Un observatorio contra la violencia institucional

Política
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La Liga propuso la creación de un espacio independiente que trabaje en la detección y prevención de casos. Ayer, cooperativistas fueron golpeados por barrabravas y reprimidos por policías de la Ciudad ante el Ministerio de Desarrollo y Hábitat.

“Venimos a proponer un observatorio independiente del Estado para prevenir estos hechos”, recalcó el secretario de la Liga de los Derechos Humanos (Ladh), José Schulman, al participar del plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que considera poner en debate un proyecto que busca la erradicación de la violencia institucional.
Por eso esta comisión escuchó a referentes de los organismos de derechos humanos que coincidieron en que es preciso que el Congreso debata una iniciativa que permita acabar con este mecanismo que habitualmente es aplicado por fuerzas policiales y de servicios penitenciarios.
De encuentro virtual también participaron miembros de Amnistía Internacional, Cels, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte y Red de la Libertad.
Vale citar que el proyecto en cuestión, que fue presentado en diciembre por Paula Penacca, Hugo Yasky y Leonardo Grosso, busca establecer pautas de acción frente a las denuncias sobre violencia institucional “con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz”.
Y prevé que se establezca un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos, destinado al personal de las fuerzas policiales y penitenciarias.
A la hora de argumentar a favor de la creación de un observatorio contra la violencia institucional, la Ladh hizo hincapié en que “las soluciones de los problemas vienen de la mano del pueblo también en los temas de seguridad”, por lo que considera relevante la participación “de las organizaciones populares que han acumulado décadas de experiencia”.
Al respecto celebró la apertura de este debate y recordó en Argentina, “desde el fondo de los tiempos un aparato de Estado autorizado a usar armas letales, que las usaba contra el pueblo no sólo bajo las dictaduras militares sino especialmente luego del agotamiento de la dictadura militar de Videla”.
Y añade que “nuestra propuesta fundamental es conceptual, atraviesa todo el proyecto ya que no sólo hay una historia de lucha que va de Budge a Facundo Astudillo Castro, sino que hay una historia de fracasos, de remanidas reformas policiales que siempre repiten lo mismo durante 34 años”.
De ahí que la Ladh señale que el Observatorio debe ser “totalmente autónomo del Estado” y posea “capacidad de alerta temprana, para que la voz de los familiares no sea ninguneada, como hacen todos los casos y lo siguen haciendo” ya que “la tortura persiste en la Argentina porque los jueces le siguen creyendo a los torturadores, porque se sigue dudando de la madre de Facundo Astudillo Castro, del hermano de Santiago Maldonado o de las propias víctimas”.

Patotas, con P de PRO

La idea de la Ladh resulta pertinente si se tiene en cuenta recurrencia de casos y el carácter estructural, de una problemática que exhibe la connivencia de de personal policial, integrantes del Poder Judicial y bandas que actúa como fuerza de choque para la derecha política.
Ayer, miembros de movimientos sociales que se manifestaban ante la sede del Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad, fueron reprimidos por personal policial de esa jurisdicción que habría actuado en forma sincronizada con una patota que acababa de atacarlos, según denunciaron los agredidos.
Lo cierto es que primero fueron atacados por una banda conformada por barrabravas de Nueva Chicago y, tras cartón, entró en acción la Policía de la Ciudad que en lugar de actuar contra la patota, golpeó brutalmente y disparó balas de goma contra los cooperativistas que pugnaban por refugiarse en el interior de la sede ministerial ubicada en Villa Lugano.
La connivencia entre integrantes la Gestión PRO y bandas de barrabravas no es nueva. A poco de que Mauricio Macri asumiera como jefe de Gobierno, docentes que reclamaban mejores salarios ante la Legislatura, fueron atacados por una patota en la que se reconoció a connotados miembros de la barrabrava de Huracán, entre otras.
Integrantes de esa misma organización ilícita, fueron protagonistas de los hechos de violencia perpetrados en el Parque Indoamericano durante diciembre de 2010, que dejaron un saldo de dos personas muertas, más de una decena de heridos y medio centenar de detenidos.
Esa vez se vio a miembros de una de las facciones que por entonces disputaban la supremacía en la barrabrava de Boca, cuyos integrantes también tuvieron participación en el ataque con armas blancas, perpetrado en mayo de 2016 en el Centro de Participación y Gestión de la Comuna 4, cuando se debatía la posible venta del predio de Casa Amarilla.
Pero el caso más claro de connivencia, es que quedó registrado en el documental realizado por Jon Sistiaga para Canal + (https://www.youtube.com/watch?v=Zi8HZCFcB5w), donde ante el periodista español, se ve al fiscal federal Raúl Plee, por entonces jefe de Seguridad de Boca bajo la Presidencia de Macri, que explica que “ellos (la barrabrava) tienen una marca y como cualquier dueño de marca la comercializan con lo cuál financiarán sus viajes”.
Ahí también aparece Rafael Di Zeo, exhibiendo en su móvil una llamada que le hace otro fiscal, Carlos Stornelli, quien en ese momento era director de Seguridad del Club.