El precio de la Canasta Básica Alimentaria trepó por encima del índice general de precios. “Lejos de ser para todos, el crecimiento alcanza a muy pocos”, advirtió el coordinador de la Unión de Campesinos Poriajhú, Raúl Toto Galván.
La semana pasada el Indec dio a conocer que el precio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), tuvo durante septiembre un incremento de 7,1 por ciento, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que es la que marca el umbral que separa la línea de la pobreza, fue de 128.214 pesos para el caso de una familia compuesta por dos adultos y dos hijos menores.
Estos datos son alarmantes, pero más aún si se tiene en cuenta que el precio de la CBA trepó por encima de la inflación promedio, en un contexto en el que durante el segundo trimestre el Producto Interno Bruto creció uno por ciento en términos desestacionalizados respecto del trimestre anterior y un 6,9 por ciento en la comparación interanual.
Por su lado, los datos vinculados a la demanda aparecen como auspiciosos ya que la formación bruta de capital fijo creció casi ocho por ciento, las exportaciones 3,5, el consumo público 0,2 y el privado 1,8. Mientras tanto, para el segundo trimestre la desocupación fue del 6,9 por ciento lo que representa la cifra más baja registrada desde 2016, así como una mejora de 2,7 puntos porcentuales si se lo relaciona con idéntico período de 2021.
Pero también el Indec revela que el índice de pobreza correspondiente a los primeros seis meses del año, se coloca en 36,5 por ciento, esto es que alcanza a 10,6 millones de personas, en tanto que la indigencia se ubica en 8,8 por ciento, lo que representa cuatro millones de individuos.
“Esto demuestra algo que venimos planteando desde mucho tiempo: lejos de ser para todos, el crecimiento alcanza a muy pocos”, advirtió el coordinador de la Unión de Campesinos Poriajhú, Raúl Toto Galván que además señaló que los datos que suministra el Indec, hablan de que “los trabajadores pierden poder adquisitivo y el consumo cae, lo que lleva a muchos trabajadores formales estén en la pobreza”. Y, en este sentido, hizo hincapié en que “todo esto se debe a la creciente concentración de riqueza”.
Estos dichos nada tienen de antojadizos ya que, desde hace mucho tiempo las organizaciones de la agricultura familiar pelean desde una posición desigual contra un esquema de producción y comercialización de alimentos que favorece a los sectores más concentrados.
La propiedad de la tierra, la cartelización de cadenas de comercialización, el acceso al crédito y las restricciones logísticas son algunos de los serios condicionantes que ahogan a este sector.
Y todo esto en un escenario global en el que la cantidad de personas que pasa hambre, se elevó durante el primer semestre de 282 a 345 millones de acuerdo a datos que suministra la ONU que alerta que el planeta atraviesa una crisis alimentaria que no reconoce precedentes ni presenta un final a la vista.
“El tema de la soberanía alimentaria es una lucha larga que queda por conquistar”, resaltó Galván y añadió que es preciso “construir fuerzas como para disputar poder a estos sectores concentrados” ya que, en caso contrario, “a lo máximo a lo que se puede aspirar es a lo que se plantea desde la ONU y la FAO que es la seguridad alimentaria, lo que implica sólo distribuir lo que sobra en el mundo desarrollado para intentar dar de comer al resto”.
Por lo que destacó que “nosotros hablamos de soberanía alimentaria que es algo mucho más profundo”, ya que desde este concepto se cuestiona a la propiedad de la tierra y de los medios de producción. “Reclamamos tener el derecho de producir la cantidad y calidad de alimentos necesarios para dar de comer a nuestros pueblos, por eso hay que seguir la lucha”, sostuvo Galván que también es titular de la Comisión Agraria del Partido Comunista.
Tras lo que recordó que es necesario que el gobierno reglamente la Ley 27.118 por la que se declaró de interés público a la agricultura familiar, campesina e indígena y prevé la asignación de una partida de cien millones de dólares destinados a promover la actividad de este sector.
“Hicimos esfuerzo para que se sancionara la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, pero todavía sigue sin reglamentarse”, por lo que todavía la asignación presupuestaria está en un limbo y más aún lo está la resolución del problema de fondo que sigue siendo la tenencia de la tierra.
“La Ley contempla esto”, recordó Galván, por lo que si se la reglamenta, al ponerla en funcionamiento, “se debería poner un presupuesto fijo y mucho hincapié en el tema de la distribución y propiedad de la tierra, algo que abriría una discusión que el gobierno parece querer evitar, porque implicaría hablar del tema del banco de tierras y el acceso a la tierra para los campesinos”.
Y recalcó que “la tierra es el centro de la discusión que hay que dar si se quiere una agricultura familiar que garantice la soberanía alimentaria, que es algo que cada vez parece quedar más alejado tendiendo en cuenta que la alimentación está controlada por un puñado de empresas oligopólicas que manejan el mercado de alimentos y condicionan los precios que acaban en la canasta familiar y por ende la inflación”.