La Federación Nacional de Inquilinos le exigió a la Secretaría de Comercio Interior que intervenga en el mercado inmobiliario. Los alquileres, junto a los precios de alimentos y servicios, constituyen los precios elementales en la economía de más de nueve millones de personas, aunque en realidad impactan en todo el conjunto.
El precio de los alquileres constituye un factor inflacionario que incide directamente en la vida cotidiana de toda la población, incluso en la de las personas que por diversos motivos no dependen de un contrato de locación para proveerse de una vivienda. Todos los meses se actualizan una porción de los contratos de alquiler que, según la ley, deberían celebrarse cada tres años aunque en la práctica no se extienden de los dos años y cada vez más los propietarios proponen contratos temporarios.
Este diseño está previsto con aumentos que promedian el 45 por ciento y que impactan directamente en el índice de precios al consumidor (IPC) que elabora el Indec. En este contexto el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunió con la Federación de Inquilinos para analizar la situación de los inquilinos y del mercado de alquileres.
Según el Indec, el IPC de diciembre fue de 3,8 por ciento. De esta manera, el 2021 cerró con una inflación del 50,8 por ciento. El ítem “alquiler de vivienda y gastos conexos” (expensas, etc.) registró en diciembre un aumento del 3,6 por ciento en el Gran Buenos Aires (GBA), muy por encima del promedio en el resto de las regiones del país. Y la variación interanual marcó un incremento del 45 por ciento en GBA, 44,4 en Cuyo, 43,3 en la Patagonia, 39,1 en el NOA, 39,0 en la región pampeana y 38,1 en el NEA.
En la reunión con Feletti desde la Federación de Inquilinos se insistió en que la Secretaría de Comercio debe intervenir en el mercado de alquileres porque el precio del alquiler representa un gasto fundamental en más de tres millones hogares inquilinos y por lo tanto tiene que ser una política de la secretaría de comercio.
En Argentina nueve millones de personas -al menos una quinta parte de la población- acceden a la vivienda mediante un alquiler. En algunos centros urbanos como Caba, Ushuaia y Río Gallegos el porcentaje de inquilinos es del 38, 35 y 29 por ciento. El fenómeno se vio agravado en los últimos 15 años, período en el que creció la cantidad de inquilinos y bajó la de propietarios.
Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de inquilinos aumentó un 7,1 por ciento en ese período y el total nacional pasó del 27,7 al 34,8. Según la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad en 2006 había un 60,7 por ciento de familias que eran dueñas de su vivienda y un 27,7 de inquilinos. En 2020, esa proporción pasó a 34,8 por ciento de familias que alquilan y 53,5 propietarias, aunque existen estimaciones privadas que calculan en 38 por ciento la cantidad de familias inquilinas en 2021.
Diversos son los factores que influyen en esta dinámica que tiende a la concentración de la propiedad (Ver Tierra y vivienda en la agenda popular y Especulación y vivienda ociosa en Argentina) y uno de ellos es, sin lugar a dudas, las devaluaciones y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, junto a la falta de créditos hipotecarios a pesar de la existencia de programas como el Procrear. Según un informe del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial un trabajador en Argentina necesita más de catorce años de ingresos para acceder a la compra de un departamento de aproximadamente cuarenta metros cuadrados, esto es, necesita ahorrar los sueldos completos de 196 meses o de 392 quincenas. Mientras tanto, comer, vestirse y divertirse bien gracias. Ser “propietario”, una vieja aspiración de la clase media argentina integrada por hijos y nietos de inmigrantes pasó a ser un recuerdo de otra época.
Queda en claro entonces por qué la regulación del precio de los alquileres tiene que ser una política de Estado y que en el contexto de la crisis económica y sanitaria actual debe enfocarse como una política de emergencia. El desembolso del alquiler representa, en promedio, en los nueve millones de inquilinos una erogación equivalente entre el cuarenta y cincuenta por ciento de sus ingresos, sin contar gastos conexos como expensas, mantenimiento o servicios.
En la Ciudad de Buenos Aires, donde viven al menos 1.098.200 inquilinos, la inflación interanual del precio de los alquileres se ubicó, incluso, por encima del IPC en el período enero 2021-enero 2022. Según un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) los incrementos interanuales alcanzaron el 54,5 por ciento para monoambientes, 56 por ciento para departamentos de dos ambientes y cincuenta por ciento para unidades de tres ambientes.
Si se tiene en cuenta que desde octubre el salario mínimo está fijado en 32 mil pesos y que los precios de alquiler promedio son de 34 mil, 39 mil y 60 mil pesos para departamentos de uno, dos y tres ambientes respectivamente, la pregunta que salta la vista es: ¿cómo hacer una familia de inquilinos para “sobrevivir”?
En este contexto resulta poco más que llamativo -por no decir inadmisible- que no exista un programa nacional de acceso a la vivienda que pueda articular políticas de alquiler y adquisición de viviendas a precios acordes para el bolsillo de los trabajadores.
En la actualidad programas como Casa Propia o Procrear del Ministerio del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat son necesarios pero no suficientes. En un país en el que según la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación el déficit habitacional afecta a 3,5 millones de personas y en el que nueve millones viven literalmente con la soga al cuello por la inflación general y por los precios de los alquileres, las iniciativas actuales por parte del Estado saben a poco y no alcanzan para ordenar un sector de la economía altamente desregulado como es el de la vivienda.