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Jue, Abr
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Política
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El Ex Post Evaluation del FMI desnuda lo que todos sabíamos aunque Macri y banda lo siguen negando. Consenso Fiscal con todos menos con Rodríguez Larreta. Meritocracia, herencias y tabúes ¿Se viene el zurdaje? Un año que deja buenos datos y varias dudas.

Un poco más viejos y algo más cascoteados, acabamos 2021 hablando sobre cosas bastante parecidas a las que estaban en agenda cuando comenzamos este año que tuvo pandemia con picos y mucha vacunación, inflación, empresarios y caceroleros que compitieron para ver quién destroza más las fronteras del pudor, así como un bloque de representación política de derecha que se corre -cada vez más- hacia la derecha y otro que gobierna mientras explora la zona de sus propios bordes, intentando advertir cuáles son los límites que puede tener su desarrollo. Y lo hace mientras intenta mantener el equilibrio inestable entre la movilización que lo dinamice y la negociación, que le permita avanzar en la construcción del acuerdo policlasista que armonice a lo universos del capital y el trabajo, que está en el ADN del Frente de Todos.

Arrancamos 2021 hablando de comida, cuando ya por enero se encendían luces rojas, porque con los datos sobre la mesa se volvía evidente que la importante suba que registraban los precios internacionales de productos como el maíz y el trigo, fomentaba una escalda especulativa que empujó al alza a otros precios de la economía, fundamentalmente, los que componen la Canasta Básica Alimentaria (Ver ¡Alerta Ovni, llamen a Fabio Zerpa!).

Pero también con una manifiesta búsqueda de construir acuerdos, por parte del Gobierno que pocas veces encontró una correspondencia favorable entre el otro bloque que interviene en el esquema de representación política, así como en buena parte del universo del capital. Y, sobre todo, una actitud destituyente que con los conglomerados massmediáticos como ariete, condiciona incluso a actores de ese universo que ven una ventana de oportunidad en la idea gubernamental de apuntalar la reconstrucción de una burguesía nacional, a partir de un modelo exportador que tiene su hoja de ruta en el esquema de negocios que plantea el Plan Plurianual.

“Las coincidencias programáticas son tan posibles como indispensables”, recalcó Alberto Fernández hace pocos días en el Teatro Nacional Cervantes, al presidir el acto en el que el Consejo Económico y Social (CES) presentó los acuerdos que alcanzó durante 2021 y en el que también el Presidente instó a “seguir generando consensos alrededor de las políticas necesarias para impulsar la recuperación económica”.

Con sus avances y retrocesos, el CES constituye para el Gobierno un eje medular que comenzó a funcionar durante este año y que, según se pretende, debe consolidarse como el espacio donde interactúen ambos universos para aportar a la construcción de herramientas de desarrollo tácticas y estratégicas (Ver ¿Un Consejo para 2021?).

Por eso la foto del Teatro Cervantes en la que se ve al Presidente flanqueado por un amplio espectro de referentes de la actividad económica que abarca, entre otros a Daniel Funes de Rioja e integrantes de la Utep, pasando por otros de la CGT, tiene una carga simbólica importante que en La Rosada pretenden que se traduzca en la consolidación de acuerdos concretos.

Pero todo este andamiaje táctico y estratégico se supedita a la resolución de la dura negociación abierta con el FMI que va a permitir establecer cuánto, cómo y cuándo se paga el Stand-By que ilegalmente y sin legitimidad alguna, contrajo la Presidencia Macri. Y este tema que también atravesó todo 2021, parece destinado al saltar el brindis del 31 sin resolución, aunque de todos modos, algunas cosas van ayudando a iluminarlo.

El jueves pasado, ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el fiscal federal Franco Picardi pidió que se incorpore el Ex Post Evaluation del Fondo, como prueba en la pesquisa que investiga si Macri y otros ex funcionarios perpetraron el delito de “defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, cuando apuraron el Stand By de 2018.

Pese a todas sus limitaciones (¡el que lo redactó es el Fondo!), el Informe del FMI es contundente cuando desnuda algo que ya sabíamos: el Stand-By fue a parar a la cloaca de la fuga ¿Qué es lo que dice la Evaluación Ex Post del préstamo? Por un lado, que la Presidencia Macri debió establecer controles de capitales para evitar la fuga de divisas cuyo monto es (¡sorpresa!) casi idéntica a los 45 mil millones que, de los 57 mil acordados, se transfirieron a partir de la firma.

Asimismo, aclara que debió utilizar esos dólares para reestructurar el esquema de deuda que el Gobierno Cambiemos contrajo en apenas dos años de festichola, básicamente para tapar el agujero que provocó por la eliminación de impuestos en beneficio exclusivo de la clase capitalista que derivó (no podía ser de otra manera) en un agujero fiscal. Por un corto tiempo, lo disimuló tomando deuda con la industria privada de crédito, que prestaba por la solvencia que le daba al país el desendeudamiento que habían llevado a cabo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Pero lejos de hacer lo que ahora el FMI dice que debió hacer con el producto del Stand-By, la Presidencia Macri fue emparchando sus necesidades de financiamiento de corto plazo por medio de herramientas financieras muy tóxicas, que dejaron otro campo minado a su sucesor. Mientras tanto con los dólares del acuerdo, financiaba la fuga de capitales cortoplacistas con que sus amigotes habían hecho pingües negocios.

En síntesis y aunque se despega de cualquier responsabilidad, el Fondo admite que la motivación para otorgar el crédito que dejó engrampados a los trabajadores argentinos, fue exclusivamente apoyar la reelección de Mauricio Macri, algo ya se sabía y había sido explicitado con lujo de detalles por el ex asesor de Donald Trump y actual titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver (Ver Surfing en el Nyiragongo y ¿Y dónde están los dólares?).

 

Abroquelados

 

“Soy ingeniero, miro las cosas como son, sin mentirme”, es la frase que la semana pasada sumó Macri a su penoso decálogo. Lo hizo por medio de una escueta publicación en la que, a modo de balance del año, celebró que su bancada de Diputados dejara sin Presupuesto al país porque, recalcó, el Proyecto enviado por Fernández era “improvisado y plagado de premisas falsas” ¿Habrá leído los que envió cuando era Presidente? (Ver Sin Presupuesto, sin vergüenza).

Pero esto no es todo. También volvió con sandeces como lo de la “vacuna rusa” y celebró el resultado de las Parlamentarias, por  que “la gente votó en contra del gobierno que miente y que los empobreció”. De acuerdo al Observatorio de la Deuda Social de la UCA, durante la Presidencia Macri, sin pandemia, con crédito internacional abierto y después de recibir 47 mil millones de dólares del FMI, la pobreza en Argentina creció del 31,2 al 40,8 por ciento (Ver Pobreza: Cambiemos sigue batiendo récords).

¿Sobre el Informe del FMI? Macri ni una palabra, pero quienes sí salieron a bancar los trapos son Guido Sandleris y Nicolás Dujovne: el primero acusó al Fondo de “analizar todo con el diario del lunes” y el otro le echó la culpa al gobierno, pero no al que él integró, sino al actual que -muy que les pese- es el que se las ve en figurillas para pagar el muerto que le dejó el Stand-By que lleva la firma del ex columnista de TN. Si no fuera tan trágica, sería sólo rocambolesca esta actitud que abroquela a cada componente de Juntos por el Cambio ¿Pero por qué?

47 mil millones de dólares es mucha plata, pero es sólo una parte de los 86 mil millones de la fuga propiciada por la Presidencia Macri, cifra que acreditó el Informe Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos, que presentó el Banco Central (Ver Lecciones de Syntagma para Plaza de Mayo).

Pero todos esos millones se quedan cortos cuando se lo compara con la maximización de tasa de rentabilidad que ofrece, para una parte bastante concentrada de la clase capitalista que actúa en Argentina, la posibilidad de apropiarse del Gobierno. De esto se trató la Presidencia Macri y por eso es que quienes -desde la política- tributan a ese esquema, no pueden correrse del libreto si no es a riesgo de ser excomulgados.

De ahí que en esta suerte de Fantasyland, hace rato que dejó de existir el pudor, la mesura y hasta la cordura y, entonces, resulta que en cualquier momento van a querernos convencer de que Dujovne, Sandleris y su banda constituían una patrulla perdida que actuaba por su cuenta, tal como parece que lo son los espías que dejaron los dedos marcados en la causa Súper Mario Bros, según explican los camaristas Llorens y Bertuzzi que la semana pasada revocaron el procesamiento de Arribas y otros jefes de la AFI, en un movimiento que abortó la posibilidad de que la investigación judicial siga recorriendo la línea que, indefectiblemente, conduce a Macri (Ver Aquí ¿no pasó nada?).

Queda claro que cuando se van apagando las últimas luces de 2021, la figura de Mauricio Macri vuelve a reafirmarse como la referencia estelar del movimiento que construyó a su imagen y semejanza. Y esto es así porque su figura sigue siendo el factor aglutinante para un sujeto social que se homogeneizó y galvanizó a fuerza de correrse hacia la derecha de la derecha, política y social.

Pero también porque es la única figura de este multiverso, que es capaz de articular y disciplinar a todas sus facciones, al tiempo que sigue siendo el dueño de la llave de dos dispositivos que son clave y definen a esta organización: la Mesa Judicial y la Embajada de EE.UU.

¿En este contexto, puede el Gobierno establecer un espacio de diálogo y negociación sustentable con alguna de las facciones que actúan hacia adentro del multiverso macrista?

En su saludito de fin de año, Macri también criticó el rumbo de la negociación que lleva a cabo el actual gobierno con el FMI, para ver cómo se paga la deuda que él y sus secuaces tomaron. Lo hizo cuando, la semana pasada Argentina pagó el último vencimiento del año de esa deuda: 1900 millones de dólares, con lo que ya se transfirieron durante 2021, 5.200 millones entre capital e intereses, que salieron de los bolsillos de cada argentino, incluso de los que hace poco más de un mes y en un acto de masoquismo social, volvieron a votar al macrismo.

 

Meritocracia

 

Con este telón de fondo, con todas las limitaciones y con algunas fortalezas, es que La Rosada convocó para hoy lunes a los gobernadores para firmar el nuevo Consenso Fiscal que emparche el pacto suscripto durante 2017 al que, acogotados por el Gobierno Cambiemos, accedieron los mandatarios provinciales con excepción de Alberto Rodríguez Saa y Carlos Verna.

Básicamente ese acuerdo establecía un cronograma de reducción de alícuotas de los impuestos provinciales, algo que ahora se quiere corregir, devolviendo a esas jurisdicciones parte de la y autonomía tributaria que les fuera arrebatada.

Quien no va a estar es Horacio Rodríguez Larreta. “La Ciudad no va a firmar un Consenso que incluye aumento de impuestos”, dijo en una interpretación bastante sui géneris de lo que -entre otros- van a suscribir sus correligionarios de Mendoza, Jujuy y Corrientes que busca armonizar la alícuotas máximas vigentes desde 2019 que cada provincia podrá bajar o mantener conforme a su propio criterio.

El punto de vista de Larreta suena antojadizo, más aún, si se advierte que su jurisdicción acaba de pegarle un tarifazo del 52 por ciento al ABL y a las patentes, después de que para este año dispusiera otro aumentazo a la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos a los bancos, lo que creó un nuevo impuesto para los usuarios de tarjetas de crédito.

El texto del Consenso ofrece una novedad que ya se convirtió en la diana de todos los dardos que se arrojan desde las bocas de expendio de los principales conglomerados massmediáticos, pero que también es clave para comprender por qué se opone el jefe de Gobierno.

Es que ahí se habilita a legislar un incremento sobre las imposiciones a la riqueza obtenida por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia, así como a “cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito”. Y, asimismo, se deja abierta la puerta para que las tasas sean progresivas conforme aumenta el monto del patrimonio que se transmite.

Nada de esto implica un giro copernicano, pero sí aborda un tema que es tabú para una clase capitalista cuyos actores suelen hablar de las virtudes de la meritocracia, mientras salen a correr la carrera con varios kilómetros de ventaja.

Es que las características que tenga este impuesto, definen en buena medida qué tan progresivo es un determinado sistema tributario. Para ubicarse mejor, sólo alcanza con recordar que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en Argentina los impuestos progresivos representan algo así como el seis por ciento, lo que la coloca retrasada respecto al promedio de la Ocde que es de doce. Mientras que los impuestos al consumo, que en las principales formaciones estatales capitalistas tienen una media del once por ciento, en nuestro país llegan a 16.

¿Pero será entonces que la idea de poner la lupa sobre las herencias forma parte de una estrategia de algún remozado bolchevismo internacional? El trabajo titulado “Sobre la participación de la herencia en la riqueza agregada: Europa y EE.UU., 1900-2010” que los economistas Thomas Piketty, Facundo Alvaredo y Bertrand Garbinti publicaron durante 2017, da cuenta de que en Europa el 55 por ciento de la riqueza corresponde a herencias, mientras que en EE.UU. el porcentaje se eleva al sesenta por ciento.

Otro trabajo más reciente titulado “Las consecuencias económicas de los importantes recortes de impuestos para los ricos”, publicado por los miembros de la London School of Economics and Political Science, Julian Limberg y David Hope, toma como universo a una veintena de países de la Ocde y analiza lo que pasó durante el último medio siglo. Ahí se explica que las ventajas impositivas que gozan los súper ricos, lejos están de provocar un efecto derrame o cualquier otro beneficio para la economía del país en el que actúan.

Pero, a ver, en 2019 Cristina Fernández recibió a Piketty en la Quinta Presidencial y esto alcanza para meterle el sambenito de kirchnerista y seguro que Hope (¡quién lo hubiera dicho!) tiene un DVD de la película Apocalypse Now, lo que explica su clara tendencia chavista.

Pero más allá del sarcasmo, otros indiscutidos paladar negro del universo del capital coinciden con lo que postulan estos trabajos académicos. Dos décadas atrás, Bill y Melinda Gates, junto a otros peces gordos como George Soros y Warren Buffet, pusieron sus firmas en una carta pública en la que se advierte que “eliminar el impuesto sobre sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad”, al tiempo que “conduciría a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación”.

La idea de avanzar hacia un nuevo Consenso Fiscal, puede permitir limar distorsiones que vienen de larga data y otras que fueron provocadas por manifestaciones más recientes de la angurria propia de la clase capitalista que actúa en Argentina. Y también puede convertirse en un momento propicio para poner sobre la mesa un irrenunciable debate acerca de las características de la matriz impositiva del país, esto es sobre qué recursos son los que cuenta el Estado para llevar a cabo su programa de desarrollo, pero también quiénes y cuánto es lo que contribuye cada sector de la sociedad.

Pero que asimismo, puede favorecer a que se ponga la lupa sobre algunas de las principales razones que posee una matriz socioeconómica que fue diseñada para garantizar la desigualdad y la concentración de riqueza en muy pocas manos.

 

Datos duros

 

¿Pero será que no hay nada para repartir y que, por lo tanto, la miyadura es un destino inexorable para buena parte de los argentinos? ¿Qué fue lo que pasó durante este año al respecto?

Los últimos datos del coeficiente de Gini que fueron relevados por el Indec, correspondientes al tercer trimestre, lo ubican en 0,441 lo que implica una leve mejora frente a idéntico segmento de 2020 y, más aún, si se lo compara con el correspondiente a 2019. Por su parte, también mejoró la brecha que va del decil 10 al 1, que mermó dos puntos respecto a 2020, lo que habla de una moderada mejora en la distribución del ingreso como consecuencia de la recuperación del empleo.

Según la Encuesta Permanente de Hogares, hubo un incremento nominal en este rubro del sesenta por ciento comparado con igual trimestre de 2020.

Mientras que durante tercer trimestre de 2020 la tasa de desocupación había sido del 11,7 por ciento, el mismo período de este año dejó una del 8,2, lo que la coloca por debajo del 9,7 de idéntico trimestre de 2019, pero también del nueve de 2018, el 8,3 de 2017 y el 8,5 registrado entre julio y septiembre de 2016. Por su parte, la subocupación fue de 12,2 por ciento durante este período, esto es, menos que el 13,4 del mismo segmento del año anterior y del 12,8 de 2019.

Pero el informe del Indec advierte que esta dinámica de recuperación laboral es simultánea con el incremento de trabajadores ocupados que son pobres. Y señala que el 33 por ciento no está registrado en el sistema de seguridad social, lo que significa más de cuatro puntos por encima que la cifra del mismo período de 2020, pero sigue estando por debajo de la que había durante el tercer trimestre de 2019.

Y otro dato más que enciende luces de alarma: una cifra superior a los 2.800.000 trabajadores no están registrados y de ellos, las dos terceras partes perciben una remuneración que se coloca por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Todo esto en un contexto en el que, tal como lo revela el Estimador Mensual de Actividad que elabora el Indec, durante octubre tuvo lugar un crecimiento en términos interanuales de 6,7 por ciento, lo que confirma que la actividad económica acumula una suba de 10,4 por ciento interanual, traccionada por nueve de los quince sectores.

Otro dato que provoca brindis en La Rosada es el que se desprende de lo que recopila y sistematiza el Monitor de Inversiones de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, que explica que la inversión extranjera directa destinada a ampliar la capacidad productiva -que va a parar a la economía real-, recibió durante los tres primeros trimestres, un 87 por ciento más que durante ese mismo período de 2019, mientras que la inversión local creció un nueve por ciento.

Y todo con un telón de fondo bastante alentador a partir  de un crecimiento sostenido del intercambio comercial que, entre enero y noviembre, creció 42,9 por ciento interanual alcanzando los 128.288 millones de dólares.

Todos estos datos explican un panorama que no sólo debe ser atribuido a un rebote de la actividad. Y a ellos hay que sumar la cosecha de trigo récord que la semana pasada confirmó el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se trata de un volumen superior a los 22 millones de toneladas, lo que supera en más de 2,5 millones a lo registrado durante la campaña anterior, al tiempo que triplica la cantidad que requiere la demanda del mercado interno.

Pero la pregunta clave para que todo esto no sea sólo un fárrago de noticias, es cómo se hace para que esta evidente recuperación, alcance para que pueda comenzar a existir un horizonte positivo para todo el universo que estaba tecleando y acabó de ser empujado al abismo por la Presidencia Macri y, encima, recibió un mazazo letal con la pandemia.

 

Preguntas

 

“Este fue también el año que dio inicio a la recuperación económica”, celebró Alberto Fernández en su mensaje navideño y tras recordar datos favorables vinculados a la actividad económica, la producción, las exportaciones, la generación de trabajo y el consumo, convocó a que 2022 “nos tiene que encontrar más unidos y fuertes” y recalcó que es precio que Argentina sea “una sociedad inclusiva que ponga fin a la cultura del descarte”.

¿Pero es viable esta vez y aquí, transitar una salida a partir de acuerdos sustentables que reorganicen a las diferentes facciones del capital, para avanzar en una agenda de desarrollo basada en una matriz exportadora como la que impulsa el Gobierno que, además, se proponga garantizar reparto del excedente social?

¿Podrían alumbrar estos pactos policlasistas un punto de acuerdo entre los universos del trabajo y el capital, que potencie en un sentido virtuoso la posibilidad de avanzar hacia otro ciclo de acumulación acelerado como el europeo de entreguerras o los de Argentina durante los 50 del siglo 20 o la primera década del 21? ¿Es viable un esquema de este tipo en medio de un contexto global en el que la pandemia profundizó algunas de las características más estructurales y crominógenas del capitalismo, al tiempo que sumó otras? (Ver No es personal, sólo son negocios y ¡Aguante Corelandia!).

Son todas preguntas que es prudente hacer en un contexto en el que el Gobierno trabaja a contrareloj en su plan estratégico y su abordaje táctico, que pretende sintetizar en el Plan Plurianual que establezca un esquema de desarrollo cimentado en una matriz exportadora (Ver Ya pasó lo peor…se vienen lo más difícil). Pero en el que la necesidad de resolver la negociación de la deuda se imbrica con la de que se garantice que alimentos y otros productos de uso cotidiano, tengan precios accesibles y abasto amplio y sustentable.

Esto es clave y de esto va el abordaje que se hace desde la Secretaría de Comercio Interior, que viene trabajando con los actores de la compleja cadena que acaba con los precios de góndola, para consensuar una “canasta regulada” que presente de mínima 1.300 productos a precios accesibles, cuando el 7 de enero concluya la vigencia de la Resolución 1050 que consiguió estabilizar varios precios de productos de consumo masivo.

En un país donde los acuerdos para garantizar estabilidad de precios elementales se pueden cerrar sólo por semanas, hablar de la comida sigue siendo fundamental. Y para ello es preciso romper algunos mitos, lo que permite poder recorrer la ingeniería inversa que lleva hasta las causas y responsabilidades que subyacen atrás del precio de un alimento que se vuelve impagable para buena parte de los trabajadores. Pero también del sentido político que subyace para que esto sea así.

Porque desde que el capitalismo es un sistema mundo, la economía es indefectiblemente política. Por eso la puja distributiva no es otra cosa que un episodio más de la lucha de clases, tal como lo es la fabricación artificial de la escasez de trabajo, vivienda, acceso a la salud y a la educación, pero también al esparcimiento y la cultura. Y al  plato de comida diario ganado con dignidad que es, quizás, el primer eslabón para la felicidad.

Por eso, al tiempo que es necesario fortalecer una frontera infranqueable para evitar que avance la derecha, es preciso hacer lo propio con la coalición de gobierno que integramos los comunistas y a la que defendemos. Y hacerlo desde la propia identidad y sin mezquindades ni ridículas especulaciones sobre 2023, trabajando para avanzar en formas de democracia económica que fortalezcan diferentes formas de economía popular, asociativismo y cooperativismo que son capaces de proponer una vía alternativa de construcción desde el propio universo del trabajo. Y, pese a que estemos un poco más viejos y cascoteados, que haya un feliz 2022.