A una semana de los cortes masivos en medio de la ola de calor de la semana pasada, el Enre aplicó a Edenor una multa de veinte millones de pesos. Pese a las reiteradas multas de los últimos dos años, el servicio no mejora ¿Puede el Estado retomar la gestión del servicio y mejorar la calidad de vida de la población? Estatizar Edenor y Edesur puede ser una ecuación beneficiosa para la población y para las aspiraciones político-electorales del Frente de Todos.
A pesar de los tarifazos del período 2016-2019 y de treinta años de subsidios públicos, la administración deficiente por parte de Edesur y Edenor de las redes que son propiedad del Estado llevaron a una situación límite al servicio de distribución eléctrica en la zona metropolitana, motivo por el que ante el mínimo incremento de la demanda -sea por temperaturas frías o calurosas- el sistema colapsa y miles de usuarios quedan horas e incluso días sin servicio, además de los perjuicios económicos producidos por la quema de electrodomésticos en los hogares o el lucro cesante de los comercios que se ven obligados a cerrar -cuando no a deshacerse de mercadería- ante la falta de servicio.
En este contexto crece el movimiento social que exige el cese de las privatizaciones en el servicio de distribución eléctrica. Esta semana bajo la consigna “treinta años fueron suficientes ¡Basta de Edesur y Edenor!” se llevaron a cabo una serie de actividades de agitación en la Ciudad de Buenos Aires debido al “hartazgo en la sociedad por el pésimo servicio de las privatizadas que hace tres décadas sólo buscan maximizar sus ganancias a expensas de la calidad del servicio y atentando contra el desarrollo de los pueblos y su soberanía", expresó un grupo de usuarios que organizó la iniciativa.
Pero la pregunta es: ¿qué alternativas hay, en el corto plazo, al esquema de privatizaciones instaurado en la década del noventa en el marco de un proceso de sobreendeudamiento que tres décadas después vuelve a repetirse?
Entre las ventajas que se anunciaron cuando el menemismo entregó los servicios públicos a las empresas privadas se prometió que los servicios iban a ser más baratos y de mejor calidad y el sector más competitivo. Pero está claro que a tres décadas de las concesiones esos objetivos no se cumplieron.
Los asesores técnicos del Estado nacional deberían encontrar los fundamentos legales para rescindir los contratos y no tener problemas en los tribunales del Ciadi, pero se trata de tecnicismos. Los fundamentos para que el Estado recupere la administración del servicio se construyen políticamente de cara a la sociedad y a los usuarios, entre quienes crece el descontento por las condiciones del servicio.
Tan solo hay que recordar, por ejemplo, que las empresas responsables de la distribución eléctrica en la Ciudad y el conurbano bonaerense, Edenor y Edesur, inflaron con el aval del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) macrista los costos del servicio de la luz para justificar los tarifazos de Juan José Aranguren. Así quedó comprobado luego de un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN), que dictaminó que la Revisión Tarifaria Integral que firmó el gobierno de Mauricio Macri con Edenor y Edesur “benefició a las distribuidoras en detrimento de los usuarios ya que se aprobaron costos operativos mayores a los reales”. Como contrapartida, el Enre certificó recientemente que Edesur no invierte en infraestructura para mejorar el servicio de los usuarios desde 2014.
En síntesis, el reclamo para que el Estado recupere el control de la distribución de energía eléctrica en el Amba está bien fundado. Según un relevamiento realizado por intendentes del conurbano bonaerense antes de la ola de calor de la semana pasada arrojó que el 75 por ciento de los usuarios se muestran favorables a que el Estado tome las riendas del servicio si Edesur no mejora las prestaciones.
Entre los motivos brindados por los encuestados se destacaron el enojo frente a las cuantiosas ganancias que obtuvieron las empresas en los años más difíciles de la economía macrista, la falta de inversiones, el mal servicio y la pésima atención al cliente, las recargas injustificadas en las facturas por las que luego hay que reclamar durante semanas y las personas electrocutadas por conexiones clandestinas montadas por las faltas de respuestas.
Ahora bien: ¿el Estado puede hacerse cargo del servicio? Los defensores de las privatizaciones todavía argumentan que el Estado en Argentina no tiene la capacidad para tomar las riendas de los servicios públicos. También dicen que no está capacitado para dirigir y orientar inversiones para la explotación de recursos económicos y naturales. Sin embargo las experiencias recientes de Aerolíneas Argentinas e YPF, por nombrar algunas y reconociendo los matices de cada situación, contradicen a los agoreros del gran capital.
Asimismo en una relación de costo-beneficio, bien dirigida la recuperación del servicio de distribución eléctrica por parte del Estado puede incrementar significativamente el capital político del Frente de Todos. Recientemente el gobierno reconoció que Edenor y Edesur deberían invertir 120 millones de dólares para terminar con los cortes, ya que sería la inversión necesaria para modernizar las redes de distribución que las empresas abandonaron (Ver ¿Quién apagó la luz?). Se trata de una inversión mínima, insignificante para una economía del volumen de la argentina.
La inversión equivale más o menos lo mismo que se negocia en La City porteña y apenas 0,27 por ciento del Stand-By firmado por la Presidencia Macri con el Fondo Monetario, que se fue por la canaleta de la timba financiera y fuga ¿No es acaso una inversión menor si se tiene en cuenta que terminaría con un problema que se profundiza año a año y que en el contexto de la crisis económica y de la pandemia contribuye a empeorar el humor social de la población? En definitiva y sin especulaciones de ningún tipo: ¿los usuarios no merecen un mejor servicio?