En las últimas horas el Enre aprobó la adquisición de Edenor por parte del Grupo América. Ahora, y a pesar de que la operación no es compatible con la ley de medios vigente, se da por descontado que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dará el visto bueno.
Pese a estar en contradicción con el sistema legal vigente en Argentina, el gobierno nacional aprobó, mediante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y su resolución 207 que lleva la firma de la interventora Soledad Manin, la adquisición por parte del grupo Vila-Manzano-Filiberti (propietarios del consorcio mediático Grupo América) de la distribuidora eléctrica Edenor, que se encarga del tendido eléctrico en la mitad de la Ciudad de Buenos Aires y en la zona norte y oeste del conurbano bonaerense. La aprobación final del organismo cierra una negociación entre privados y entre privados y el Estado que se extendió por varios meses.
La operación se llevó a cabo en medio de una crisis económica y social muy grande en la Argentina pero que, evidentemente, no afectó a todos. Como siempre, en tiempos de crisis hay ganadores y suelen ser los mismos. Entre los ganadores de la última década en Argentina hay que contar al grupo que integran Daniel Vila, Julio Manzano y Mauricio FIliberti, propietarios entre otros del Grupo América que incluye los canales de televisión América 2 y A24, las emisoras de radio La Red y Blue y el portal de noticias digitales UNO, además de otros medios regionales emplazados en distintas regiones del país. Con la adquisición de Edenor, el grupo Vila-Manzano expandió su área de negocios e ingresó fuertemente —es también accionista de Metrogas— en el negocio de la energía eléctrica a través de la compra de Edenor a Pampa Energía de Joe Lewis y Marcelo Mindlin, quienes supieron hacer una buena fortuna durante los cuatro años de gobierno de su amigo personal Mauricio Macri.
El Grupo América compró el 51 por ciento del paquete accionario de Edenor en un monto estimado en 100 millones de dólares. Luego del dictamen favorable de la semana pasada, los nuevos dueños deberán presentar una serie de documentos ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, organismo que debe evaluar la operación en términos de concentración de mercado y que se descarta que así lo hará luego de la aprobación por parte del Enre.
Sin embargo, la operación no debería llevarse a cabo, al menos en los términos planteados hasta el momento, debido a que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Lsca) establece en sus artículos 24 y 25 que una misma sociedad no puede ser prestadora de un servicio público (Edenor) mientras posea medios audiovisuales (Grupo América). La Lsca si bien fue desarticulada por el macrismo, especialmente con la disolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en diciembre de 2015 y el desmembramiento de su núcleo anti-concentración, gran parte de sus artículos continúan vigentes y son los que regulan este tipo de operaciones. En otras palabras, el Grupo América debería deshacerse de sus radios y canales de televisión para poder asumir el control de Edenor.
Edenor y el servicio público
El Grupo América adquirió Edenor, la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina con 3,2 millones de clientes y que representa aproximadamente el 20 por ciento de la demanda total de electricidad en el país, por un monto inicial de 100 millones de dólares, que comprende al 51 por ciento de las acciones que actualmente tiene el grupo Pampa Energía de Mindlin.
Edenor es una empresa con “historia” en el área metropolitana, que nació y creció con el negocio de las privatizaciones en la década del noventa y que durante los años del kirchnerismo, a pesar de las presiones “mediáticas” por parte del por entonces Ministerio de Planificación para que mejoren el servicio, se destacó por hacer grandes negocios con los subsidios otorgados por el Estado, lo que motivó una seguidilla de veranos en los que abundaron los cortes de luz en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. A pesar de ello, la concesión nunca estuvo en riesgo. Luego, si las empresas prestadoras de servicios públicos se ubicaron entre los máximos ganadores de la política económica del macrismo, las energéticas, integraron un grupo privilegiado. Los tarifazos, junto al endeudamiento externo masivo, fueron uno de los pilares fundamentales de la política económica de la derecha en el período 2015-2019.
Las ganancias siderales de las energéticas se debieron, hay que recordarlo enfáticamente, a la cantidad impresionante de recursos que recibieron durante el período 2015-2017 gracias a dos medidas trascendentales del macrismo: los tarifazos —con tarifas especiales para las empresas electrointensivas— y la condonación de deuda por parte de Cammesa —Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A— a distribuidoras como Edenor, Edesur y Edelap.
El Grupo América compró Edenor en el marco de una política energética radicalmente diferente a la implementada por el macrismo en el período 2015-2019, pero que pese a las tarifas congeladas durante el primer año de pandemia y las subas recientes, por debajo de la inflación, no altera los cimientos en los que se apoya un sistema de servicios públicos que continúa privatizado.
Una vez más, resulta propicio insistir en que a contracorriente del sentido común instalado en la década del noventa y muy vigente en la actualidad, corresponde preguntarse si ante la crisis económica y sanitaria que vive el país —y el mundo— no es conveniente que el Estado recupere las empresas de servicios públicos. Mucho más si se tiene en cuenta que aún no se subsanó, tal como el Frente de Todos propuso en la campaña presidencial del 2019, la política energética que tantos problemas genera desde hace más de 10 años. Más allá de medidas paliativas, gran parte de la población trabajadora continúa pagando facturas que representan un altísimo porcentaje con relación a los ingresos familiares.