Una nueva ola de calor volvió a dejar al desnudo las falencias de las empresas que tienen la concesión del servicio de energía eléctrica en la Zona Amba.
El lunes pasado, a partir de una publicación de la Nathional Oceanic and Atmopheric Administration que depende del Departamento de Comercio de EE.UU., el Servicio Meteorológico Nacional, anunció que después de tres años, el fenómeno La Niña está llegando a su fin luego de dejar a su paso por Argentina una sequía que provocó -según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario- pérdidas por 19 mil millones de dólares lo que equivale a tres puntos del PBI.
Sólo en la provincia de Buenos Aires, la sequía más grande desde que existen los registros oficiales afectó a 62 de los 135 partidos, sobre todo aquellos ubicados en la zona norte donde están las mejores condiciones climáticas y de fertilidad, tal como lo advirtió días atrás el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
El mismo día en que el Servicio Meteorológico daba cuenta de que La Niña ya está en retirada, de acuerdo a lo informado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), el sistema eléctrico nacional alcanzaba un nuevo record histórico de demanda, cuando a eso de las 15:30 horas, llegaba a los 29.105 Mw, en medio de una jornada en la que la sensación térmica se acercaba a los 40° en algunos sitios de la Zona Amba donde, en simultáneo, más de cien mil usuarios de Edesur estaban sin luz.
Al promediar 2022, el Servicio Meteorológico Nacional ya advertía que el que se venía iba a ser un verano excepcionalmente tórrido, pero pese a esto está claro que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), no pudo o no supo tomar medidas destinadas a prevenir o al menos paliar lo que se podía avizorar. Es que si en temporadas veraniegas menos calurosas, la prestación en la Zona Amba, -especialmente la de Edesur- fue desastrosa y si desde la temporada estival anterior esta empresa siguió sin invertir lo necesario ¿por qué se podía esperar un resultado diferente al que queda ahora a la vista?
Durante los últimos días las principales zonas del conurbano afectadas por cortes que a veces duran varios días son Avellaneda, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Quilmes, Lomas de Zamora y Lanús, mientras en la Ciudad de Buenos Aires, Mataderos es el barrio que pica en punta. Se trata de zonas concesionadas a Edesur y esto tiene algunas explicaciones: Edenor tiene 149 cuadrillas de mantenimiento, Edesur sólo posee 82, en tanto que en el caso de las guardias operativas, la prestadora de la zona norte cuenta con 243 y la otra con apenas 149. En los dos casos son pocas y se terciariza la tarea, pero al comparar lo que dispone una y lo que tiene la otra, queda claro por qué los cortes en la zona de Edesur suelen ser más prolongados.
Todo esto es posible por el esquema de privatizaciones que bajo la Presidencia de Carlos Saúl Menem destruyó Segba, para otorgar la concesión del servicio en la Zona Amba a Edesur y Edenor, con lo que dos monopolios atraparon a quienes habitan la región más densamente poblada del país, sometiéndolos a una prestación que siempre fue deficitaria y a un diseño en el que sólo se apunta a la maximización extrema de la tasa de rentabilidad de las dos multinacionales.
El negocio es redondo ya que durante tres décadas vienen ajustando costes vía salario y recorte de personal, lo que provoca una caída en su capacidad de respuesta en circunstancias de más demanda de energía. Y el combo se completa con una inversión que siempre fue por debajo, incluso, del escaso rango que exige el esquema de privatizaciones. Pero eso sí: cuando ya comenzaba el calor y se aceleraban los cortes, durante la audiencia pública convocada para la adecuación de las tarifas, estas empresas pidieron un aumento del 260 por ciento para todo 2023.
Y esto después de que bajo todos los gobiernos de los últimos treinta años, el Estado las asistiera por medio de subsidios millonarios y condonación de deudas como la que no hace mucho benefició a Edesur, Edenor y otras distribuidoras, cuando el Ministerio de Economía determinó que pagaran 80.210 millones de una deuda de 219 mil millones que poseían y que, encima, lo hicieran en 96 cuotas.
Las cifras son elocuentes: mientras embolsaban eso, como consecuencia de la primera gran ola de apagones registrada en enero y febrero, la cartera de Economía instruyó al Enre para que multe a Edesur por, apenas, mil millones de pesos. Pero la máxima expresión de generosidad estatal hacia estas concesionarias vino de la mano de Mauricio Macri, cuya Presidencia las benefició con un tarifazo del 3700 por ciento.
¿Qué hacer?
Con este telón de fondo, desde el Observatorio Ambiental de Trabajo Docente Nuestramérica, el referente de La Violeta de Lanús, Pablo Moren, reflexiona sobre qué hacer ante el rigor que impone un cambio climático “que ya ha llegado” y que exhibe una situación que “nos deja mucho que replantearnos como pueblo”.
Moren es claro cuando resalta que “las empresas de luz bajo el capital privado es algo que no va más”, por lo que “es imprescindible que sean estatizadas y que se encuentren bajo el control de sus trabajadores”, al tiempo que advierte que, “por otro lado, las cuestiones ambientales deben tener agenda en políticas públicas” porque es preciso comprender que “más allá de la sequía y la anomalía de tres años de este fenómeno que generalmente no supera doce meses y nueve olas de calor, es claro que el calentamiento global está en nuestras vidas y que esto es innegable por más que varias sectas de derecha lo nieguen”.
Así las cosas, Moren recordó que “esto trae consecuencias para un pueblo que no está preparado para estas temperaturas desde la infraestructura y desde lo ambiental, debido a la depredación capitalista de los bienes comunes de todo el pueblo: tierra, agua, bosques, pastizales, montes y humedales”.
Tras lo que añade que desde el Observatorio, “entendemos que desde los distintos niveles de Estado, se debe comenzar a tomar medidas de fondo para afrontar este cambio climático, para que los daños que pueda generar sean los menores y así nuestro pueblo tenga mejores condiciones de vida”. Y puntualiza que “debemos dejar de pagar la deuda externa dejada por el gobierno de Macri y, de esa forma, atender las necesidades de infraestructura que tiene Argentina”.
En esta dirección enumera que se trata de tareas que “van desde mejorar todos los cableados por donde la energía se transmite hasta pensar a nivel nacional, provincial y sobre todo municipal un plan de reforestación y posterior cuidado del arbolado público” y agrega que resulta imprescindible “no ceder a las presiones de los grandes terratenientes y sus socios empresariales, para de esta forma aprobar en el Congreso una Ley de Humedales que controle el territorio sembrado y planifique las acciones en la actividad agrícola pero que, sobre todo, proteja los pocos ambientes vírgenes que quedan en el núcleo de la pampa húmeda y otras partes del territorio nacional”.
Pero también hace hincapié en que es necesario “proteger el agua en la zona cordillerana, sobre todo donde operan las empresas mineras que no cumplen los requisitos de la Ley de Glaciares y que tampoco llevan prácticas de seguridad ambiental”.
Y en que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “debe aumentar su inversión en lo que concierne a los instrumentos como aviones, carros hidrantes y helicópteros para combatir los cada vez más seguidos incendios forestales”, así como en que debe extenderse en calidad y volumen la red de agua potable y cloacas, porque “esto también traerá el aumento del mercado interno y demandara más mano de obra de trabajadores, generando una actividad económica que le de una mejor calidad de vida a los sectores obreros”.