Este es el título de una declaración por la que personas y agrupaciones, entre ellas el Partido Comunista, señalan que quieren “aportar nuestra mirada con un anclaje moral impostergable y comprometer nuestra lucha para lograr un tiempo de paz, justicia y bienestar colectivo”.
“Democracia o mafia”, es el título de una declaración por la que personas y agrupaciones, entre ellas el Partido Comunista, señalan que quieren “acompañar este momento histórico dramático que atraviesa nuestra democracia”, así como “aportar nuestra mirada con un anclaje moral impostergable y comprometer nuestra lucha para lograr un tiempo de paz, justicia y bienestar colectivo”.
Ahí se señala que “en estos días pudimos ver y comprobar los pliegues y repliegues del poder real -económico, mediático y judicial- y cómo emponzoña el corazón de nuestra patria empujándola a un camino de mentiras, odio, violencia e injusticia” y que “los casos recientes de connivencia entre jueces federales, un ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y otros estamentos del Poder Judicial, precisan de una contundente acción del Estado y de la sociedad con vistas a recuperar la justicia para el pueblo argentino”.
A lo que, añade, “ahora se suma a este deplorable estado de cosas el vínculo directo, reñido con la legislación y la ética, entre el mismo ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad y un colaborador directo del presidente de la Corte Suprema. Estos sujetos operaron la entrega de la coparticipación -que corresponde a las provincias- a la ciudad puerto, corazón del capitalismo, el colonialismo y el despojo. Esos cortesanos del poder, negociaban, además, según información que se ventiló en forma pública, licitaciones y coimas en el sistema de grúas sin licitaciones, con adjudicaciones directas del jefe de gobierno local”.
Después indica que “la peor emergencia del Poder Judicial se manifestó con la condena a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, prolongación del intento de magnifemicidio del que fue víctima” y que “es imperioso entonces dar por tierra con esta connivencia que afecta profundamente a la democracia, al Estado de Derecho y a la vida en común”.
Tras lo que señala que “un juicio político a la Corte, a raíz del uso espurio de la Coparticipación en favor de la campaña política de Horacio Rodríguez Larreta, puede ser una medida que inicie un camino emancipatorio. El aporte que la Corte Suprema pretende entregar al PRO es una operación comparable a la que Mauricio Macri implementó con el FMI al recibir para su campaña política de 2019, 45 mil millones de dólares, que deberán pagar generaciones de argentinos, en un acto de saqueo de ese gobierno y sus funcionarios, que aún no tiene castigo”.
Y que “existe un entramado tupido que vincula a empresarios, sectores importantes del sistema judicial y dirigentes políticos antipopulares en una oprobiosa colusión, cuya víctima no es otra que la propia democracia y las formas emancipatorias de la vida en común. En unos de esos repliegues están ubicados operadores judiciales de alto rango. La respuesta de las instituciones puede ser, pertinentemente, un juicio político a la Corte”.
También que “existe, desde ya, una forma maliciosa del pensamiento que trata de desplegar una idea impropia: que el Frente de Todos pretende articular una Corte propia. Nada más absurdo. Nada más funcional a los intereses que atraviesan la entente que aquí se describe. Lo que se discute es menos un fallo o una causa que una cuestión moral que concierne a la patria”.
Y asevera que “de lo que se trata es de dar por tierra con un proceso de manipulación iniciado el 24 de marzo de 1976, nunca desarticulado en los años de democracia”, por lo que “creemos necesario e inevitable plantear con contundencia una intervención judicial para terminar con un régimen de justicia corporativa y de parte, esto es: que responde a los intereses ideológicos y de clase de una facción política”.
La declaración también sostiene que “creemos imprescindible una amplia articulación entre las organizaciones libres del pueblo: las organizaciones de Derechos Humanos, las de carácter social, las Centrales sindicales que hacen propia una historia y un presente de lucha de las y los trabajadores, la propia voluntad política del Frente de Todos. La participación activa de las provincias argentinas, muchos de cuyos gobernadores acompañan a este clamor, será un aporte a este genuino reclamo. Esas energías populares tendrán que armonizar a la mayor brevedad una movilización que sostenga un hecho de carácter histórico, que en unidad exprese una consigna del más alto valor humanista y popular: Democracia o mafia, que dicho de otro modo quiere decir desear y tener un país sin organizaciones criminales que afectan la vida de las grandes mayorías”.
Y que “lograr equilibrios renovados dentro del poder judicial permitirá renovar una legislación que hoy favorece, en sus términos y su operatividad, a la corporación de Estado y empresaria que sostiene a la mafia que se beneficia del régimen, cuya máxima expresión anida en el atrincheramiento de Juntos por el Cambio y en sus aliados Libertarios, y en su resistencia a terminar con el crimen oscuro y organizado de un estado paralelo, mafioso y delincuencial que montó en sus años de gobierno”.
Tras lo que recalca: “maafia, esa palabreja oscura, es en realidad una categoría sociopolítica que remite a tres dimensiones que se intersectan: organización de la estructura represiva, organización de la teoría de la información y la comunicación, instauración de la economía criminal. Es decir, las formas políticas y jurídicas del saqueo de la riqueza y la libertad de los argentinos”.
Y añade que “lo que aquí se enuncia remite a los habitantes de los sótanos de la democracia y la terrible antinomia Democracia o mafia revela la gravedad de la hora. A 40 años de la vuelta a la institucionalidad democrática y a la finalización de la experiencia genocida del terror dictatorial, nos empeñamos en afirmar una cultura de la legalidad y del vivir libre y con justicia para todos”.
De ahí que quienes firman este documento, hacen público su compromiso “a luchar una vez más y cada día para que la democracia, la justicia y el bienestar colectivo vuelvan a iluminar la vida de los argentinos” y exigen “el enjuiciamiento y castigo de los jueces de la Corte Suprema de Justicia que han traicionado el mandato popular y violado nuestra Constitución Nacional”.
Entre quienes suscriben están Víctor Kot, Jorge Kreyness, Atilio Borón, Teresa Parodi, Miguel Repiso, Dora Barrancos, Daniel Santoro, Mauricio Kartún, Nora Cortiñas, Stella Calloni, Ana María Careaga, María José Goldín, María Seoane, Ariel Garbarz, Paula de Luque, Mempo Giardinelli, Elisabeth Gómez Alcorta, Pablo Lago, Vicente Battista, Alberto Kornblihtt, Daniel Catalano, Roberto Pianelli, María Pía López, Nilda Garré, Liliana Mazure, Carlos Raimundi, Liliana Herrero, Cristina Caamaño, Sergio Maldonado, Alejandra López, Cristina Banegas, María Cristina Perceval, Eduardo Rinesi, Ricardo Aronskind, Ivana Brighenti, Adriana Pedrolo, Elisa Giordano, Jorge Halperin, Marcelo Figueras y Alicia Castro.