De acuerdo al Indec, el precio de alquiler de monoambientes fue aumentado, durante los últimos doce meses, en un 122,9 por ciento. Mientras tanto y con la vista gorda de la Gestión PRO, los “alquileres para turistas”, eluden las normas vigentes.
Con datos preliminares para nada optimistas, al cierre de esta edición se esperaba que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) diera a conocer un Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero, recalentado por los rubros alimentos y bebidas que relevamientos propios que dieron a conocer las consultoras CyT, Econviews, Ecolatina y Erogo, coinciden en señalar un alza que va del siete al diez por ciento.
Pero más allá de esto, a la hora de echarle nafta a la hoguera, los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires pican en punta, ya que con subas que van del ocho al trece por ciento, este rubro se convirtió en un aporte considerable para que se vuelva a catapultar el IPC de una jurisdicción en la que se ubica por encima del promedio nacional.
En el caso de los alquileres, vale mencionar que los precios que más fueron incrementados son los de los monoambientes, tal como lo revela un reciente relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso). De acuerdo al Indec, en este caso, durante los últimos doce meses el aumento es de 122,9 por ciento, en tanto que para las unidades de dos ambientes es de 102,3 y para aquellas de tres llega a 98,8.
Como para que quede más claro, vale señalar que el informe de Ceso da cuenta de que el promedio de los precios de oferta de monoambientes en la Ciudad, es de 78 mil pesos por mes, lo que supera el Salario Mínimo Vital y Móvil que en diciembre fue de 67.743. Y, como advierte Ceso, a estos precios hay que sumarle las expensas que representan en promedio el 15,9 por ciento del costo del alquiler.
Esto se suma al paquete que dispuso el Gobierno de la Ciudad, que hizo que el boleto de subte pase de 42 a 58 pesos como adelanto de los incrementos previsto para mayo, junio y septiembre que lo van a llevar a ochenta pesos, al tiempo que determinó un aumento del treinta por ciento en el caso de los taxis y del 45 por ciento para los peajes, con excepción del que se cobra en el Paseo del Bajo, donde el incremento fue de 65 por ciento. También las subas de la Verificación Técnica Vehicular que en mayo se va a colocar en un 131 por ciento, de los estacionamientos que fue del ochenta por ciento y el ABL que se indexa con subas mensuales.
Va quedando claro que aquello de “Va a estar bueno Buenos Aires” suena cada vez más siniestramente irónico. Y que la que ya era una ciudad de dos plantas con marcadas diferencias de calidad de vida entre el norte y el sur, se va convirtiendo -y a pasos acelerados- en una ciudad expulsiva destinada exclusivamente a unos pocos que puedan pagar para habitarla.
Es que si comprar una propiedad en la Ciudad ya significaba un desafío inalcanzable para la mayoría de los trabajadores, ahora también lo es alquilar aunque sea un monoambiente, lo que obliga a buena parte de las personas que trabajan en la capital argentina, sean expulsados hacia zonas que alejadas con menor calidad de infraestructura y servicios, lo que a la corta implica un costo extra a raíz del traslado diario que deben hacer.
Todo esto quedó reflejado en el corte que hizo el último censo nacional que da cuenta de que se desacelera considerablemente el crecimiento demográfico en la Ciudad, ya que durante el período 2010-2022, la tasa fue de 7,97 por ciento, lo que la exhibe como la más baja de todo el país.
¿Turismo?
Lo cierto es que de acuerdo a datos oficiales, en la Ciudad se están edificando 5.183 nuevas obras y hay cuarenta mil viviendas nuevas pero, pese a esto, la oferta de departamentos para alquilar se coloca en un piso histórico. Según el Índice de Contratos de Locación que confecciona el Banco Central, en la Ciudad hay en oferta para alquiler tradicional, de alrededor de 1600 unidades habitacionales en base a contratos de tres años con un aumento anual indexado por inflación que se coloca en el rango del 110 por ciento.
Pero los alquileres temporales que se ofrecen por medio de plataformas desreguladas y en dólares, es -según datos oficiales- superior a las 17 mil unidades, aunque la realidad es otra. Y en este caso la palabra clave es desregulación, ya que entre otras cosas, el boom de los alquileres temporales se explica en la posibilidad que esto brinda a que los locadores eludan la normativa vigente desde 2020 que prevé un aumento del precio del alquiler por año. Así, pueden ajustar el precio trimestralmente, pero también fijar arbitrariamente el precio del depósito inicial y cargar sobre el inquilino aquel derivado de cualquier problema o rotura que pudiera surgir en el inmueble.
En este punto vale aclarar que este tipo de oferta se destina tanto a personas residentes en la Ciudad como a visitantes temporarios y turistas, lo que plantea a los locatarios la posibilidad de obtener más margen de rentabilidad, al tiempo que aleja esta modalidad de las posibilidades de la mayoría de los trabajadores.
Pero también hay que recalcar que existe un subregistro de este tipo de oferta, algo que es amparado por el Ente de Turismo de la Ciudad que, de acuerdo a la Ley 6.255, es la autoridad de aplicación que debe regular los alquileres temporarios destinados al turismo. En su registro figuran 360 inmuebles, cantidad que resulta ridícula si se la compara con las no menos de setenta mil que es la oferta que surge de un simple relevamiento por las plataformas digitales que se dedican a esta actividad y, más aún, si se tiene en cuenta que el Gobierno de la Ciudad sólo labró una decena de actas por infracción a la norma, tal como se denunció oportunamente desde la bancada legislativa del Frente de Todos.
Dos años atrás, un informe elaborado por la Mesa de Estudio de Viviendas Vacías, integrada entre otros por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa, daba cuenta de que en la Ciudad el déficit habitacional ascendía a 11,6 por ciento. Y advertía que trescientas mil personas residían en villas y asentamientos, otras 7.500 tenían que soportar situación de calle y un 35 por ciento de las familias pagaba alquiler.
Con este telón de fondo, la Gestión PRO disminuyó y subejecutó, sistemáticamente, el presupuesto destinado a Vivienda. Mientras tanto y con la consigna “la vivienda vacía es un crimen”, Inquilinos Agrupados lleva a cabo una campaña por la que intenta juntar 38 mil firmas para que la Legislatura trate el proyecto de ley que prevé que las unidades habitacionales que permanezcan vacías durante más de tres meses, deban pasar a ofertarse en un sistema de alquiler protegido del Estado.
La idea que crispa al oficialismo de la Ciudad, es similar a la que hace menos de un mes entró en vigencia en Portugal, cuyo gobierno lanzó el programa Más Vivienda que alcanza a 723.215 unidades vacías de todo el país que el Estado va a poder alquilar para subarrendar durante cinco años, actuando como mediador inmobiliario, esto es cobrándole al inquilino y pagándole al propietario.
Por su parte, en Alemania, en septiembre de 2021, en un referéndum llevado adelante en el contexto de las elecciones generales, el pueblo berlinés apoyó masivamente un proyecto de expropiación inmobiliaria destinado a acabar con la especulación que encarece los precios de los alquileres y una medida similar ya rige en Holanda.