Decenas de miles de trabajadores debieron soportar el pico histórico de calor sin luz ni agua. Mientras tanto, el Gobierno pone multas, la concesionaria mira de reojo hacia el Ciadi y la derecha se relame. Así es el capitalismo.
Si para muestra alcanza con un botón, lo que pasó la semana pasada en los barrios ubicados a la vera de la autopista Dellepiane en Villa Lugano, es un ejemplo claro de lo que puede esperarse que arrecie si en diciembre el bloque de derecha vuelve a hacerse con el Gobierno Nacional.
Es que en apenas cinco horas se precipitó todo. Vecinos de un barrio poblado por trabajadores hartos después de cinco días sin agua ni electricidad y, encima, en medio de una ola de calor que llevó la temperatura hasta los 40°. Y en ese contexto la protesta a la que el Estado, en este caso el de la Ciudad gobernada por el PRO, respondió con una brutal represión policial que se privó de muy poco: ahí pudo volver a verse a los Hells Angels de Horacio Rodríguez Larreta irrumpir en el barrio repartiendo golpes y disparos a jóvenes, pibes y ancianos.
Pero también, si para muestra basta con un botón, ahí está la situación de Edesur y la respuesta que le dio el Gobierno Nacional a esta situación crítica, que vuelve a poner a la concesionaria en el ojo del huracán, pero también vuelve a exhibir las limitaciones que tiene el Estado Liberal Burgués (ELB) para ponerle al universo del capital, ciertos límites que permitan armonizar su inagotable voracidad a la hora de maximizar su tasa de rentabilidad, con los intereses de la sociedad, en este caso, los que le asisten a los usuarios del servicio que presta Edesur.
Durante el pico de la ola de calor que se extendió durante ocho jornadas alrededor de 180 mil usuarios de la zona Amba sufrieron cortes del suministro eléctrico, pero la peor parte se la llevaron los de Edesur. Esto tiene varias explicaciones, y una de ellas se desprende de datos que suministra el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre).
Es que mientras Edenor tiene 149 cuadrillas de mantenimiento, Edesur sólo posee 82, en tanto que en el caso de las guardias operativas, la prestadora de la zona norte cuenta con 243 y la otra con apenas 149. Si bien en los dos casos son pocas y se terciariza la tarea, al comparar lo que dispone una y lo que tiene la otra, queda claro por qué los cortes en la zona de Edesur suelen ser más prolongados.
Pero nada de esto hubiera sido posible sin el esquema de privatizaciones que bajo la Presidencia de Carlos Saúl Menem, destruyó Segba para otorgar la concesión del servicio en la zona Amba a Edesur y Edenor, lo que, en sí, constituyó dos monopolios que atraparon a quienes habitan la zona más densamente poblada del país.
Y esto no es todo. La prestación siempre fue deficitaria y la ecuación siempre se resolvió a favor de la maximización extrema de la tasa de rentabilidad de las multinacionales que tienen a su cargo la concesión. Durante estas tres décadas ajustaron costes vía salario y recorte de personal, lo que trae aparejado una merma en su capacidad de respuesta en circunstancias como la vivida la semana pasada, al tiempo que la inversión que hicieron siempre estuvo por debajo, incluso, del escaso rango que demanda el esquema de privatizaciones. Y, en este contexto, en medio de los cortes, durante la audiencia pública convocada para la adecuación de las tarifas, las empresas solicitaron al Gobierno un aumento del 260 por ciento para todo el año en curso.
Por otro lado, a la hora de levantarla con pala, también recibieron ayuda extra por parte del Estado, que se efectivizó durante todos los gobiernos de los últimos treinta años por medio de subsidios millonarios y condonación de deudas como la que no hace mucho benefició a Edesur, Edenor y otras distribuidoras cuando el Ministerio de Economía determinó que pagaran 80.210 millones de una deuda de 219 mil millones que poseían y que, encima, lo hicieran en 96 cuotas. El miércoles pasado, esa misma cartera instruyó al Enre para que multe a Edesur por los recientes cortes: la cifra es de mil millones de pesos.
Todo esto después de que durante la Presidencia Macri, estas concesionarias se vieran beneficiadas con un tarifazo del 3700 por ciento. Con todos estos datos sobre la mesa, vale preguntar dónde fue a parar el producto de tales beneficios, porque está claro que poco y nada se derivó a inversión que debería garantizar una mejor calidad y sustentabilidad del servicio.
Teniendo en cuenta que la titular de Edesur es la compañía italiana Enel que a su vez posee una cartera importante que la imbrica dentro del intrincado esquema de la financierización global ¿no sería prudente poner la lupa para intentar determinar dónde pudo ir a parar ese dinero que, evidentemente, no está puesto en inversión por parte de la empresa? ¿Y teniendo en cuenta que casi un millón de perjudicados es una cifra más que elevada y que recurrentemente esto se reitera desde hace treinta años, por lo que constituye un “retardo de justicia”, no sería prudente que la Corte Suprema interviniera?
La hora de la oscuridad
Los cortes de energía, las protestas y la represión fueron imposibles de ocular, incluso para una massmedia dominante que tiene una postura muy complaciente con la empresa que en este contexto oficializó la venta sus dos centrales térmicas.
Se trata de las centrales Costanera y Dock Sud, que conforman dos componentes estratégicos para el esquema que genera la energía eléctrica que distribuye Edesur. El comprador es Central Puerto, la principal compañía dedicada a la generación de energía eléctrica que actúa en Argentina, que habría pagado 104 millones de dólares por el paquete.
También, durante las últimas semanas, trascendió que ante la anunciada salida de Enel, Mauricio Macri estaría detrás del intento de hacerse con el paquete mayoritario de Edesur y que lo haría junto a Nicolás Caputo y Rolando González-Bunster, un amigo personal de Bill Clinton que no hace mucho ofició de enlace para el encuentro que el ex presidente de EE.UU. y actual lobista, sostuvo en Nueva York con Horacio Rodríguez Larreta.
Si ahora mismo, usted piensa que comprar una empresa que presta el servicio de energía eléctrica y después hacerse con el Gobierno para garantizar un tarifazo es flor de negocio, seguro que no se equivoca. Y menos aún, si usted cree que como para reafirmar que, en esa hipótesis, el tarifazo va a estar garantizado, se manda previamente una represión de esas en las que les pegan a pibes y ancianas que sólo pedían que vuelva la luz.
Va quedando claro cómo y para quiénes se va sirviendo la mesa que esperan disfrutar, unos pocos, a partir de diciembre. Pero también que dentro del diseño del ELB, los Códigos Civil y Penal, así como su principal herramienta de aplicación que son las fuerzas policiales, tienen un papel claro y fundamental que es proteger a la clase capitalista, esto es a los que poseen el capital, de todos los demás que son los que no lo poseen.
Por eso es que los dueños de Edesur saben que pueden estar tranquilos porque, en última instancia, siempre va a haber un juez que “arregle las cosas” y, en un caso extremo, ahí está el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Con este telón de fondo y todos estos datos sobre la mesa, es que por medio de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, el Gobierno aclaró que “analiza todas las variables siempre que legalmente existen y son posibles para cuidar lo que tiene que cuidar, que son los usuarios, los ciudadanos argentinos”.
Esta frase traducida al castellano quiere decir “dale que va”. Es que la quita de concesión pone ante la perspectiva de que Enel vaya al Ciadi, pero también ante la disyuntiva de qué hacer con una empresa que viene de tres décadas de desinversión y de la que la multinacional con sede en Roma se llevó hasta las bombitas de luz.
Y, sobre todo, se trata de uno de esos casos en los que se plantea el dilema de si se está dispuesto a clavar el cuchillo a hueso, esto es, que queda expuesta la limitación que tienen las herramientas del propio ELB, pero asimismo la de los liderazgos políticos que provienen del progresismo.
Así las cosas, mientras los del bloque de representación política de derecha, se relamen preparando el esquema de negocios de lo que esperan sea su próximo gobierno, los progresistas se muestran ceñudos y preparan otra tanda de multas que las concesionarias apelarán hasta conseguir diluirlas y que en la práctica, representan apenas unas monedas si se las compara con la maximización de tasa de ganancias que les permite prestar un servicio que acaba jodiéndole la vida a millones de trabajadores.
Y, entonces, si para muestra alcanza con un botón, ahí va algo que pasó hace medio siglo en EE.UU., que explica con claridad de qué va esto de las multas, las ganancias y la moral empresarial en el sistema capitalista.
Es que durante 1971, en EE.UU. se puso de moda el Ford Pinto por lo que se vendieron sólo ese año más de cuatrocientas mil unidades de aquel modelo, algo que estableció un récord que lo colocó en el mismo nivel del Falcon y el Mustang.
Pero a diferencia de esos modelos, producir el Pinto le salía más barato a la Ford, aunque el diseño presentaba un problema, ya que la ubicación del tanque de combustible hacía que ante un choque relativamente fuerte, el auto explotara.
La Ford sabía esto y siguió adelante por lo que el Pinto se comercializó hasta 1981, lo que provocó muchos accidentes fatales y también juicios que fue zanjando con un buen equipo de abogados y muchos dólares. Pero el Pinto continuó fabricándose, porque lo que debía pagar para indemnizar a los familiares de los muertos fue menos que lo que le hubiera costado renovar la línea de producción antes de amortizarla.
Este caso lejos está de ser excepcional y ejemplifica cómo, para el capitalismo, el daño social se interpreta exclusivamente en términos de costes y beneficios, lo que pone a la vida de personas concretas, en el lugar de lo descartable y esto es así, porque reducir costes y maximizar tasa de rentabilidad está en el ADN de un sistema que no deja de expresar todo su potencial criminógerno.