Se cumplen 47 años del golpe de Estado que dio inicio a una dictadura cuyo sentido histórico continúa presente en una clase capitalista que, en los hechos, la reivindica cada vez con menos pudor.
Impune, la semana pasada murió Carlos Blaquier y la Unión Industrial Argentina le rindió homenaje con un minuto de silencio que precedió a la reunión que realizaba en su sede central, en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia fue encabezada (y pedida) por el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, que también está al frente de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), corporación que tiene entre sus principales miembros a Ledesma, empresa que desde hace alrededor de medio siglo es la nave insignia del holding que presidió Blaquier.
La Copal tiene entre sus filas al grupo de 65 empresas que junto a seis cadenas de supermercados concentran alrededor del ochenta por ciento de la facturación y que mediante una estrategia de integración vertical y horizontal construyen una posición dominante que les permite imponer los precios que disparan la tasa de maximización de rentabilidad de estas corporaciones empresariales, mientras achican el bolsillo y el plato de comida de los trabajadores.
El homenaje a Blaquier fue un tributo corporativo pero, fundamentalmente de clase. Por eso es que al recorrer quiénes lo exteriorizaron en la sección de avisos fúnebres de La Nación, aparece mucho de lo que va quedando de los protagonistas de la Dictadura de 1976, junto a connotados referentes de la derecha política actual como Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri.
Es que, con Blaquier, se puede trazar una línea histórica que resume en buena medida qué fue la última dictadura, cuál fue su sentido histórico y qué dejó, pero que por sobre todo ayuda a comprender que su dinámica respondió a un proceso que todavía está en marcha y que esto es algo que es preciso advertir -sobre todo- en estos momentos en los que el modelo de sociedad que intentó imponer la Dictadura de 1976, vuelve a exhibirse sin pudor como una alternativa viable que espera ser plebiscitada en las elecciones de octubre.
Es que si el principal responsable de La Noche del Apagón y otros crímenes de lesa humanidad logró sobrevivir casi cuarenta años a la dictadura a la que aportó significativamente, es porque -queda demostrado una vez más- los gobernantes de las formaciones estatales capitalistas sólo son cuadros intermedios al servicio del capital, cuya misión es defender los intereses de la clase capitalista. Por eso es que la denodada lucha de los organismos de Derechos Humanos consiguió que genocidas como Jorge Rafael Videla acabaran sus días en una cárcel, mientras que la impunidad de la pata empresarial de la dictadura parece convertirse en una barrera infranqueable.
Blaquier no es un caso aislado y los homenajes póstumos que se le rindieron, vuelven a señalar que para la clase capitalista que actúa en Argentina se acabó la Era del Pudor que vivió tras la derrota política de la última dictadura y que, por lo tanto, sin culpas ni ambages está dispuesta a redoblar la batalla por la construcción de subjetividad social que es fundamental para sustentar su programa político y económico.
Porque la dictadura y su genocidio no hubieran sido posibles sin un determinado contexto internacional, pero tampoco sin el correlato de una clase capitalista local dispuesta a ir por todo. Y, en esto también aparece un sentido histórico y de continuidad.
Hace cinco años, Mauricio Macri anunciaba que después de cinco lustros, un gobierno de Argentina volvía a iniciar conversaciones para celebrar un acuerdo de asistencia financiera con el FMI, algo que plasmó en un tiempo récord, pasando por encima del propio reglamento del organismo multilateral y por una cifra que nunca se había otorgado: 57 mil millones de dólares.
Además de favorecer negocios propios y de sus amigotes, Macri cumplía con aquello para lo que había entrado a La Rosada, del mismo modo que en marzo del ’76 lo hacían Videla, Massera, Agosti y José Alfredo Martínez de Hoz.
La Dictadura encontró una deuda externa de siete mil millones de dólares, sólo seiscientos millones más que cuando asumió Héctor J. Cámpora, en 1973. Pero cuando Bignone le pasó la Banda Presidencial a Raúl Alfonsín, la deuda ascendía 43 mil millones.
Entonces, la historia de la Dictadura es la historia del sobreendeudamiento destinado a favorecer a la clase capitalista, reprimarizar la economía, así como destruir derechos laborales, sociales, políticos, ciudadanos y humanos. Todo aquello tan alejado en el tiempo, suena peligrosamente cercano cuando se advierte el programa básico en que coinciden las expresiones de la derecha política que actualmente disputan hegemonía en el diseño del esquema de representación política.
“El presente programa es un conjunto coherente e inseparable”, recalcaba el 2 de abril de 1976 y por cadena nacional el flamante ministro de Economía, en tanto que anunciaba un paquete de medidas que viabilizó la destrucción de la actividad productiva, especialmente la industrial; al tiempo que fomentaba la fuga de capitales y la especulación financiera.
Para ello se implementó la apertura comercial irrestricta, se subieron las tasas de interés y se habilitó la libre entrada de capitales extranjeros, que se hicieron el veranito con la bicicleta financiera que demandaba muchos dólares, algo que se solucionó incrementando la deuda externa.
Cuando el sector privado estaba sobreendeudado, fue el Estado el que siguió el mismo camino, proveyendo de dólares baratos para la importación de mercancías e insumos, pero fundamentalmente para los especuladores. Y cuando la catástrofe ya no se podía ocultar, apareció Domingo Felipe Cavallo que desde el Banco Central y con un pase de magia, licuó entre todo el pueblo argentino 17 mil millones de dólares de deuda privada. Entre los beneficiados estuvieron Bunge y Born, Grafa, Alpargatas, Loma Negra, Banco Francés del Río de la Plata, Banco de Galicia, Pérez Companc y Acindar, también alguna de los que ahora mismo inflan el precio de la canasta de alimentos como Molinos Río de la Plata y, por supuesto, Grupo Macri e Ingenio Ledesma.
Herencia
La herencia de la dictadura instalada el 24 de marzo de 1976 fue clara: al endeudamiento se le sumó un aparato productivo destruido, una capacidad industrial instalada que funcionaba por debajo del cuarenta por ciento, asociada a salarios que estaban en niveles menores de los históricos e índices de desocupación nunca vistos.
Y 30 mil desparecidos: de acuerdo a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas el 30,2 por ciento eran obreros, 17,9 empleados y 5,7 docentes, esto es que más de la mitad eran trabajadores, lo que responde en buena parte a la pregunta qué vino a hacer la dictadura de 1976.
Así las cosas, salvo algunos breves interregnos, este esquema continuó a partir de 1983: Juan Vita Sourrouille que fue puesto por el FMI después de torcer el brazo de Alfonsín para que le diera salida a Bernardo Grinspun y su mirada heterodoxa, para acordar con el Fondo y el Club de Paris. Los memoriosos recordarán al Plan Austral y su correlato, el Plan Primavera que incrementaron la deuda hasta llevarla a algo más de setenta mil millones de dólares.
Todo esto se llevó puesto al gobierno radical junto a las esperanzas de vivir bien que tenían muchos argentinos y, en 1986, apareció el acuerdo con el FMI por el que Argentina comenzó a pagar y volvió a ajustar, lo que dejó como saldo una pronunciada recesión, caída del PBI, desocupación e hiperinflación.
Con Menem y Cavallo la primera estrella fue el Plan Brady que reunía a los distintos acreedores: bancos comerciales, FMI, Banco Mundial y Club de Paris. Básicamente habilitaba a que a Argentina se le abriera las puertas de mercados financieros internacionales, siempre y cuando, aplicara el decálogo del Consenso de Washington. Y Carlos Menem lo hizo con creces.
Para esto se emitieron otros títulos, los bonos Brady, con lo que se saldaron vencimientos que Argentina no podía pagar y en el medio comenzaron las privatizaciones por las que el Estado recibió bonos de una deuda que continuaba catapultándose y que eran algo más que papel pintado.
Así las cosas, para 1999 Menem dejó Las Rosada con una deuda superior a los 111 mil millones de dólares y un contexto social atravesado por el ajuste, la destrucción de trabajo, la privatización del sistema jubilatorio, la degradación de las prestaciones de los sistemas público universal y gratuito de Salud y Educación. Pero también con la certeza de que ese modelo no cerraba sin represión, algo sobre lo que tomó nota Fernando de la Rúa y su staff en el que comenzaban a despuntar algunos de los jugadores que más adelante se distinguirían con el macrismo como Adolfo Sturzenegger, Hernán Lombardi, Ricardo López Murphy y Patricia Bullrich. Todos ellos son corresponsables del empobrecimiento de los trabajadores que se profundizó entre 1999 y 2001, pero también de la matanza de diciembre de ese año. Y, asimismo, dejaron los dedos marcados en otro hito de la continuidad del programa de la dictadura de 1976: el Megacanje y el Blindaje.
Cuarenta mil millones de dólares fue la cifra mágica prometida con la que “se iba a blindar a la economía de la turbulencias financieras” y de ellos catorce mil provenían del FMI. Pero en la vida real sólo se trataba de un asiento contable que firmaba el Estado antes de pasarlo a los acreedores, con lo que lo único que se blindó fue el formidable negocio de quienes hicieron la bicicleta financiera para aprovechar la Convertibilidad y conseguir dólares baratos que fugaron cuando el país estaba reventado. Y esto no es todo: a cambio del Blindaje, el gobierno de La Alianza se comprometió a avanzar en un esquema de desregulación de las obras sociales y en una reforma previsional que incluía dinamitar el Anses y el Pami.
Pero el Blindaje se extinguió rápido y, entonces, como para garantizar tiempo para se robaran lo que quedaba, la clase capitalista que actúa en Argentina, recurrió al último de sus fetiches del momento. Cavallo volvió con las mismas recetas que aplicó cuando fue parte del staff de la dictadura y para implementar el Corralito, pero antes infló el globo del Megacanje de títulos públicos por cincuenta mil millones de dólares, lo que no era otra cosa que patear para adelante vencimientos que a esa altura ya eran impagables.
Para esto recurrió a un viejo amigo. El Credit Suisse Group tenía al ministro en su nómina desde hacía muchos años y se quedó con 120 millones de dólares en concepto de honorarios por una operación que no solucionó nada, porque en ese pasamanos la deuda se volvió a incrementar, esta vez, por nueve mil millones tal como reconoció el propio FMI.
El Blindaje y el Megacanje tienen un sentido de continuidad metodológica e histórica con los planes Austral y Primavera, la Convertibilidad y su saga, así como con el Plan Martínez de Hoz y la Ley de Entidades Financieras de la Dictadura que sigue vigente. En todos los casos se trata de programas criminógenos en el sentido más estricto de la palabra. Pero también son padres del plan impuesto por el Gobierno Cambiemos y su obra cumbre: el Stand-By por 57 mil millones que acordó con el Fondo, que condiciona coyuntural, táctica y estratégicamente al país.
Asimismo, aunque no arranca con la Dictadura, su hilo conductor tiene en el genocidio perpetrado entre 1976 y 1983 un hito y modelo que posee un sentido pedagógico, que habla sobre lo que puede volver a pasar y lo que debe evitarse.
Porque hablan en serio cuando, ahora mismo, desde Macri a Milei, de Rodríguez Larreta a Bullrich y Vidal pasando por los radicales prometen que van por los sistemas público universal y gratuito de Educación y Salud, que se quieren cargar al sistema jubilatorio, al de medios estatales y a Aerolíneas Argentinas. Pero también cuando advierten que van a meter bala al que se les cruce en el camino.
Y también va en serio la clase capitalista cuando desde sus corporaciones empresariales, aprovecha la inconsistencia del frente de gobierno, para someter a una presión extrema a los trabajadores inflando los precios de la canasta más allá de los límites de cualquier racionalidad.
Desde la claridad que les brinda su identidad de clase, unos y otros saben que su misión es acabar la obra inconclusa de la dictadura de 1976: tienen claro que están ante una posibilidad de hacerlo y están dispuestos a hacerlo ¿Tendremos desde el lugar antagónico la claridad y el criterio necesarios para impedirlo?