Sigue el lockout de la Mesa de Enlace y La Rosada apuesta al ABC. Hay otra Mesa que quiere cuidar la mesa de los argentinos. El Club de Paris puede esperar ¿Y el Fondo? Macri marca la cancha y Bullrich retrocede en chancletas. Una decisión judicial que preocupa y un atentado que lo hace todavía más.
La Mesa de Enlace (ME) prolongó hasta el miércoles el lockout, que decidió como respuesta al paréntesis dispuesto por el ejecutivo nacional para la exportación de carne bovina. Así lo anunció por medio de un comunicado en el que no se priva de nada, ya que cuestiona la medida gubernamental, al tiempo que le echa la culpa a La Rosada por cosas como la inflación y “la falta de vacunas”.
Pero lo cierto es que más allá de ese texto, que bien pudo haber llevado el sello de JxC, la medida de la ME provocó escasez del producto y el consiguiente aumento del precio.
La decisión de seguir hasta el miércoles, aparece como moderada a la luz de los dichos de buena parte de esa corporación que pretendía añadir al lockout granos y carne de cerdo. Finalmente primó la postura de los que entendían que ya era demasiado, pero no porque esto provocó más aumento de precios, sino porque -argumentaron- se les estaba acumulando stock.
Con ese telón de fondo el Gobierno sigue la negociación, pero no con la ME, sino con el Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC), que la corporación que agrupa los frigoríficos que controla el ochenta por ciento de las exportaciones.
Como se ve se trata de esquema de concentración y cartelización similar al que rige el mercado de granos (Ver El Cártel del Silobolsa) y que, como ése, también exhibe niveles muy elevados de evasión fiscal y subfacturación (Ver De carne somos).
Y si para muestra alcanza con un botón, la Dirección General de Aduanas acaba de denunciar a 19 frigoríficos por operaciones fraudulentas de exportación. En estos casos, la maniobra consistía en declarar exportaciones de hueso y carne, que es un producto no apto para el consumo humano, cuando en realidad exportaban carne apta para ese tipo de consumo.
Vale citar que la carne que no se habilita al consumo de personas tributa cinco por ciento de retenciones y la otra nueve por ciento.
Pero, tal como se descubrió con el caso Vicentín, en el negocio de la carne, la parte del león de la evasión, también es la que se quedan los trianguladotes seriales que simulan ventas a sus casas matrices radicadas en Uruguay, donde suelen tener sólo un sello y una oficina. Esa “venta” siempre es por un monto inferior al de la que realmente se hace y así, la diferencia queda sin declarar. El resultado es que pagan menos impuestos, algo para lo que cuentan con toda una arquitectura de equipos de abogados y contadores, así como con la certeza de que el Poder Judicial difícilmente deje de mirar para otro lado (Ver Surfing en el Nyiragongo).
¿Será esa la libertad que van a buscar tantos “patriotas” que últimamente se radican en Uruguay?
Por otra parte, esa diferencia que hacen, son divisas que dejan de entrar al Tesoro público de un país que tiene uno de sus principales problemas en la restricción externa. Y asimismo, esto es plata fácil que se transforma en activos financieros, que inflan burbujas en mercados como el del dólar que para Argentina es complicado y sensible, ya que cualquier cosa sirve para presionar sobre la brecha del tipo de cambio y provocar expectativas de devaluación que suelen incrementarse durante los años en los que hay elecciones.
Como se ve, también aquí se verifica la imbricación creciente, hacia adentro de de la clase capitalista, entre las facciones financiera y aquella más ligada a ciertos rubros productivos, especialmente aquellos que transforman comida en commodities y trabajo en dinero de escaso de respaldo. Y estos son los muchachos con los que, por estos días, La Rosada sostiene una pulseada.
Las exportaciones de carne vacuna declaran 2.800 millones de dólares anuales y, durante los últimos años, Argentina pasó de exportar el nueve al treinta por ciento de su producción. En el medio de todo esto, el consumo interno de carne bovina tuvo durante abril su registro más bajo del siglo, al que se comprende cuando se advierte que durante el último año, su precio fue aumentado un 65 por ciento, esto es, bastante por encima de la inflación.
El ABC propuso elevar de seis mil a doce mil toneladas el volumen que se provee a Precios Reducidos, pero el gobierno considera esta oferta como insuficiente y espera que los del Consorcio le saquen punta al lápiz.
Y mientras tanto, se supo que ya circula un borrador de un proyecto que buscaría establecer por Ley del Congreso, un mecanismo que permita desacoplar los precios internacionales de los locales en el caso de productos esenciales como la carne bovina, al tiempo que actuaría sobre insumos clave para la cadena de este producto.
También plantea prohibir la exportación de los cortes considerados populares y el aumento de los derechos de exportación, algo que requeriría una modificación de la Ley de Solidaridad.
Pero por ahora en la mesa de negociación con los ABC, el ejecutivo se acomoda mejor a un acuerdo similar al que acaba de suscribir con la industria láctea, que es un sector que quedó acorralado con la expansión de la frontera sojera de los 90 y recibió un mazazo letal cuando la Presidencia Macri se encargó de dejar al segmento cooperativo al borde de la destrucción.
Queda claro que el gobierno debería mirar más hacia el sector cooperativo a la hora de buscar soluciones que, al menos, equilibren un poco esto de la puja distributiva que no es otra cosa que un episodio más de la lucha de clases (Ver Puja distributiva ¿quién se come la torta?).
Y es precisamente desde el sector que con amplitud se puede señalar como economía popular, desde donde el viernes se le envió una propuesta más que interesante a La Rosada (Ver La otra Mesa).
Se trata de la Mesa de Frigoríficos Recuperados que representa el cuatro por ciento del mercado interno, pero tiene la capacidad para llegar a un diez del total. Este colectivo propone una serie de medidas destinadas a “equilibrar de punta a punta la compleja” cadena de esta industria para “garantizar la carne vacuna en la mesa de todas y todos los argentinos a un precio razonable para el conjunto de la población”.
Plazos
Hoy lunes vence el plazo de pago por 2.400 millones de dólares que Argentina adeuda al Club de París que, según todo parece indicar, va a tener una prórroga de sesenta días como resultado de las gestiones que hizo el presidente Alberto Fernández en su reciente gira europea, a la que sumó la videoconferencia que el viernes realizó con Angela Merkel.
Desde La Rosada confían en que ese período de gracia alcance para acabar de abrochar un principio de acuerdo sólido con el FMI, para la negociación de la deuda de 45 mil millones de dólares que contrajo con ese organismo la Presidencia Macri.
La reestructuración de toda la deuda sigue siendo un objetivo prioritario para el gobierno que evalúa que alcanzarlo, permitiría destrabar el acceso de los sectores público y privado al mercado de crédito. Pero también sabe que recibió una situación financiera más que delicada, atravesada por un proceso de default que comenzó Mauricio Macri cuando fue a tirar la escupidera al FMI para poder financiar sus anhelos reeleccionistas.
Aquí cabe volver a recordar que lo que pide La Rosada es que se exima del pago de las sobretasas sobre los intereses debe pagar el Estado, ya que el Gobierno Cambiemos pidió más que lo que la situación financiera del país le permitía (Ver No es personal, sólo son negocios).
Y el otro punto es que se amplíe el plazo de negociación a más de los diez años que prevé el estatuto del Fondo, porque durante ese plazo, Argentina tiene demasiados vencimientos de bonistas privados que surgieron del arreglo que se arribó durante 2020.
Al parecer la perspectiva de que haya arreglo sigue siendo buena y así lo refleja la suba de los bonos soberanos argentinos asociada a la caída del riesgo país.
Por otra parte, el ejecutivo tuvo un leve respiro al leer los datos que llegan de la inflación de la última semana de mayo, que exhibe una desaceleración en los precios de los alimentos que estarían cerrando el mes con una suba del tres por ciento de acuerdo al informe de la consultora LCG.
De todos modos sabe que esta es una carrera en la que viene corriendo desde atrás, por lo que todo parece poco si se quiere entrar con posibilidades a la recta final.
Junto a la de acomodar el desastre que Macri dejó con la deuda, el gobierno tiene dos urgencias, de las que una parece irse encaminando con la llegada de vacunas sin precedentes que ya se registra y se espera que se incremente durante junio.
En este sentido un dato habla por sí mismo. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, envió alrededor de un millón de turnos lo que garantizaría que en ese territorio todos los grupos de riesgo estén vacunados antes de la llegada del invierno.
La otra es atender las emergencias sociales que la Segunda Ola de la pandemia profundizó. Al respecto, a las medidas establecidas para intentar controlar precios de los productos de la Canasta Básica y los mecanismos que subsidian la compra de alimentos, se espera un anuncio vinculado a la puesta en marcha de un paquete de medidas de asistencia directa.
Las posibilidades que trascendieron, son que puede establecerse una herramienta al estilo de lo que fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o bien por medio de la ampliación del esquema que dispuso el bono de quince mil pesos entregado como parte del Refuerzo por Emergencia Sanitaria en abril y mayo a los titulares de la AUH, AUE y monotributistas A y B con residencia en la zona Amba.
“Estamos siguiendo la situación que es crítica”, reconoció el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, tras lo que recalcó que “mucha gente que la pasa mal y evaluamos todo el tiempo la situación social y económica”, por lo que no descartó “ninguna medida”.
En este contexto, durante el fin de semana cobró fuerza la versión de que una medida de este tipo, se extendería durante cuatro meses con un costo fiscal de alrededor de un punto del PIB.
Caño, con C de cacerola
Deuda externa y deuda social interna, son dos claves para comprender a la Argentina de las últimas cinco décadas, pero también son emergentes que permiten explicar la razón de ser del Gobierno Cambiemos.
Porque más allá de las perversiones personales y de clase de quienes perpetraron todo esto, ajuste, sobreendeudamiento para beneficiar la maximización de la tasa de rentabilidad financiera de pocos que encima se la fugaron toda, destrucción de trabajo y de la estructura estatal, fueron parte de un plan pergeñado por una banda que se hizo del Gobierno desde donde lo ejecutó.
Y, para hacerlo, echó mano a mecanismos que no son exclusivos de Argentina y que tienen un núcleo fundamental en la persecución política y social, el hostigamiento, la represión y el lafware que articula al poder político, judicial y buena parte de la industria massmediática.
Durante los días que corren, algunos de los engranajes de ese mecanismo parecen comenzar a aflojarse. La situación de Fabián Rodríguez Simón (a) Pepín, se vuelve más comprometida porque parece que el gobierno uruguayo no tiene muchas ganas de hacerse cargo de ese paquete.
Mientras tanto de este lado del Plata, Macri sigue prometiendo su Segundo Tiempo y les baja el precio públicamente a María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Mario Negri y a todo el partido radical.
Y en este clima de campaña interna por el liderazgo del bloque de representación política que tiene su emergente en JxC, Patricia Bullrich quedó retrocediendo en chancletas cuando Pfizer le refregó por la cara aquello de que el poder real tiene sirvientes, pero nunca amigos.
Eso la privó del touch de gloria que esperaba tener al compartir la foto con Luis Chocovar saliendo de los tribunales donde acababan de condenarlo por “homicidio con exceso”. El ex policía recibió una sentencia de sólo dos años y medio que es excarcelable, y después de cinco años va a quedar habilitado para volver a cumplir funciones donde pueda usar armas de fuego.
La decisión adoptada por el Tribunal Oral de Menores 2, naturaliza eso de que disparar por la espalda sea considerado un exceso, sobre todo si se trata de un policía que se supone debe estar adiestrado para actuar en situaciones de este tipo.
Esto es grave, pero más aún es lo que pasó en Bahía Blanca donde el 25 de mayo detonaron un artefacto explosivo ante la fachada de un local de La Campora. La línea de investigación de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal habla de un atentado meticulosamente planificado y que la bomba fue detonada de forma remota y tenía considerable poder destructivo.
Ahí también se arrojaron volantes intimidatorios, con un mensaje que condensa buena parte del sentido común que se propala por las usinas de la derecha que desde hace tiempo proliferan. Es urgente que este hecho se esclarezca, pero también es una advertencia de lo que pasa cuando se construye un sentido identitario, a partir de la objetivación de una mayoría social como chivo expiatorio, al que se le atribuye una carga negativa que representa todo lo opuesto al orden que se quiere vender como bueno y apropiado.
La mística cacerolera tiene mucho de esto que, el mismo día del atentado, se expresó en algunas marchas que se vieron en diferentes ciudades del país para denunciar la “infectadura” y otras pavadas por el estilo.
Pero entre esas expresiones patéticas y la violencia física como herramienta de desestabilización política, hay una línea bastante delgada, sobre todo cuando entre los protagonistas de ese berenjenal discursivo, están algunos de los máximos referentes del principal bloque de oposición.
Esto es muy peligroso, más todavía cuando pasa en una formación estatal de la periferia capitalista y cuando, en su actual etapa de desarrollo, al capitalismo le quedan cada vez menos herramientas de seducción y persuasión.
Porque hablar de capitalismo, es también hacerlo de una forma de relacionarse socialmente que está en crisis como el propio sistema. Y este es un capítulo de la crisis de larga duración capitalista, en el que lo que se puso en cuestión es un sistema tuvo eficiencia durante más de doscientos años a partir del uso que hizo del trabajo asalariado y la energía fósil, asociada a procesos de degradación de la tierra que comienzan a señalarle sus propios limites.
Esto trae aparejado un descenso de la tasa de rentabilidad de muchas de las actividades productivas que, por supuesto, el sistema le hace pagar a los trabajadores. Y, en esta evolución de su propia crisis sistémica, el capitalismo corre hacia delante y lo hace mediante una profundización de fenómenos como la concentración y la explotación, lo que impone una reformulación del tipo de vínculo social que, al menos en teoría, postula como apropiado la democracia liberal burguesa.
Es que ante esto, necesariamente el sistema capitalista precisa echar mano a herramientas que profundicen la intervención autoritaria, violenta y directa por parte de las clases dominantes. Y es aquí donde aparece un hilo conductor claro entre los locos de la infectadura, el mensaje violento de la massmedia dominante, el Segundo Tiempo que pretende Macri y los planteos de aquellas corporaciones que buscan maximizar ad infinitum su tasa de rentabilidad a costillas del hambre de muchos.