Mientras el gobierno intenta cerrar las negociaciones con el Fondo Monetario y un plan de consenso fiscal con la oposición, la reforma judicial continúa pendiente y es cada vez más necesaria. Necesitado de un margen de negociación para avanzar en estos puntos, el FdeT tiene cada vez menor margen para hacer concesiones ¿No llegó la hora de avanzar?
El 2022 le depara grandes desafíos a la coalición de gobierno y con ellos sin dudas se definen las expectativas electorales de cara a las elecciones presidenciales del año próximo. Desde que el FdeT asumió la administración de gobierno, la gestión que venía para resolver los gravísimos problemas económicos provocados por el golpe anti distributivo efectuado por el macrismo en el período 2015-2019, se vio empantanada por la crisis sanitaria provocada por la pandemia.
En este contexto, con el frente de negociaciones abierto con el Fondo Monetario y, al interior, con la oposición política para lograr “consensos” para un acuerdo por la deuda, el gobierno no logró avanzar con una reforma judicial que a esta altura se impone por la fuerza de los acontecimientos.
Sin embargo en las últimas horas, fuentes allegadas al gobierno hicieron trascender a través de diversos medios periodísticos que la agenda judicial del gobierno no avanzará hasta que se logre un acuerdo con el FMI.
Los motivos parecen ser atendibles. En medio de negociaciones con la oposición por el proyecto de Consenso Fiscal 2022 que fue acordado con los gobernadores el 27 de diciembre, el gobierno no quiere apretar todos los tornillos al mismo tiempo. El problema es que hasta el momento apretó muy pocos y ahora resulta que se encuentra ante la necesidad de tener que apretarlos a todos juntos.
Es que mientras La Rosada apuesta cada vez más a un toma y daca con la oposición que hasta el momento le proporcionó magros resultados, en la vereda de enfrente el Poder Judicial emerge como un actor destacado al servicio de los poderes económicos nacionales y transnacionales y desafía al Ejecutivo y a la sociedad en su conjunto, mediante fallos insólitos que amplían la impunidad con la que se mueven algunos sectores, como por ejemplo en la causa de los “Super Mario Bros” en la que los camaristas Bertuzzi y Llorens revocaron el procesamiento a Arribas, Majdalani y Darío Nieto y consideraron que los agentes de la AFI que hicieron espionaje interno para el gobierno de Macri eran en verdad “cuentapropistas”.
Sin embargo estos fallos no fueron nada al lado de la movida de la Corte, que espero a recibir al ministro de Justicia Martín Soria en el Palacio de Tribunales, para sacar del cajón un fallo contra la actual composición del Consejo de la Magistratura, que había sido reformada en 2006 y que ahora garantizaría una silla para el presidente de la Corte en el órgano de control de todos los jueces. Este sería el único tema de la agenda judicial que el gobierno aspira a tratar antes del primero de marzo en sesiones extraordinarias.
Asimismo, seguramente sea una casualidad del destino que Mauricio Macri y el ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz veraneen por estas horas juntos en el exclusivo country Cumelén de Villa la Angostura. En Cumelén, donde no hay cortes de luz en el verano, suelen vacacionar otros amigos del ex presidente como Nicolás Caputo -accionista de Edesur-, el ex ministro de Finanzas Luis Caputo e Ignacio Blaquier, miembro del clan propietario de Ledesma.
Mientras todo esto sucede Ricardo Casal, alfil de Macri, sigue sentado en el sillón de Procurador General de la Nación. Este es otro tema importante que el gobierno debe resolver y que, parece, por el momento no puede hacerlo. Hace ya más de un año que espera tratamiento en el Congreso el pliego para discutir la designación del juez Daniel Rafecas al frente de la Procuración, candidatura auspiciada por el oficialismo y que cuenta con apoyos de la oposición para el nombramiento. Sin embargo, tampoco se pudo avanzar en este sentido.
Así las cosas cada vez son más las voces a favor de una reforma que modifique la estructura de la Corte Suprema. Por ejemplo, el ex ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni insiste que el máximo tribunal necesita al menos quince jueces y dividirse en salas.
La misma propuesta es sostenida desde hace tiempo por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quien además afirmó que “desarmar esta Corte Suprema es la pieza clave para terminar con la práctica viciada del lawfare” (Ver Macri a indagatoria y la Corte en la picota).
Presión popular
Independientemente de las voluntades del Poder Ejecutivo, un sector del Frente de Todos presiona para avanzar de una vez por todas con la reforma judicial ¿Qué nuevas pruebas se necesitan para convencerse que, como no lo hizo el partido militar en el período denominado de transición a la democracia en Argentina durante el alfonsinismo, el Poder Judicial no se va a “autodepurar”? ¿Cómo no reunir voluntad política para avanzar sobre una de las corporaciones con mayor imagen negativa entre los ciudadanos?
Es en este contexto que un conjunto cada vez mayor de organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y sindicales se suman a la convocatoria a una gran movilización el 1° de febrero para exigir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema.
Entre los convocantes se encuentra la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que en un comunicado expresó que “asumimos la propuesta de marchar el primero de febrero de 2022 para exigir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de la Nación, colonizada al servicio de la dominación imperial, la impunidad para los genocidas y los delincuentes de la deuda externa, así como para la persecución de las y los que luchan por los derechos populares”.
Durante la última década, aunque seguramente la mirada pueda ampliarse mucho más, el Poder Judicial avanzó considerablemente más allá de sus facultades constitucionales para constituirse en un factor fundamental de los grupos de poder en Argentina, especialmente de los grupos económicos transnacionales y las grandes empresas nacionales.
En tándem con los medios de comunicación sirvió a los intereses de los sectores patronales en contra de los trabajadores y la organización popular, como lo atestigua recientemente el escándalo por la revelación pública de la mesa judicial que María Eugenía Vidal tenía montada en la provincia de Buenos Aires junto a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para perseguir y encarcelar opositores.
La agenda de reclamos de parte de la sociedad civil contra la Corte y el poder judicial en general es muy grande y solicita una respuesta política, de fondo, que incluya una reforma constitucional que siente las bases para una nueva organización de “la justicia”.