Objetivo Cumplido! Inflación, recesión y tensión social. SOS ¿dónde está la CGT? Tres escenarios preocupantes y un corsé para que Argentina entre definitivamente al mundo.
Después de varios días en los que el aire se cortaba con una tijera, en La Rosada hay clima más distendido y se repite que el primer objetivo fue logrado: comenzó la semana del mundial y -pese a todo- al menos en el horizonte inmediato, no se presentan demasiados sobresaltos en términos de gobernabilidad.
Aunque los sondeos que ahí se manejan coinciden en que un tercio del electorado de Cambiemos cuestiona el acuerdo con el FMI, la intención de voto que tendría hoy la reelección de Mauricio Macri, está en el 31,5 por ciento, de acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Estudios de Opinión Pública.
“Todavía estamos por encima de las Paso de 2015”, repiten los más optimistas que piensan que, pasado el chubasco de marzo, de aquí en adelante todo va a ser ¡pum para arriba! ¿Pero será tan así?
El Gobierno Cambiemos sabe que ni esforzándose puede encontrar un índice de la economía que le dé bien y que esto se siente, con creciente y excesivo rigor, en los barrios de la periferia de las grandes ciudades donde está –latente- el sujeto social que puede convertirse en masa crítica cuestionadora del estado de cosas.
Por eso tiene claro que debe descomprimir la calle, ya sea por cooptación o represión. Esto es algo que –por si hiciera falta- dejó en claro casi en coincidencia con el anuncio de acuerdo con el Fondo.
Una buena noticia le llegó desde el corazón de la CGT cuando, una vez más, Los Gordos le pusieron precio a la nueva postergación del paro general. Seis mil millones de pesos de las obras sociales que retenía el gobierno y –por decreto- le va a dar para que reparta el Triunvirato de Azopardo.
Además, otro decreto, permitiría que en julio y agosto se negocien aumentos de hasta un cinco por ciento a cuenta de la cláusula de revisión que comienza a regir un mes más tarde.
Todo esto para la porción de las algo más de seis millones de personas que se desempeñan en el sector privado, cuyos sindicatos hayan acordado cláusula gatillo –mecanismo que el Estado descartó- y estén dentro de relaciones de formalidad laboral.
Mientras tanto, alrededor de más de 17 millones de personas no están contenidas en esta oferta que, además, es sumamente mezquina para los que contempla.
Sólo alcanza a salarios promedio de 22 mil pesos sobre los que, en paritaria, se acordó una recomposición menor al quince por ciento. Con un cinco, en el mejor de los casos, llegarían al veinte por ciento cuando ningún trabajo serio prevé una inflación menor al 27 por ciento para fin de año y esto en el mejor de los escenarios.
En este escenario, la CGT sigue en su eterno cuarto intermedio, al tiempo que los que muestran las uñas desde el terreno sindical y el territorio, lo hacen sin plantearse seriamente la posibilidad de avanzar en la construcción de un centro que coordine todas las luchas que, por abajo, se están dando y con importantes niveles de acuerdo en lo inherente a la unidad en la acción.
Por su parte, poco de solidaridad y mucho de presión es lo que el gobierno recibe del campo corporativo, ahí donde están los aliados de clase y los propios integrantes del Staff Cambiemos. Con un fustazo sobre el escritorio que ocupa en el Ministerio de Agroindustria, el agronegocio conjuró el sutil intento por desacelerar levemente el proceso que –esperan- conduzca a retenciones cero, en tanto que los amigotes de Juan José Aranguren, frustraron el intento gubernamental de congelar (¡sólo por dos meses!) el precio de los combustibles.
Estos son apenas dos ejemplos que hablan con claridad de que el poder corporativo no está dispuesto ni siquiera a desacelerar el proceso de maximización de su tasa de ganancia. Después de todo, para eso invirtieron en la larga campaña –de más de una década- que llevó a Macri a la Presidencia.
Pero para su tranquilidad, el Gobierno Cambiemos tampoco advierte que, desde el terreno político, pueda surgir –por ahora- una amenaza real. Confía en que las condiciones que le impuso al sistema de representación política que se consolidó con las Legislativas de 2017, se galvanicen y sigan imponiendo condiciones al bloque de alternancia que, sin mucha convicción, se viene anunciando desde el Multiverso PJ.
Unos y otros saben que si prospera el acuerdo con el FMI y cualquiera sea el presidente que alumbre octubre de 2019, Argentina será algo así como una formación estatal intervenida desde una sede consular ubicada en Reconquista 266.
Es que, además de los cincuenta mil millones y los condicionamientos que el país deberá cumplir a rajatabla, el acuerdo con el Fondo deja en claro que flotación del dólar e independencia del Banco Central serán, de aquí en más, verdades canónicas.
¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Para que el acuerdo se cumpla, el titular del Central y su Directorio no van a poder ser removidos por quien asuma la Presidencia en diciembre del año venidero. Es decir que ni La Rosada ni el Congreso van a poder incidir sobre la política monetaria del país. De ahí se deduce que ningún precio de la economía va a poder ser factible de una regulación estatal progresista.
Por eso, queda claro que va a hacer falta algo más que un acuerdo político amplio y una mirada reformista, si lo que se quiere es superar las restricciones que supone la delegación de soberanía que impone el acuerdo con el organismo internacional.
De todas maneras, lo que el ejecutivo firmó con el FMI deberá tomar forma en el texto de Presupuesto 2019, que va a tener que ser refrendado o no por un Congreso en el que Cambiemos no tiene mayoría.
Ahí, traducido en números, va a aparecer cuál es el ajuste fiscal primario que quienes ocupan La Rosada pretenden. También ahí se va a ver para qué está una oposición que sabe que lo que suscriba puede ser una soga para el cuello del gobierno que asuma en 2019, que ellos mismos esperan encabezar.
Hasta las manos
El acuerdo suscripto por el Gobierno Macri representa –según revela un trabajo de la Universidad Austral- el 54 por ciento del total histórico de los recursos que el FMI giró al país desde que, en 1958, el entonces presidente Arturo Frondizi inaugurara esta costumbre de pasar la gorra ante este organismo, que siguieron casi todos sus sucesores.
¿Esto es una enormidad, pero en qué consiste? Aunque no se suministraron detalles, lo claro es que llegar a un desequilibrio fiscal del 1,3 por ciento para el año próximo –tal como se comprometió el gobierno ante el FMI- va a requerir de algo más que buena voluntad, sobre todo si se tiene en cuenta que para este año fijó ese déficit en 2,7.
Así las cosas, moneda más moneda menos, serán alrededor de doscientos mil millones los que el ejecutivo va a tener que recortar en el Presupuesto 2019, en lo que sería la reducción del déficit primario más drástica de la Era Cambiemos que –vale recordarlo- se caracteriza por el ajuste permanente.
El Gobierno Cambiemos se comprometió a reducir ochenta mil millones durante 2019, en concepto de tarifas de energía y transporte público, esto es un 0,4 por ciento del PBI.
En el caso las transferencias a provincias el recorte es de 0,3 por ciento, en el de la obra pública e inversión de capital asciende al 0,6, de 0,2 para bienes y servicios, al tiempo que en el caso de salarios va a ser del 0,1 por ciento.
Queda claro que, a la hora de pagar el ajuste, los que ponen siempre son los mismos, algo que señala que –además de un negocio a corto plazo- el ajuste y el acuerdo forman parte de una estrategia de rediseño socioeconómico.
Con este telón de fondo, el Gobierno Cambiemos llegó a la semana del Mundial y ahora va a por el segundo objetivo.
Llegar a fin de año sin sobresaltos es un objetivo complicado a la luz de lo que impone el acuerdo con el Fondo que, por otra parte, es una excelente excusa para avanzar –ahora sin prejuicios- con algunas medidas que requieren de aval legislativo.
La reformulación de la normativa que rige la relación entre los universos del capital y el trabajo desde mediados del siglo 20 pica en punta, y en La Rosada sueñan con poder avanzar durante el Mundial en –al menos- uno de los tres proyectos en que destriparon el original.
En diciembre la movilización popular impidió que la oposición friendly se animara a acompañar al gobierno en el intento de convertir en Ley al paquete original.
Pese a esto se abrió la puerta a lo que el staff gobernante espera que sea un camino hacia la entrega del Fondo de Sustentabilidad –y con él el sistema público de pensiones- al capital financiero transnacional.
Ahora, con el instructivo del Fondo en la mano, también van por eso y por mucho más: en esta línea se inscribe el énfasis que, el Gobierno y sus propaladoras massmediáticas, ponen en su intención por instalar el debate que pueda abrir la puerta a que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior.
Entonces queda el tercer objetivo. Aunque por las dudas hayan puesto a precalentar a María Eugenia Vidal, desde la mirada del tándem de poder que ocupa La Rosada, el Plan A para 2019 sigue siendo la reelección.
Para esto, el Fondo le dejó afuera del recorte directo a la AUH y el Plan Trabajar. Las encuestas dicen que son más los argentinos que votarían a Macri, que aquellos que lo hicieron en las Paso 2015, por lo que en La Rosada están confiados en que si este es el piso de su peor de su momento, con esas herramientas en mano, la cartera que preside Carolina Stanley puede hacer milagros.
Pero nadie deshecha otros escenarios y si llegara el momento de tachar La Doble, ahí está una oposición que esperan llegue lo suficientemente macerada a 2019 y que, si logra ganar las presidenciales y armar una bancada legislativa consistente, va a tener que enfrentar los primeros vencimientos con el FMI, al tiempo que tendrá puesto el corsé de no poder dictar su propia política monetaria.
Todo esto en un escenario de creciente tensión social atravesado por la estanflación.
Así las cosas, queda claro que aunque pudo llegar antes de lo imaginado y precipitado por la impericia del staff gobernante, tal como lo señaló desde el principio NP diario de noticias, el acuerdo con el Fondo nada tiene de casualidad o de manotazo de ahogado. Lejos de eso, responde a parte de una estrategia que excede, incluso, al propio Gobierno Cambiemos.
Es que cualquiera fuera el desenlace del proceso electoral que culminará en octubre de 2019, el objetivo final estaría cumplido si, tras cuatro años de Gobierno Cambiemos, Argentina quedara encorsetada en la mecánica que los ocupantes de La Rosada denominan “cambio cultural”.
Esto no es otra cosa un rediseño socioeconómico que ponga a Argentina en un escenario de profundización de la transferencia y concentración de la riqueza, apoyado por un cambio estructural en las leyes que rigen la relación entre capital y trabajo.
Así, con un Estado incapaz de controlar las herramientas básicas de la economía, el país sería funcional al proceso de deslocalización y financiarización que le asigna el diseño geoestratégico, geoeconómico y geopolítico del nuevo orden capitalista mundial.
Es decir, se convertiría en una formación estatal proveedora de mano de obra barata, que se desempeña a partir de relaciones laborales horribles y en unidades productivas que no tengan problemas para contaminar el medio ambiente. Pero también, un país que convierta rápidamente plusvalía en capital financiero que fuga, es decir, la panacea del capitalismo.