Alquileres: se profundiza la crisis para los inquilinos

Política
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A un mes de caído el Decreto 320/20 que prohibía aumentos y desalojos, la relación entre propietarios e inquilinos mutó también a una relación, cada vez más desigual, entre acreedores y deudores.

Pasa el tiempo y la situación de los inquilinos en la República Argentina se agrava cada vez más. El 31 de marzo venció el Decreto del gobierno nacional que prohibía en todo el país los desalojos y congelaba el precio de los contratos de alquiler. Transcurrió un mes de la pérdida de vigencia del decreto y recién esta semana el Estado retomó la cuestión, pero de forma parcial y técnica, que al fin y al cabo no modifica la situación.
Mientras el precio de los alquileres continúan aumentando en todo el país, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suscribieron un convenio para atender a la problemática del endeudamiento.
Con la pandemia se produjo un incremento exponencial del endeudamiento de los inquilinos que, por añadidura, afecta también a los propietarios, aunque estos últimos tienen herramientas para morigerar la situación, como retirar la unidad del mercado y relanzarla con precios más elevados.
En lo que respecta puntualmente a la relación propietario-inquilino en la que se funda el mercado inmobiliario, se produjo una metamorfosis: ahora también es una relación, siempre desigual, entre acreedor y deudor.
En este punto hay que remarcar que más allá de las medidas adoptadas por el Estado para paliar la situación de los inquilinos, como el Decreto 320/20, es claro que los alcances de las medidas no fueron suficientes para garantizar un escenario de equilibrio mínimo que permita, al menos, repartir las cargas de la crisis.
Por el contrario, una vez más el poderío de las grandes inmobiliarias y de los medianos y grandes propietarios se impone sobre las condiciones desventajosas en las que se encuentran aquellas personas que están obligadas a alquilar para acceder a la vivienda.
Algunos datos confirman la situación. Transcurrió poco más de un año desde el inicio de la pandemia en Argentina y desde entonces el valor de los alquileres, en la Ciudad de Buenos Aires —epicentro de la especulación inmobiliaria en Argentina— se incrementó casi un 64 por ciento, 18 por ciento por encima de la inflación medida por el Gobierno de la Ciudad (36,1 por ciento) para el mismo período. Si se tiene en cuenta que en la Ciudad 450 mil hogares residen en viviendas alquiladas, es fácil deducir el daño enorme que genera la situación.
Sin embargo, es probable —ya que no hay estadísticas oficiales— que la disminución de la capacidad de pago para los alquileres sea más pronunciada en el conurbano bonaerense y en las provincias argentinas, más que en la Ciudad, porque es allí donde se expresa con mayor gravedad el déficit habitacional y donde se encuentran la mayoría de los hogares en situación de alquiler.
Por lo pronto, es muy importante seguir de cerca cómo se desenvuelve la relación propietario-inquilino en su fase acreedor-deudor. Según el Decreto 320/20, en el mes de abril los inquilinos que no hayan podido pagar el alquiler en el período de vigencia del Decreto deberán pagar la cuota 1 de 9 o 12, según lo acordado con el propietario, de la deuda generada, que se suma al pago regular del alquiler. Si se tiene en cuenta el deterioro del poder adquisitivo del salario en los últimos cinco años y que sigue faltando una política de inyección de dinero entre los trabajadores, para promover el consumo y el mercado interno, se puede concluir que los inquilinos deberán enfrentar la segunda ola de la pandemia en peores condiciones que el 2020.
Por eso, es incomprensible que, a pesar de la cantidad de argumentos que hay a favor de la implementación de una política nacional de acceso a la vivienda, en Argentina no haya siquiera una política pública de subsidio a los alquileres, como si hay en Chile o Uruguay, solo para mencionar realidades más cercanas a la nuestra que la de los países de la Unión Europea, si es que se quiere seguir e imitar únicamente modelos capitalistas y recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo.
Lo que es claro a esta altura del partido, es que con paliativos y medidas “técnicas” la cuestión del acceso a la vivienda en Argentina, ya no de la propiedad, se va a continuar profundizando, mucho más en coyunturas de crisis económica y social.