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Mié, Jun
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Política
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Alumnos de diferentes establecimientos de la Ciudad, se manifiestan para exigir que la Gestión PRO disponga condiciones dignas para estudiar.

Ayer martes, estudiantes de la Escuela Mariano Acosta levantaron la toma del establecimiento que llevaban adelante desde el viernes para reclamar, entre otras cosas, que mejore la calidad de las viandas que distribuye el Gobierno de la Ciudad, para pronunciarse contra el sistema de prácticas laborales obligatorias dispuestas por el Ministerio de Educación y volver a exigir que la Gestión PRO ponga en condiciones todos los edificios escolares.

De todos modos, al cierre de esta edición, continuaban la toma en la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, popularmente conocida como Lengüitas, así como en la Escuela Superior Especializada en Cerámica 1. Por su parte en los colegios Mariano Moreno y Juan Ramón Fernández, seguía la protesta pero bajo la modalidad de pernocte, al tiempo que en las escuelas Padilla, Cortázar, Falcone, en el Normal 8 y en los establecimientos especializados en Danzas se estaba definiendo la modalidad a seguir.

Respecto a las viandas, los estudiantes demandan que se apruebe el proyecto de Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas, que oportunamente presentaron los legisladores Ofelia Fernández y Matías Barroetaveña, por el que se busca “cambiar el actual paradigma alimentario” en los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad, ya que pretende que los alumnos de todos los niveles y modalidades tengan acceso universal y gratuito a una alimentación saludable, segura y soberana.

Por su lado, en lo inherente a las prácticas laborales, entre las principales críticas que se le hacen a este mecanismo, están las que señalan que los estudiantes carecen de remuneración por las tareas que son obligados a desarrollar, no tienen tutorías y en muchos casos las actividades nada tienen que ver con los objetivos curriculares de aquello que cursan. Y, en síntesis, se trata de una forma de explotación laboral.

Así las cosas y con este telón de fondo, la gestión encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, reaccionó criminalizando a los miembros de la comunidad educativa y, en tal sentido, anunció que va a iniciar acciones judiciales contra los padres de los alumnos que participaron en la toma del Mariano Acosta, para reclamarles el pago de 1,5 millones de pesos diarios en concepto del “costo laboral del salario de los docentes”.

Mientras tanto, la comunidad educativa cierra filas en el entendimiento de que todos los reclamos que se hacen son justos y tienen varios años sin encontrar ninguna respuesta satisfactoria por parte de la Gestión PRO.

Entre quienes acompañan la lucha de los protagonistas de estas tomas están los integrantes del Centro de Estudiantes de Educación Primaria del Mariano Acosta (Cepma), cuya secretaria de Educación Wanelén Alvarado, recordó que “los chicos fueron a la toma frente a una situación en la que llegan sólo 180 viandas para más de ochocientos estudiantes”, al tiempo que “tienen que pedir salir del aula para poder recibir una vianda y esto no es un hecho aislado del Mariano Acosta, sino que ocurre en todos los colegios de la Ciudad”.

Por lo que hizo pública la solidaridad del Cepma, pero también denunció que “hay una fuerte persecución del Gobierno contra los directivos y los estudiantes para dividirnos, pero lo que consiguen es unirnos aún más”.

Asimismo, resaltó que desde el Cepma “acompañamos la medida de lucha pacífica que realizan los estudiantes del nivel secundario, porque entendemos que la toma de la institución es la medida de fuerza que queda luego de que las manifestaciones y reclamos de las comunidades educativas hayan sido desoídas por el Gobierno de la Ciudad”.

Tras lo que sostuvo que lo que se pide es que se suministren “viandas dignas porque no se puede estudiar con hambre y presupuesto para la educación pública porque hay deficiencias edilicias” y fundamentalmente que el Ministerio de Educación que encabeza Soledad Acuña, “escuche la voz de las comunidades educativas”.