Miles de usuarios de Edenor y Edesur en la zona metropolitana son afectados por cortes, en medio de la alerta naranja por la ola de calor. El Enre dispuso multas. Pese a las ganancias siderales que obtuvieron durante la Presidencia Macri la causa de los apagones es la falta de inversión en la red de distribución por parte de las empresas. Tras dos años de gobierno del Frente de Todos ¿por qué se sigue sosteniendo a Edenor y Edesur?
Un clásico que no falla con las fiestas y el calor de fin de año son los cortes de luz. Al cierre de esta edición todavía son más de 21 mil los usuarios sin servicio eléctrico en la Ciudad de Buenos Aires y el Estado calcula que en la última semana se vieron afectados más de 180 mil.
La situación genera protestas y cortes de calle en distintos puntos de la Ciudad, como en Mataderos, Boedo, Barracas, Floresta, Parque Chacabuco o Caballito y una situación similar se vive en distintos barrios del conurbano bonaerense en los municipios de Berazategui, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Quilmes y San Vicente, donde también hay cortes importantes en el suministro de agua potable.
Debido a los cortes, Soledad Manin, presidenta del Enre, realizó en las últimas horas una denuncia contra Edesur por los cortes. Además, el Gobierno multó a la empresa —una de las más beneficiadas por la política económica del macrismo— con 239 millones de pesos. Sin embargo la titular del Enre hizo un llamado a los usuarios de la empresa a que estén alertas porque “las multas que se dieron a conocer se prorratea entre todos los usuarios de la empresa, le pedimos a todos los afectados que generen la denuncia por la página del Enre”.
Según los técnicos del Enre este año los cortes de luz obedecieron a la alta demanda de energía que la red de distribución no puede soportar ya que no hubo inversión de la empresa. A pesar de una ciudad casi vacía por la temporada récord en medio de la tercera ola de Covid, la red no soportó la demanda.
El Enre sostiene que Edesur no invierte en infraestructura para mejorar el servicio de los usuarios desde 2014. Desde entonces, especialmente en el período 2015-2019, las empresas prestadoras de servicios públicos, en especial las eléctricas, tienen su período más beneficioso, con el sector desregulado desde el punto de vista de las obligaciones empresariales, al mismo tiempo que el Estado garantiza con tarifazos y condonaciones de deudas las condiciones para que las empresas puedan hacerse de ganancias extraordinarias.
A pesar de las ganancias del período macrista, Edenor y Edesur no realizaron inversiones significativas. Tampoco lo están haciendo ahora con el gobierno del Frente de Todos ¿Cuándo lo harán?
Es claro que la Presidencia Macri no realizaba controles sobre el plan de inversiones, obligatorio para mantener la concesión del servicio, de las empresas pero actualmente ¿se llevan a cabo? Al respecto la titular del Enre dijo que “las empresas están invirtiendo, pero quizás no a los niveles que nosotros esperamos que lo hagan”.
Entonces cabe preguntarse ¿no es momento de redefinir el rol de las empresas de servicios públicos? ¿No es acaso un momento propicio para que el Estado desplace a los grupos privados que lucran con el derecho fundamental de acceso a los servicios de agua, luz, gas, telefonía, televisión e Internet y tome el control junto a trabajadores de las empresas y los usuarios?
Aumentos y segmentación
En materia tarifaria este año el gobierno realizará una segmentación de usuarios con el objetivo de implementar un esquema de tarifas diferenciadas. El propósito es que en el corto y mediano plazo aquellos usuarios que se ubican en los estratos más altos de la sociedad paguen el servicio de luz y gas sin subsidios.
Pero ¿cómo se implementará el nuevo esquema? Es sabido que en Argentina y especialmente en la zona del Amba la segmentación de tarifas es muy difícil de implementar debido a la heterogeneidad social del entramado urbano. El Estado, así parece, no es capaz de realizar segmentaciones por ingresos sino por zona geográfica y es allí donde todo se complica. En zonas de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es fácil retirar los subsidios a los usuarios de Barrio Parque pero en Retiro ya es mucho más difícil porque seguramente dicha segmentación afecte a muchas franjas de la clase media y a trabajadores precarizados, cuyos ingresos se encuentran muy por debajo de la canasta básica. En definitiva y sin eufemismos, habrá un ajuste general de tarifas en los servicios de gas y energía eléctrica.
Según trascendidos todo parece indicar que la primera segmentación incluirá a quinientos mil usuarios de luz y gas, una porción que representa el diez por ciento de los usuarios totales del Amba.
De acuerdo a información brindada por las empresas distribuidoras, en la zona metropolitana el sesenta por ciento de las tarifas están hoy subsidiadas. La primera herramienta metodológica que aplicará el Estado es la de los “polígonos geográficos”, es decir, que se quitarán los subsidios a los usuarios de zonas en las que las viviendas, desde una vista satelital homogénea, poseen esa forma geométrica.
Además el Ente Regulador (Enre) eliminará los subsidios a los usuarios de barrios en los que el valor del metro cuadrado supere los 3700 dólares, y en la provincia dejarán de percibir la asistencia los barrios cerrados, la actividad financiera y el juego.
Por ello, mientras el Estado busca sustituir el hacha por el bisturí para implementar la mejor segmentación posible, para este año se prevé que el incremento tarifario en luz y gas para la mayoría de los usuarios de la zona metropolitana estará entre el 17 y el veinte por ciento.
El aumento previsto se ubicaría muy por debajo de la inflación que el gobierno proyecta para el período, pero significa sin lugar a dudas un golpe para el universo de trabajadores no registrados.
La clave del ajuste está en la proyección presupuestaria, que finalmente rechazó el Congreso nacional, en el que se establecía que los subsidios a las tarifas eléctricas descenderían del 1,8 del 2021 al 1,5 del PBI para este año, descargando de esta manera un ajuste del 0,3 por ciento sobre los usuarios.
En definitiva todo parece indicar que la segmentación de las tarifas de luz y gas está motivada muchísimo más por la necesidad de llegar a buen puerto con el FMI en las negociaciones por la deuda que por una vocación real de que paguen más los sectores de mayores ingresos.
Es que el gobierno no tiene margen social para aumentar las tarifas pero tampoco lo tiene para seguir manteniendo los niveles previos de subsidios, ya que una de las exigencias del Fondo es que el Estado “alivie” las cuentas públicas con relación a los ítems de inversión social. Bajo estas tensiones, el gobierno opta por aumentar y segmentar tarifas, en una ecuación que le permita reducir subsidios y al mismo tiempo no afectar, al menos directamente, a los sectores más golpeados por la crisis económica y sanitaria.