Se llevó a cabo un acto convocado por las dos CTA y la CGT en coincidencia con la Marcha de los Cuatro Suyos que ayer hizo su entrada en Lima.
“Basta de represión y de muertes” es la consigna con la que diferentes organizaciones se dieron ayer jueves por la tarde ante la sede de la Embajada de Perú en Buenos Aires, que fue convocada en coincidencia con la Marcha de los Cuatro Suyos que en esos mismos momentos convergía en Lima para exigir la renuncia de Dina Boluarte y la convocatoria urgente a elecciones, entre otras cosas.
En Buenos Aires la iniciativa corrió por cuenta de las dos CTA junto a la CGT y ahí estuvieron presentes, entre otros, integrantes del Partido Comunista, el MTL y la Corriente Nacional Agustín Tosco que coincidieron en exigir que cese la escalada de violencia que viene perpetrando el gobierno de Perú contra su propio pueblo, a partir del mismo instante en que en que un golpe de Estado instrumentado desde el Parlamento, derrocó a Pedro Castillo y que ya dejó un saldo de más de medio centenar de personas asesinadas.
Así las cosas, tras el acto celebrado ante la sede diplomática, los convocantes entregaron una nota conjunta al embajador Peter Camino Cannock, que lleva las firmas del secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, Adolfo Aguirre, la de su par de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel, y la de Gerardo Martínez, quien ocupa ese cargo en la CGT.
El documento expresa la “profunda preocupación por la crítica situación del estado de derecho” en Perú y hace pública la solidaridad con “el pueblo peruano agredido por el ilegítimo gobierno de Dina Baluarte”, tras lo que recuerda que en más de cuarenta días desde que fue quebrado el orden constitucional, “el pueblo peruano ha salido a protestar legítimamente, manifestando su voz y exigiendo la restitución del Presidente Pedro Castillo, quien legítimamente representa la voluntad popular expresada de forma democrática en las urnas”.
Y recalca que “como repuesta, el nuevo gobierno ha instaurado el Estado de Emergencia, desplegando a las fuerzas armadas en las calles y extendiendo las atribuciones de las fuerzas policiales para actuar contra la población civil, hechos que nos retrotraen a los momentos más obscuros de la historia de nuestra Patria Grande”.
Y añade que además del terrible saldo de víctimas fatales que deja la represión desatada, “se ha iniciado una persecución contra dirigentes políticos, sindicales, periodistas y comunicadores de la prensa alternativa, se ha suprimido el derecho a la libertad de circulación y de reunión de la ciudadanía y se han registrado agresiones por parte de las fuerzas de seguridad contra personal sanitario que se hallaba socorriendo a civiles heridos”.
Ante esto, destaca el documento que “reafirmamos que el derecho a la protesta, la libertad de expresión y pensamiento no son ni pueden ser sinónimo de terrorismo y sedición, sino que conforman un derecho humano fundamental que como tal debe ser garantizado siempre por todo gobierno”.
Al tiempo que denuncia que “esta violenta represión estatal tiene como resultado múltiples asesinatos, violación a los derechos humanos, detenciones arbitrarias de manifestantes, abusos sexuales y persecución a dirigentes sociales y sindicales, con la finalidad de darle ficticia estabilidad al gobierno que asumieron en alianza el 7 de diciembre”.