El avance de las investigaciones sobre la entrega de armamento a la dictadura de Bolivia en noviembre de 2019 por parte del gobierno argentino y de las operaciones del prófugo “Pepín” Rodríguez Simón dejan al descubierto cómo el macrismo se sirvió del Estado para perseguir opositores y participar en la violación a los derechos humanos en países limítrofes.
A pesar de los grandes esfuerzos que realiza a diario el poder judicial para proteger al expresidente Macri, a sus funcionarios y a sus operadores judiciales, no cesan de aparecer nuevos documentos que evidencian la participación del gobierno macrista en hechos de violaciones a los derechos humanos en la región y en operaciones judiciales destinadas a perseguir a la oposición política, cuyo máximo exponente es el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
En las últimas horas el Ministerio de Defensa de Bolivia publicó un “acta de entrega y recepción” que emitió la dictadura de Jeanine Añez en agradecimiento al gobierno argentino por el envío del armamento que sirvió de soporte a la represión contra el pueblo boliviano y que causó, al menos, 27 muertos en las denominadas masacres de Sacaba y Senkata perpetradas en noviembre del 2019. Además, el Estado boliviano incorporó a la causa judicial que tramita en el país limítrofe un informe de la Fuerza Aérea en el que se acusa recibo de material bélico proveniente de Argentina. Todos estos documentos desarticulan la defensa inicial del macrismo, que rápidamente alegó que el documento inicial que motivó la denuncia por parte del gobierno de Bolivia era falso, argumento que dejó de ser repetido en las últimas horas dada la cantidad y la contundencia de las pruebas encontradas hasta el momento.
Como si fuera poco, el actual embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, informó que “Macri se reunió con la cúpula de Gendarmería antes de enviar armas a Bolivia" y calificó el envío de armamento como “el caso de contrabando agravado más importante de la historia argentina”.
Mientras tanto en la justicia argentina el juez Javier López Biscayart, que instruyó el expediente durante la feria, declinó su competencia para investigar la causa que en el país analiza el envío de armas y municiones a Bolivia. “La declinación de competencia que se decide no determina un grave retraso para la investigación de los hechos denunciados”, afirmó López Biscayart en la resolución en la que considera que debe ser el juez Alejandro Catania quien siga adelante con la investigación. Ahora, Catania debe decidir si acepta la causa o si la remite al terreno de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. Frente a esta jugada de la justicia, la Liga Argentina por los Derechos Humanos —que pidió ser querellante en la causa— enfatizó que el envío de armas a Bolivia “no es un delito económico” sino que se trata de “graves violaciones a los derechos humanos”, enfoque que, según el organismo, valida el derecho de la Liga a participar de la causa como querellante, pedido que Biscayart rechazó antes de desligarse de la investigación.
Por su parte, del otro lado del “charco”, en Uruguay, la Comisión de Refugiados (Core) de ese país rechazó el pedido de refugio político de “Pepín” Rodríguez Simón. La resolución llegó luego de que la Cancillería uruguaya había recibido en mayo el pedido de “Pepín” para que se le otorgue el estatus de refugiado político, dada la comprometida situación judicial que atraviesa en Argentina debido al avance de las causas que investigan las operaciones judiciales armadas por el macrismo para perseguir a dirigente del kirchnerismo.
La justicia fue donde el macrismo metió —y todavía mete las manos— para garantizar su impunidad y para mantener, todavía, presos políticos en el país. Durante buena parte de la gestión macrista, una de las figuras más destacadas en esta tarea fue Rodríguez Simón, integrante junto a otros, como Daniel Angelici, de la denominada “Mesa Judicial” de Macri. Todo comenzó cuando la jueza Servini de Cubría resolvió, a instancias del abogado Carlos Beraldi, la prohibición de la salida del país de Rodríguez Simón —que desde hace tiempo se encuentra en Uruguay—, tras comprobarse la correlación de sus comunicaciones con los hechos vinculados a la persecución del Grupo Indalo y sus accionistas desde el 25 de octubre de 2015. Pero eso no es todo. De los entrecruzamientos también salieron a la vista sugestivos contactos entre Macri, Simón e integrantes del Poder Judicial en momentos importantes en la causa por el Correo Argentino.
Estos vínculos, entre el poder judicial y el macrismo, son los que Macri y sus espadachines buscan tapar, aunque hayan quedado burdamente expuestos luego de la comprobación de que el titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, ingresó al menos seis veces a la Casa Rosada para mantener entrevistas con Macri, con quien reconoció que discutía sobre política judicial durante su gestión. De ahí, que Pablo Clusellas, exsecretario de Legal y Técnica de Macri, haya interpuesto una apelación ante el fiscal Franco Picardi, para impedir el acceso a los registros de ingresos y egresos de la Casa Rosada y la quinta presidencial de Olivos. Con esa medida el fiscal Picardi, que instruye la causa sobre la “Mesa judicial” que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti y que involucra a Macri, buscaba confirmar la conformación de la mesa y la periodicidad de sus reuniones, como paso previo para avanzar en nuevas medidas. No deja de ser sugestivo que la justicia tenga problemas para acceder al mismo libro de ingresos que, bajo el actual gobierno, se filtra por todos los medios de comunicación con el propósito de armar una operación contra el presidente Alberto Fernández.