La entidad que reúne a medianos y pequeños empresarios, destacó que comparte el llamado presidencial “a la unidad nacional por el desarrollo con inclusión social”.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) hizo pública su satisfacción por el llamado hecho por el presidente, Alberto Fernández, “a la recuperación económica y social profundizando el camino del desarrollo inclusivo, con plena vigencia de la justicia, la democracia, los derechos humanos y una economía al servicio del trabajo y la producción nacional”.
Al respecto valoró positivamente “el esfuerzo realizado desde un Estado nacional presente para minimizar el impacto de la pandemia global, que en nuestro país se sumó al daño de cuatro años de desregulación, apertura irrestricta y especulación financiera” y señaló que coincide “con los objetivos de recuperación de la industria local y el poder adquisitivo de la población”.
Asimismo, sobre el mensaje de Fernández, destacó que “los sectores financieros especulativos y los grupos económicos concentrados formadores de precios, favorecidos por las políticas del periodo anterior, han buscado y buscan imponer sus intereses por sobre los del conjunto de la población, aún en pandemia”, por lo que Apyme “va a apoyar medidas y leyes destinadas a desalentar y sancionar estas actitudes”.
En tal sentido, hizo hincapié en que va a ser importante “fortalecer las instancias de control de la formación de precios en las cadenas de valor, garantizando la defensa de los consumidores y el normal abastecimiento del mercado interno, así como los precios de los insumos difundidos, de fuerte impacto en los costos de las Pymes”.
Pero también “debe penalizarse a las empresas que incumplen con la regulación de las tecnologías de comunicación y conectividad, que fueron declarados servicios públicos esenciales”.
Asimismo, resaltó que en el marco de un sistema judicial “fuertemente sospechado de parcialidades y vínculos con sectores de privilegio, también las leyes que buscan regular la economía son susceptibles de una ilegítima judicialización, en perjuicio de las Pymes, las cooperativas, la economía social y el conjunto de los trabajadores”, por lo que “avanzar con una efectiva reforma del sistema judicial, es vital para la democracia política, económica y social”.