Citan a indagatoria al ex presidente, en el marco de la causa que investiga el espionaje ilegal sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Un paso más en el largo recorrido judicial de un expediente que, por su volumen político, seguramente llegará a la Corte Suprema que, tras la forma en que se eligió a Rosatti, sigue profundizando su descrédito.
Mientras el Poder Judicial de la Nación profundiza sus disputas palaciegas en el seno mismo de la Corte Suprema, que derivaron en la reciente elección de Horacio Rosatti como presidente del máximo tribunal, el juez federal de Dolores, Martín Bava -subrogante de Alejo Ramos Padilla- citó a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri y le prohibió la salida del país, en el marco de la causa judicial que investiga el espionaje ilegal que el Estado ordenó sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, que el 17 de noviembre de 2017 implosionó en aguas del Mar Argentino.
En la misma causa por espionaje, Bava dictó el procesamiento de los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sobre quienes recayó además un embargo por veinte millones de pesos.
Macri, que actualmente se encuentra de viaje en Miami, podría quedar procesado tras la indagatoria, escenario más que verosímil si se tiene en cuenta que la citación para comparecer ante los tribunales, incluye el secuestro de su pasaporte y que ya fueron procesados en la misma causa dos de sus máximos funcionarios.
La causa por la que se cita al ex presidente, es la que investiga el espionaje ilegal sobre los familiares de las víctimas. En tanto, en los tribunales patagónicos de la localidad santacruceña de Caleta Olivia, tramitan dos causas, ambas a cargo de Marta Yañez. La principal, que investiga los motivos y las responsabilidades por la implosión del submarino, se encuentra totalmente paralizada, motivo por el que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó en repetidas ocasiones a Yañez que avance con la pesquisa por el hundimiento del submarino. Además, tiene a su cargo un expediente subsidiario, que investiga el ocultamiento de la ubicación del ARA San Juan luego de su hundimiento.
La indagatoria a Macri en la causa que tramita en Dolores, es tan solo un paso en el largo recorrido judicial de un expediente que, por su volumen político, tardará años en resolverse y que, seguramente, llegará a la Corte Suprema de Justicia. Una Corte que en los últimos días se vio envuelta en un escándalo por la elección de Rosatti como nuevo presidente del máximo tribunal, uno de los dos jueces -el otro Carlos Rosenkrantz- designados “a dedo” por Macri en 2016.
Rosatti, ex intendente de Santa Fe por el Partido Justicialista y ex ministro de Justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner, había llegado a la Corte por Decreto a pesar de que en su tratado sobre derecho constitucional, que se estudia en todas las facultades del país, plantea claramente que los ministros de la Corte sólo pueden ser designados mediante el procedimiento previsto en el texto constitucional, esto es, con acuerdo del Senado y por mayoría absoluta. Sin embargo, todo indica que a la hora de la verdad, poco pareció importarle al magistrado su propia convicción. Teoría y práctica no siempre van de la mano.
Entra Rosatti
Lo cierto es que la llegada de Rosatti a la Presidencia de la Corte -cuestión protocolar, sin atributos de privilegio frente a los otros miembros del tribunal- desató una serie de idas y venidas que se amplificaron en medios de comunicación, que no hicieron más que desnudar las internas políticas que anidan en el máximo órgano de justicia de la Nación.
La gira mediática de Ricardo Lorenzetti y la defensa a ultranza que los medios del Grupo Clarín hicieron sobre Rosenkrantz, no hicieron más que contribuir al descrédito que posee la Corte de cara a la sociedad.
Vale recordar que Rosenkrantz fue abogado del Grupo y cuyo accionar judicial muestra una dependencia absoluta respecto a las grandes corporaciones económicas transnacionales y nacionales.
Así, la forma en la que se eligió a uno de los integrantes de la cadena de sucesión presidencial, expuso el carácter altamente corporativo del Tribunal y del Poder Judicial en general. ¿Acaso es concebible que el Presidente del máximo tribunal del país, integrante de la cadena de sucesión presidencial, sea elegido en una votación de cinco, en la que solo participaron tres y en la que dos se votaron a sí mismo?
Pero la elección del presidente de la Corte es un dato menor con relación a las causas sobre las que fallan y sientan jurisprudencia. Lo que no resulta minimizable es que estos mismos mecanismos son lo que se imponen a la hora de fallar sobre causas judiciales que, en el corto y mediano plazo, inciden sobre la vida de millones de personas.
En el último tiempo, la clase trabajadora en general, observó cómo la Corte decidió sobre cuestiones que afectan a la vida cotidiana de todos, como por ejemplo, con el fallo que permitió a Horacio Rodríguez Larreta imponer la presencialidad en las escuelas porteñas, en medio de la segunda ola de la pandemia.
Los fallos de la Corte Suprema no hacen más que confirmar que, en el marco del denominado lawfare, se constituyó en un actor político de peso en el país ¿Por qué? Por un lado, por las enormes demoras que exhibe al momento de resolver en causas que son de amplia trascendencia, lo que deja siempre entrever que detrás de cada fallo existe un altísimo grado de especulación política.
Por el otro, por los altos grados de arbitrariedad que registra el proceder de esta Corte, que en la mayoría de los casos acude al artículo 280 del Código de Procedimiento que la habilita a desestimar los recursos extraordinarios sin otorgar fundamentos, algo a lo que están obligados todos los jueces del país menos los magistrados supremos. En otras palabras, la Corte se saca de encima una gran cantidad de causas firmando una plantilla de Word.
Pero esto todavía no expone del todo el problema. La Corte recibe por año de once a catorce mil casos. Más allá del funcionamiento de esta Corte en particular, lo cierto es que resulta inverosímil pretender que cinco funcionarios judiciales puedan entender y dar sentencia sobre catorce mil expedientes al año.
Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, sostiene que una alternativa para dar solución a los problemas políticos -desterrar la especulación política y los favores a los sectores más poderosos- y administrativos de la Corte -la enorme cantidad de expedientes que debe resolver-, reside en ampliar tanto el número de miembros como su funcionalidad.
Esto último requiere organizar la Corte en salas por áreas temáticas -cinco salas con tres miembros cada una- y que una de ellas esté abocada exclusivamente al control de constitucionalidad y de convencionalidad de los expedientes que trata el Tribunal.
Sin embargo, la alternativa de ampliar la funcionalidad y el plantel de integrantes de la Corte es apenas una “solución posible” entre otras, dado el empate hegemónico que se observa en el país entre la derecha -cada vez más derecha- y la centroizquierda -cada vez más centro y menos izquierda- expresada por el kirchnerismo.
Una solución de fondo podría ser la reformulación de todo el Poder Judicial de la Nación mediante una reforma constitucional, posibilidad que parece lejana si se tiene en cuenta que la reforma judicial impulsada por el Frente de Todos duerme el sueño de los justos en el Congreso de la Nación.