Decenas de personas en situación de calle realizaron, en la puerta del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, una huelga de hambre en la noche de año nuevo. Reclaman actualización de los presupuestos, insumos contra el Covid-19 y mejoras edilicias en los centros de integración. Larreta ajustó el presupuesto del área social mientras crea nuevos impuestos y aumenta el ABL y patentes.
Ni las personas que viven en situación de calle se salvan de los cortes de Edenor y Edesur. En la última semana decenas de personas que no tienen un techo, producto de la crisis social y sanitaria que vive el país, fueron nómadas en busca de una esquina donde haya luz en la Ciudad de Buenos Aires.
Como si fuera poco, las personas en situación de calle organizadas en el colectivo Proyecto 7, realizaron una huelga de hambre durante la noche de año nuevo, para protestar contra “la falta de cumplimiento de los acuerdos pactados” con funcionarios del gobierno porteño.
No es un chiste de mal gusto: lo que sabe mal para miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires es la política del PRO. En el distrito con mayores recursos per cápita del país quienes no tienen acceso a la vivienda se ven forzados a llevar a cabo medidas de fuerza ante la falta de respuesta de Larreta y sus funcionarios. Lejos de tratarse de problemas de gestión, la desidia y el abandono en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat es política de Estado.
El reclamo contra el gobierno porteño es conciso y su cumplimiento no debería ser problemático para una administración que tiene fondos suficientes como para cambiar las baldosas de toda la ciudad una vez al año.
En concreto las personas en situación de calle siguen reclamando principalmente al gobierno de la Ciudad una actualización de los presupuestos, insumos contra el Covid-19 y mejoras edilicias en los centros de integración.
Otro tema que forma parte de la agenda de demandas es el incremento del presupuesto para los convenios que fueron firmados con los centros de integración. Es que los últimos dos años el aumento de la partida presupuestaria fue de apenas el diez por ciento, frente a una inflación acumulada del 97 por ciento. Que no se actualicen las partidas presupuestarias implica poner en riesgo la atención y alimentación de la gente en situación de calle, justo en los dos años en los que la crisis se ha profundizado.
Mientras el Estado nacional y muchos Estados provinciales, como la provincia de Buenos Aires, debieron recurrir a fondos de emergencia para ampliar la ayuda social y sanitaria, la Ciudad transita un camino inverso. A la nula ayuda para comerciantes y trabajadores afectados por las consecuencias de la pandemia hay que agregarle también el recorte en áreas estratégicas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
Asimismo, mientras por un lado el alcalde porteño repite semanalmente que no apoya ni apoyará cambios en la política tributaria como la reciente modificación de la Ley de Bienes Personales, por el otro inauguró el 2022 con un aumentazo en el ABL y patentes superior al 52 por ciento.
Además todavía mantiene en pie, con el pretexto de la disputa con el gobierno nacional por los fondos de coparticipación, el impuesto del dos por ciento a todas las compras con tarjeta de crédito realizadas en comercios de la Ciudad de Buenos Aires, en una medida lanzada en medio de la pandemia y que insólitamente grava el consumo minorista en pesos.
A la espera de la implementación
La situación más dramática se vive en la Ciudad y el conurbano bonaerense, donde se calcula que hay más de cuatro mil niños y niñas en situación de calle. En la Ciudad, además, según datos del 2019, duermen en las calles porteñas 1500 adultos por día.
Se trata de los que se “cayeron” directamente del sistema. El número podría ser mayor si se tiene en cuenta que, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, casi veinte millones de personas son pobres en Argentina, que cuatro millones están por debajo de la línea de indigencia y que el 65 por ciento de los niños y las niñas en Argentina viven en hogares vulnerables.
Para intentar dar una respuesta a esta crisis el Congreso aprobó recientemente una ley de protección integral a las personas en situación de calle única en su tipo en América Latina y el mundo. La ley tiene como propósito atender un aspecto de la “deuda interna” y paliar una problemática en franco crecimiento.
El proyecto establece la creación de una red nacional de centros de integración social con atención las 24 horas con espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral; un sistema nacional de atención telefónica y atención móvil para intervención inmediata; la capacitación obligatoria a todas las personas que intervienen en la atención de personas en situación de calle. Asimismo, el Estado deberá realizar acciones para la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal, partida de nacimiento, documento nacional de identidad, Cuil y Cuit y toda documentación que sea tendiente al reconocimiento de su identidad; derecho al acceso y uso de infraestructura de los servicios del espacio público; y cupos en los planes de vivienda nacional. Nada de esto todavía está en funcionamiento debido a que la ley aún no fue reglamentada.