Veinte años no son nada. O eso parece ¿Cómo es posible que dos décadas después de las jornadas de diciembre de 2001, muchos de sus responsables sigan vigentes? ¿No será, acaso, que las continuidades respecto a la crisis previa que desencadenó el estallido social son tan significativas como las rupturas que tanto se celebran?
El vigésimo aniversario de la crisis económico-social de diciembre del 2021, resulta una ocasión propicia para preguntarse por la profundidad del quiebre político que supuso el estallido social que dejó 39 muertos y cientos de heridos en las calles de todo el país.
Es que tal como quedó claro en las últimas horas, resulta bastante desalentador advertir como, casi exactamente veinte años después de la matanza de diciembre de 2001, el bloque político institucional que fue el brazo ejecutor de esas jornadas vuelve a asestar un golpe, esta vez, contra el Frente de Todos, quien se quedó sin ley de presupuesto para gobernar el año próximo (Ver Golpe a golpe, verso a verso).
El problema está en el aire y en este caso no se desvanece. Entonces no se puede esquivar el bulto -si se permite la expresión- y cabe preguntarse: ¿cómo es posible que veinte años después de las jornadas de diciembre de 2001, muchos de sus responsables sigan vigentes? ¿No será, acaso, que las continuidades respecto a la crisis previa que desencadenó el estallido social son tan significativas como las rupturas que tanto se celebran?
En primer lugar hay que recordar que muchos de los responsables inmediatos de la crisis que desató el estallido social hoy son figuras destacadas no solo de la oposición de derecha, sino que hasta hace muy poquito tiempo fueron funcionarios de primera línea durante el gobierno de Mauricio Macri.
¡Y sí! Patricia Bullrich, ministra de Seguridad estrella de Cambiemos, durante el gobierno de la Alianza había sido ministra de Trabajo y después de Seguridad Social. Tristemente recordada por haber promovido y firmado el Decreto que redujo las jubilaciones y pensiones un trece por ciento, terminó su mandato como ministra de Macri como una de las funcionarias con mejor imagen positiva del gobierno.
También estuvo allí, como titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, quien hoy es diputado nacional y durante el gobierno de De la Rúa fue ministro de Turismo. Esta misma semana el dirigente de origen radical, tuvo el tupé de escribir en un portal ícono de la derecha vernácula, que las jornadas de diciembre de 2001 constituyeron un golpe contra la democracia.
Pero no solo Bullrich y Lombardi se reciclaron rápidamente. Federico Sturzenegger fue uno de los responsables del Megacanje en su papel de secretario de Política Económica y, antes, durante el gobierno de Menem, había sido jefe en YPF. En tanto que Aguad, primero ministro de Comunicaciones de Macri y luego de Defensa -corresponsable con Macri de la implosión del ARA San Juan- había sido entre 1999 y 2001 interventor en la provincia de Corrientes en representación del PEN.
La lista es larga y muestra a las claras que diciembre de 2001 no fue solo un quiebre en la vida política, social y económica del país.
Una sensibilidad que persiste
Sin rodeos puede argumentarse sólidamente que muchos de los elementos que desembocaron en la crisis política y económica de 2001 y en el posterior estallido social continúan vigentes, bajo nuevas modulaciones y con distinta intensidad.
No percibir esta persistencia desembocaría en balances erróneos y lo que es más grave aún, daría lugar a evaluaciones incorrectas respecto a porque veinte años después muchos de los responsables de la crisis están vigentes e incluso podrían ser candidatos a puestos ejecutivos de altísimo rango en el 2023.
Mucha agua corrió debajo del puente, pero hay una sensibilidad epocal de los noventa -y que incluso podría rastrearse más atrás todavía- que persiste en cierto sector de la sociedad, con aspiraciones de ascenso social que pueden ser válidas en el marco de los relatos de movilidad social ascendente que alimentó, durante muchos años, el mito de la “excepcionalidad argentina”, pero que en la actualidad se llevan muy mal con el modelo de acumulación hegemónico en el país desde la Dictadura a esta parte.
Entre ellos quizá el punto más importante haya sido y siga siendo la pretensión de buena parte de los sectores de ingresos medios -“bien educados” y con aires cosmopolita- a un dólar barato. Esto es, subsidiado por el Estado, para sostener patrones de vida y de consumo prohibitivos para buena parte de la población y que cuando se amplían a partir de políticas redistributivas, como sucedió especialmente entre 2007 y 2011, rápidamente entran en colisión con la estructura económica del país.
Y aquí es cuando comenzaron a permear las propuestas políticas de la derecha argentina, muy bien articuladas por el PRO, que logró construir una alternativa política que interpeló -e interpela- a buena parte de la sociedad, especialmente en la zona centro del país, basada en aquello que Rinesi denominó como un “progresismo puro”, es decir, propuestas de progreso social vaciadas de todo contenido de justicia social y apuntaladas en una estructura de sentimiento neoliberal que sigue calando hondo en muchos sectores sociales.
La distancia crítica que supone el transcurso de dos décadas, quizá permita rastrear cuánto de eso hubo en la consigna “piquete y cacerola la lucha es una sola”, que vociferó con fervor la clase media en diciembre de 2001. Pero también qué conexión hubo entre la irrupción callejera de este sector social que anteriormente había votado con entusiasmo a la Alianza, y la persistencia de ciertas cuestiones en la vida política nacional que hacen viable a las políticas de la derecha y el fascismo en la mismísima Ciudad de Buenos Aires.
La complicidad judicial que no falta
Por primera vez desde 1983, el Congreso rechazó el Proyecto de Presupuesto que diseñó el Poder Ejecutivo. Quienes lo voltearon son los mismos que celebraron, también en las últimas horas, la decisión de la Corte Suprema de declarar la inconstitucional la ley del Congreso que redujo la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Qué tienen que ver estos hechos -como otros de similares características- con el aniversario del estallido de 2001?
Un breve racconto histórico se impone para iluminar las conexiones. El ajuste impulsado por el ministro de Economía anterior a Cavallo, José Luis Machinea, había profundizado la recesión y el desempleo. Cuando el 1° de diciembre de 2001 De la Rúa y Cavallo firmaron el decreto que establecía un límite de 250 pesos semanales para la extracción de pesos en cajeros y ventanillas de banco, la crisis ya se había desarrollado.
La movilización popular creció y ganó el apoyo de la clase media porteña. La represión se cobró la vida de 39 personas, entre ellas la de la militante del PC de Villa Gobernador Gálvez, Graciela Acosta.
De la Rúa renunció, llegó Duhalde y mucho antes de lo que hubiera querido se vio obligado, también por la movilización popular y la represión por la que murieron Maximiliano Kosteki y Dario Santillán, a llamar a elecciones anticipadas. ¿Qué hizo el Poder Judicial con los responsables políticos y materiales de las muertes y heridos producidos entre 2001 y 2002 a causa de la represión policial en todo el país?
La pregunta no es caprichosa. El Poder Judicial es responsable de la impunidad. También es responsable de que los autores de la crisis y la represión, tuvieran la oportunidad de reciclarse como si nada hubiera pasado. Y es que en los expedientes judiciales así parece haber sido. Unas pocas personas fueron juzgadas y condenadas. Hoy, todavía, no hay personas presas. Recién durante los últimos días la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas dictadas, en juicio oral, contra los responsables políticos de la represión.
Entre los responsables está Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad de De la Rúa, contra quien se ratificó la condena a cuatro años y tres meses de prisión efectiva que recibió en primera instancia.
También la Cámara confirmó la condena a tres años y seis meses por homicidio culposo de tres personas de Rubén Santos, ex Jefe de la Policía Federal. No obstante, ninguno irá preso porque aún cuentan con la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia.
En todo caso se trata de personajes menores -aunque altamente responsables-, si se los compara con los responsables de la crisis económica y social que sacudió al país en 2001, cuyas causas hay que buscarlas bastante más atrás y cuyas consecuencias todavía pesan en la actualidad.