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Política
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Así definió Raúl Toto Galván a la reglamentación de la Ley 27.118, por la que se declara “de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena”.

“Esto es producto de una lucha lograda por las organizaciones campesinas”, recalcó el coordinador de la Unión de Campesinos Poriajhú, Raúl Toto Galván, al referirse a la reglamentación de la Ley 27.118, por la que se declara “de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena” y crea un régimen de reparación histórica para el sector, que fue anunciado la semana pasada en un acto que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, que contó con la presencia del presidente Alberto Fernández.

Por ese motivo se reunió el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal, ante el que Fernández anunció la asignación de una partida de cien millones de dólares destinados a promover la actividad de este sector y sostuvo que la agricultura familiar tiene un potencial “mercado enorme” y que es “parte de esa nueva economía que llamamos economía popular, que necesita que la sociedad la registre, la ayude, la impulse y la haga crecer”.

Tras lo que hizo hincapié en que es preciso impulsar esta actividad para que “los agricultores cosechen, generen alimentos para los argentinos y no tengan que pensar en dejar el lugar en el que han nacido para ir a buscar un futuro mejor en otro lado”.

Y resaltó que el gobierno que encabeza se propone “empoderar a la economía popular”, algo que pretende hacer mediante el empleo de cien millones de dólares provenientes de una línea crediticia otorgada por el Banco Mundial para que, según destacó Fernández, “la agricultura familiar se pueda hacer realidad en la Argentina”.

Junto al Presidente, se dieron cita el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, los secretarios de Economía Social y de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, Emilio Pérsico y Miguel Gómez, entre otros funcionarios nacionales y provinciales, así como representantes de movimientos sociales.

 

Reparación histórica

 

El Consejo fue constituido hace ocho años y, desde entonces “veníamos luchando por una ley que haga una reparación histórica para la agricultura familiar”,  recordó Galván y añadió que este sector “puede convertirse en sujeto de transformación en el tema de producir alimentos”.

Por eso celebró la reglamentación, tras lo que fue claro cuando dijo que el presupuesto asignado es “interesante si realmente se logra hacer una buena distribución de esos recursos, para lleguen a los territorios y cada lugar de las provincias donde se los precisan”.

Y reconoció que “desde las organizaciones pensábamos que el presupuesto sería mucho menor, pero por suerte se logró que se le ponga esta cifra y ahora hay que ver cómo van llegando esos recursos a las diferentes áreas de producción, ya que necesitamos que sea una herramienta que ayude a enfrentar el embate de las grandes corporaciones alimenticias”.

Es que la agricultura familiar está llamada a ser una herramienta principal para garantizar soberanía alimentaria, eso es que haya comida para todos y donde tiene que estar. Pero asimismo producción local que facilita el arraigo y el abasto de las ciudades a partir de la producción de proximidad, por eso la contradicción entre este paradigma productivo con aquel que desarrollan los oligopolios que actualmente tienen posiciones concentradas y dominantes en el mercado, algo que es fundamenta a la hora de explicar la inflación.

“Hay una gran expectativa en el Consejo de comenzar a trabajar cuanto antes”, destacó Galván por lo que hizo hincapié en que es urgente que “pensemos qué tipo de producción queremos hacer, cómo y de qué manera queremos hacerla pero también para quiénes”.

Y añadió que “esto implica poder hacer una alianza muy fuerte con los consumidores de la ciudad, con los trabajadores, porque en definitiva la irrupción fuerte de la agricultura familiar con esta ley, debe notarse en los precios”, ya que “la agricultura familiar produce alimentos y suprime prácticamente al intermediario parasitario”, ya que “plantea una relación directa entre el productor y el consumidor”.

De ahí que sin dudarlo advirtió que la aplicación de la Ley 27.118 “debe verse en los precios y rápidamente”, porque “aquí hay un gran esfuerzo por parte del Estado, que es un esfuerzo del pueblo argentino”. Y, en este sentido, definió que “los productores debemos saber que no tenemos que especular y eso debe verse en el precio final de los alimentos que producimos y en la cantidad y calidad necesaria”, ya que “la agricultura familiar debe competir fuerte con los monopolios”.

De todos modos, el integrante de los Poriajhú aclaró que “queda mucho por luchar”, entre otras cosas “sobre el tema tierra que no lo contempla la ley, algo que es fundamental para garantizar la soberanía alimentaria, ya que si no tenemos la tenencia de la tierra, si la tierra se sigue concentrando cada vez más va a ser muy difícil que logremos esto por lo que luchamos toda la vida”.