo incluye mecanismos como el lafware, sino que considera la toma de posiciones geoestratégicas que deben encender luces de alerta en una región que durante la década pasada fue declarada Zona de Paz.
Al cierre de esta edición, el Consejo Nacional Electoral, daba como ganador del balotaje al candidato del bloque de derecha Guillermo Lasso, quien de esta manera, se transforma en presidente electo de Ecuador. Así se plantea un esquema de continuidad con la gestión que encabeza Lenin Moreno que, entre otras cosas, autorizó que el Pentágono instale una base en la isla San Cristóbal para “combatir el narcotráfico”.
Ayer también hubo Presidenciales en Perú, donde de acuerdo a los boca de urna publicados por de Ipsos, tres candidaturas podrían pasar a segunda vuelta. Hasta ahora Pedro Castillo suma 16 por ciento, mientras que Keiko Fujimori y Hernando de Soto estarían peleando el segundo lugar con poco más del diez por ciento de los votos.
Y, en Bolivia, el balotaje que se llevó a cabo en La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando todavía no tiene resultados definitivos, pero los conteos provisorios son poco esperanzadores.
Inflación
Esta semana se espera que el Indec dé a conocerle índice de la inflación de marzo que, de acuerdo a los resultados del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Banco Central, se colocaría en 3,9 por ciento, esto es tres décimas por encima de la registrada en febrero.
La proyección anual que surge de este registro es del 46 por ciento, lo que pondría el índice inflacionario por encima de lo previsto por el Presupuesto, pero también de la que hubo durante 2020.
Otra vez la inflación es impulsada por la suba de los precios de alimentos, que es digitada por un conglomerado empresarial cartelizado que -hasta ahora- se mostró refractario a todos los intentos que hizo el gobierno, para que exhiba la composición real del esquema de costos que acaba incidiendo en los precios de góndola.
Ni las reuniones sectoriales ni el Consejo Económico Social dieron resultado en tal sentido, al menos hasta ahora. Y esto plantea un problema profundamente político, para un gobierno que entró a La Rosada con el paradigma de construir un acuerdo transversal y policlasista, que acerque posiciones entre los universos del trabajo y el capital.
Pero tampoco lo están dando las medidas punitivas previstas por la legislación vigente. La semana pasada, la Secretaría de Comercio Interior imputó a Mondelez, Bagley y Pepsico porque comercializan con aumentos, productos prácticamente idénticos.
Un ejemplo es el de las galletitas Pepitos de Mondelez. Ya estaba el paquete de “Pepitos” y sacaron el de “Pepitos Original”. Los dos se comercializan con idéntico envoltorio y diseño, pero uno tiene peso neto de 118 gramos y el otro de 119. Pero el precio del segundo fue incrementado más del cincuenta por ciento.
Esta es la misma empresa que durante 2016, aprovechó un feriado para cerrar las puertas de la planta que poseía en Florida, para dejar en la calle a seiscientos trabajadores. Ese acto se completó con una feroz represión policial, contra los operarios que defendían su fuente laboral.
Lejos de ser anecdótico, aquel episodio muestra la impunidad de que gozan estos grupos que poseen una posición dominante en un sector clave, como es el que le pone precio a los productos alimenticios. Para sustentar este privilegio disponen de equipos de abogados de muy buena sintonía con un Poder Judicial diseñado para defender los intereses de la clase capitalista y que es muy eficiente a la hora de emberenjenar cualquier reclamo que pueda afectarla.
Desde la mirada empresarial, cualquier sanción se mide sólo en términos de coste y beneficio, por que habitualmente las multas quedan amortizadas por la tremenda ganancia que obtienen en mercados que tienen cautivos. Pero pese a esto, siempre quieren más.
Hace un mes, la Secretaría de Comercio Interior definió las primeras actividades industriales y comerciales que deberán brindar información mensual al Sipre, sobre sus productos. Este mecanismo incluye a alimenticias e industrias básicas de acero y hierro, entre otras.
Esto busca acotar la posibilidad de que las empresas hagan cosas como la de Pepitos. Pero para la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), el Sipre “atenta contra la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria”, tal como lo recalcó su presidente, Daniel Funes de Rioja.
Tras cartón y en idéntica dirección, se pronunció la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina, Amcham, que por medio de un comunicado criticó la prosecución del programa de precios máximos.
Evidentemente la codicia que está en el ADN de su clase los lleva a querer siempre más, pese a que fueron uno de los sectores que se destacó en términos de ganancia durante 2020 y pese a la pandemia.
Pero no se trata sólo de codicia. Este tipo de maniobras debe leerse también como una clara toma de posición, por parte del universo del capital que marca el terreno, ante cualquier intento de morigerar el impacto que la pandemia provoca entre los trabajadores.
Otro de los integrantes de este esquema cartelizado es el complejo agroexportador, que también durante el año pasado tuvo una excepcional rentabilidad. Fue la mejor de los últimos quince años que, merced al alza de los precios internacionales, dejó una utilidad limpia del orden del cuarenta por ciento (Ver ¡Alerta Ovni, llamen a Fabio Zerpa!).
Esta situación contrasta obscenamente con la que se vive hacia adentro del universo del trabajo y, peor aún, cuando se advierte el avance del precariado.
Un reciente informe del centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), da cuenta de que al compararla con la de los asalariados formales, la proporción de cuentapropistas y asalariados bajo la línea de pobreza es tres veces superior. Por su parte, la de desocupados la cuadruplica.
Estos son algunos datos, que ayudan a comprender por dónde va el abordaje con el que el gobierno intenta que la actividad económica mantenga la nariz por encima de la línea de flotación mientras dure la Segunda Ola.
En este contexto La Rosada le pone las fichas a que el Repro2 evite las empresas despidan trabajadores. Este programa ya exhibió su eficiencia, al suministrar asistencia a sectores no críticos y desde enero sumó a sectores críticos y a efectores de la salud. Así, durante febrero, benefició a 9.925 empresas, alcanzando a 300.795 trabajadores mediante una inversión de algo más de cuatro mil millones de pesos.
Este diseño prevé que el Estado subvencione a estas empresas ubicadas en “sectores críticos” que demuestren una caída en la facturación del veinte por ciento, respecto a la de 2019, actualizada por inflación. En ese caso el Estado se hace cargo de pagar hasta 18 mil pesos del salario de cada trabajador, lo que significa un poco menos que el ATP de 2020.
La cosa es clara: el gobierno busca que, pese a la Segunda Ola, se sostenga el nivel de empleo registrado en el sector privado, que de acuerdo a los datos del relevamiento que surge del Sistema Integrado Previsional Argentino, durante enero tuvo la mejor performance desde junio de 2015.
Esto se lee en el gobierno como un dato insoslayable, que habla acerca de una incipiente recuperación de la actividad, que se reafirma con el crecimiento de 1,6 por ciento que registró la industria manufacturera durante febrero, lo que la lleva a acumular 2,9 durante los dos primeros meses del año.
Queda claro que la Segunda Ola empuja al gobierno hacia la necesidad de volver a tener que focalizarse en la adopción de medidas que actúen sobre la coyuntura que, en principio, se orientan a volver a bajar la curva de contagios y evitar el colapso del sistema sanitario, así como morigerar el impacto que el momento tiene sobre la actividad económica.
En este sentido va también el nuevo proyecto que envió el ejecutivo al Congreso, por el que se busca modificar la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las empresas. Si bien mantiene el espíritu de la anterior iniciativa que mandó, contempla algunas observaciones que se hicieron desde el universo empresarial.
La reforma de Ganancias, que Senado transformó el ley la semana pasada fue un guiño para los sectores medios y una apuesta al incentivo del consumo interno. Y esta reformulación es un guiño para las patronales.
¿Pero qué va a pasar con el IFE (Ver ¿Qué hacer contra la segunda ola?)? Aunque no descarta abiertamente que se vuelva a ese mecanismo, La Rosada pretende evitar el impacto fiscal que la medida volvería a tener. Vale recordar que en 2020, alcanzó a alrededor de dos millones de personas y requirió una inversión de cerca de 270 mil millones. Pero asimismo permitió poner en negro sobre blanco el escenario que dejó el Gobierno Cambiemos que sumado a la contracción que trajo la pandemia, señala que cuatro de cada diez personas que viven en Argentina son pobres. En este marco, el abordaje del gobierno consiste en reforzar y ampliar el alcance de Potenciar Trabajo y la AUH.
Mientras tanto el ejecutivo hace equilibrio sobre una cuerda encerada. Ayer el ministro de Economía Martín Guzmán, inauguró su gira europea que incluye Italia, España y Francia. Se reunió con su par alemán, Peter Altmaier, y hoy tiene un encuentro con el director General de Política Económica y Financiera de la Cancillería, Lars Hendrik Roller.
Guzmán busca apoyo a la posición argentina para renegociar la fecha de pago al Club de París que vence a fin de mes, pero también respecto a la posición que tiene ante la deuda contraída por el Gobierno Cambiemos con el FMI.
Como todo lo que pasa durante estos meses de pandemia, las cosas moderadamente buenas alternan con las muy malas. 2020 registró una caída de alrededor de diez puntos del PBI, pero ya van nueve meses consecutivos en los que crece la actividad y dos menos en los que lo hacen los ingresos fiscales en términos reales.
También se verifica una sutil recuperación del empleo registrado, pero pese a las paritarias que ya se cerraron, los salarios de ese sector, siguen atrasados respecto a la inflación, tras los ocho puntos que en promedio cayeron durante lo que va de pandemia y los 23 que dejó de arrastre la Presidencia Macri.
En comparación al precio del dólar, la cosa empeora, ya que la pérdida se va casi al doble, algo que es preocupante para una economía en la que buena parte de los precios se nomina en moneda estadounidense.
Pero más allá de la coyuntura, para el corto y el mediano plazo, la pregunta del millón sigue siendo si el gobierno va a poder meter en caja los precios de la canasta básica. Y, en este punto, es prudente insistir con que más allá de la estrategia conciliadora que inspira al ejecutivo, de los controles que intente hacer y de las denuncias que se formulen, es preciso que se le otorgue a los actores de la economía popular un lugar desde el que pueden aportar soluciones para la coyuntura, pero que también son válidas para el mediano y argo plazo (Ver Se viene la pospandemia ¿y si vamos por otro tipo de normalidad?).