El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se niega a abrir una mesa de diálogo y vecinos del barrio porteño se encuentran en riesgo de quedarse en la calle.
A partir del 30 de junio vecinos de la Villa 31 acampan en un sector del barrio, La Containera, ante un problema habitacional estructural en los barrios populares que se suman al aumento de los alquileres y el avance inmobiliario en el barrio Carlos Mugica. De esta manera en los últimos días crecieron los rumores de un posible desalojo a un centenar de familias.
La toma se inició en un terreno que estaba lleno de basura, que las propias mujeres limpiaron y sobre el que armaron carpas precarias. Los movimientos sociales le exigieron al gobierno porteño y a la fiscalía que “detengan el inminente desalojo y den una urgente solución habitacional a las familias”, y los responsabilizan por “la integridad física de mujeres y niños”.
Integrantes de las organizaciones presentes en el conflicto enfatizaron que la problemática se debe a la “mala gestión del plan de urbanización” ya que el mismo “no tiene en cuenta a los inquilinos”. Martín Penalva, integrante del Partido Comunista de la Villa 31, enfatizó que “si bien hubo un decreto que impidió los desalojos, con el nivel de informalidad que hay en las villas eso nunca se cumplió. Tampoco hubo en la Ciudad de Buenos Aires la voluntad del Gobierno de salir a rescatar a los inquilinos que muchas veces han sido desalojados en plena cuarentena ante la imposibilidad de pagos”.
En esa dirección, el militante del MTL señaló que “la quita del IFE, que era un subsidio para los sectores más desprotegidos, agravó la situación. Hay muchos trabajadores y trabajadoras de las villas que se desempeñan en condiciones de informalidad y no han logrado recuperar su trabajo desde la llegada de la pandemia”.
En lo que respecta a la situación en los hogares, Penalva recalcó que “hay muchas familias de mujeres con chicos, lo que plantea también darle una perspectiva de género a la situación. En la pandemia se agudizaron mucho más las situaciones de violencia de género, para lo cual tampoco hay una respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad”.
“Ante la situación actual de la toma no hay de parte del ejecutivo porteño una alternativa que implique una vivienda. La única respuesta es la judicialización de la situación y no hay voluntad política de otorgar una vivienda, en el marco de un proceso de urbanización que tiene muchos puntos oscuros, como venimos planteando en la Mesa por la Urbanización, señalando que los inquilinos se están quedando afuera del proceso”, enfatizó.