La Cicop manifestó su "honda preocupación" ante los hechos de violencia que padecen profesionales de la salud y advirtió que tomarán "medidas gremiales" frente a cada caso ¿Por qué falta personal para testear en la Ciudad?
Quedaron muy lejos en el tiempo aquellos días de principios de 2020, cuando la pandemia del Covid-19 empezaba a asentarse en la Argentina y en el mundo y donde los profesionales de la salud eran aplaudidos mientras luchaban en primera línea contra el virus a medida que los hospitales colapsaban.
En el marco de una nueva ola que tiene como agravante la irrupción de nuevas variantes del virus que son aún más contagiosas, como las Delta y Ómicrcon, el viernes pasado se registraron más de 110 mil casos en Argentina, lo que está provocando una situación de estrés en hospitales y la saturación de varios centros de testeo.
Filas y filas de personas con síntomas de Covid o que han sido contacto estrecho, personas que se impacientan aglomeradas esperando ser testeadas por personal de salud que nuevamente se encuentra desbordado por la situación sanitaria.
A pesar del esfuerzo de los trabajadores de la salud, ante la rapidez en la que en esta etapa de la pandemia se están generando nuevos contagios (más de la mitad de los test da positivo), durante los últimos días se vieron numerosos hechos de violencia contra personal sanitario.
Una mujer atacó a golpes a una médica y al resto del equipo en la sala del Hospital de General Pacheco, porque quería que le dieran prioridad a su hermana. También, el jefe de la Unidad Febril de Urgencia (UFU) del hospital Donación Francisco Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires, sufrió una fuerte agresión por parte de una persona enojada que no pudo ser testeado.
El último martes, se registró en Mar del Plata otro ataque por parte de personas que esperaban se testeadas, que reaccionaron así después de que se les informaran de que ese día no se iban a realizar más hisopados porque el centro de salud no daba abasto.
La falta de insumos y personal en este contexto, es clave para comprender por qué se está saturando el sistema. Esto produce impaciencia y violencia en personas que esperan ser testeadas, en muchos casos, después de pasar por una larga espera bajo los rayos del sol y en pleno verano.
Los hechos de violencia y en situaciones de aglomeración causadas por la espera suelen ser algo recurrente en algunos hospitales, pero se incrementaron durante las últimas semanas sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Pero por qué será que en la jurisdicción que tiene el PBI más elevado del país falta personal para testear, sobre todo cuando ya en octubre se sabía que la irrupción de una tercera ola de Covid era un hecho que estaba a la vuelta de la esquina?
El 29 de septiembre, el gobierno que preside Horacio Rodríguez Larreta, echó a 1200 trabajadores de la salud, que formaban parte del esquema implementado para enfrentar el Coronavirus. “Estos son los compañeros que están en los vacunatorios y, efectivamente, para Rodríguez Larreta es personal de salud descartable”, denunció en esa oportunidad el integrante de la dirección de ATE Capital y miembro de la Conat, Ignacio Cámpora.
Queda claro que esos 1200 trabajadores sanitarios que habían adquirido un expertiz extraordinario durante dieciocho meses de pandemia, serían vitales a la hora de enfrentar la contingencia que se plantea con esta tercera ola y que su trabajo hubiera contribuido a descomprimir la tarea del testeo.
Y también es evidente que la Ciudad tiene dinero para pagarles, sólo que elige emplearlo en otras cosas. Y si para muestra alcanza con un botón, basta con recordar que durante 2021 la Gestión PRO aumentó un treinta por ciento la pauta publicitaria, lo que representa algo así como 2407 millones de pesos.
“Libertades individuales”
Pero también es evidente que un insumo fundamental para la construcción del clima que deriva en este tipo de hechos violentos, hay que buscarlo en los discursos anticuarentena, antivacunas y en el que señala que cualquier medida que priorice el interés social es una agresión a lo que desde esa mirada denominan “libertades individuales”.
La cosa pasó de castaño oscuro cuando el sábado pasado, fue perpetrado un atentado con explosivos contra la casa del director de la Región Sanitaria I de Bahía Blanca, Maximiliano Núñez Farina. En el lugar, los autores de este acto terrorista, dejaron panfletos en los que se leían expresiones en contra del pase sanitario y las medidas sanitarias implementadas en el contexto de la pandemia (Ver Otro atentado en Bahía Blanca).
En este contexto, para los consumidores de estas ideas, cada situación individual estaría por encima de la del resto de las personas: nada más parecido a la ley de la selva.
La semana pasada, en Mendoza, una enfermera que era atosigada por un hombre que esperaba ser testeado, en estado de nervios y al borde del llanto, le dijo que ella “estaba hacía más de 24 horas parada”. La respuesta del individuo fue que si no estaba capacitada para estar 24 horas parada no debía estar ahí, tras lo que apeló a una vieja letanía pequeñoburguesa y le dijo que él pagaba sus impuestos y que, por eso, lo tenían que atender.
Está claro que es más fácil agarrársela con una enfermera que con el gobernador Rodolfo Suárez que, como su socio Rodríguez Larreta, recortó el presupuesto sanitario y forma parte del esquema macrista que, entre 2015 y 2019, redujo el presupuesto ejecutado en el área de salud en un 23 por ciento.
“Vemos con honda preocupación los diferentes episodios de violencia hacia trabajadoras y trabajadores de la salud, cuyo único crimen es continuar dando respuesta en el marco de un sistema sanitario con profundas deficiencias luego de décadas de inversiones insuficientes”, expresó la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop).
Tras lo que hizo hincapié en que “la solución al problema de la violencia en los hospitales vendrá de la mano de presupuestos acordes que puedan garantizar el derecho a la salud”.
En este sentido, la integrante de Cicop del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, Edit Renis, recalcó que “venimos siguiendo de cerca la violencia contra los trabajadores de la salud que vimos estos últimos días”, tras lo que fue contundente cuando dijo que “se debe reestructurar el sistema de salud cuyas falencias la pandemia puso al descubierto”.
Cicop viene de una paritaria muy reñida con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se cerró con un 54 por ciento de recomposición salarial. Durante diciembre hubo varios paros, ya que el gobierno ofrecía un 45 por ciento, lo que estaba lejos de las pretensiones del gremio.
“Después de mucha lucha dieron un aumento del 54 por ciento y un bono de veinte mil pesos”, celebró Renis y destacó que “el sistema de salud hizo un buen trabajo con el plan de vacunación y, por eso, vemos tan pocos muertos y gente hospitalizada en proporción a la cantidad de contagios que hay por día en el contexto de esta tercera ola”.