Parte de la oposición institucional en el Congreso presentó un recurso para que se declare inconstitucional el acuerdo con el FMI. A su vez, es necesario que el movimiento popular plantee su ilegitimidad en las calles.
Mientras el gobierno ya comenzó a liquidar una partida de dólares que ingresaron al país como parte del acuerdo con el Fondo Monetario en el mercado cambiario y de bonos, la oposición busca declarar la nulidad del convenio firmado entre el Estado nacional y la entidad que conduce Lagarde por inconstitucional.
Pese que en la Cámara de Diputados fracasó el intento de los bloques del kirchnerismo y el Frente de Izquierda para tratar el acuerdo con el Fondo gracias a la complicidad del Frente Renovador y el Justicialismo con Cambiemos, hay bases sólidas para declarar la inconstitucionalidad del megablindaje con contraprestaciones que suscribió el macrismo. Más que una batalla técnica, ahora se trata de una batalla política que se puede dirimir en el Congreso o la Justicia, pero que sin dudas dependerá de la presión que pueda realizar desde la calle el movimiento popular.
La iniciativa la tomó la diputada por el kirchnerismo, Fernanda Vallejos, quién presentó este martes un recurso de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de que la Justicia declare la "nulidad e inconstitucionalidad" del acuerdo con el Fondo.
El escrito de casi veinte páginas llevó la firma de los abogados Jorge Cholvis y Eduardo Barcesat, donde se señala “la manifiesta falta de competencia constitucional” del Ejecutivo para firmar el acuerdo y detalla que “no hay razón alguna para que el presunto ‘salvataje’ se geste con la sola y única intervención de los personeros del PEN, y sin que el Congreso de la Nación haya podido tomar intervención previa”.
El argumento apunta al corazón del mecanismo constitucional para contraer empréstitos de esta magnitud en el exterior: no se puede endeudar al Estado por años y en este volumen sin la aprobación directa del poder legislativo.
El amparo presentado por Vallejos no es el único que tiene trámite en los Juzgados Federales. Los diputados Doñate y Tailhade presentaron también un recurso para que el Estado se abstenga de “concluir cualquier acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional sin antes dar intervención al Honorable Congreso de la Nación tal como lo establece el artículo 75 inciso 4 de la Carta Magna”.
Más allá de las idas y vueltas institucionales, queda claro que el poder de veto en el acuerdo con el Fondo –que ya se está ejecutando– lo tiene el movimiento popular en la calle. En la arena institucional, el gobierno lleva la ventaja de formar parte y administrar el Estado liberal burgués cuyos mecanismos están diseñado para que el poder de las fracciones de las clases dominantes se impongan por sobre los intereses de las mayorías populares que son las que generan riqueza con su trabajo.
Inflación de Fondo
El poder de veto está en la calle. Los trabajadores cada día encuentran cada vez más difícil poder hacerse de los víveres mínimos diarios para satisfacer las necesidades cotidianas. El traslado a precios de la devaluación no se detiene. En lo que va de junio –tres semanas– los productos de la canasta básico aumentaron un trece por ciento, según informó la consultora Focus Market.
El alza más importante se produjo en un producto que es la base alimenticia de los sectores populares en épocas de crisis: las harinas. Pan, facturas, galletitas, fideos secos y demás alimentos que por su precio y rendimiento se consumen en detrimento de aquellos que son más sanos y caros al mismo tiempo: frutas, verduras, cereales, carnes magras, etc.
La carrera alcista de los precios comenzó con la crisis cambiaria de abril cuando el JP Morgan y otros bancos cercanos al Gabinete realizaron una mini-corrida.
El Banco Central dejó subir el dólar hasta los 25 pesos y Macri junto a Dujovne justificaron la necesidad de recurrir al Fondo Monetario Internacional. Pese –¿pese?– a ello y con el crédito stand-by otorgado, el dólar siguió subiendo para instalarse en la zona de los 29 pesos.
Se sabe que una de las recomendaciones del Fondo es que el dólar esté, al menos, en los 31 pesos. Algunas propuestas un poco más ortodoxas, como la formulada por Melconian, sugieren que la moneda yanqui se debe ubicar en el precio de los 41-43 pesos para solucionar el problema del déficit comercial, que es en dólares y que es uno de los problemas estructurales del país, y no el déficit fiscal como intentan hacer creer.
Pero una solución de esa índole tendría consecuencias aún más devastadoras para los trabajadores, el comercio interior y la pequeña y mediana empresa que la política económica actual del macrismo.
Mientras tanto la inflación, que para este año proyectada romperá la barrera del treinta por ciento, golpea a toda la población. Y el FMI tiene mucho que ver en ello. Por eso la necesidad de voltear en las calles el acuerdo ilegítimo que hizo el macrismo.