“Esto no se resuelve sólo con políticas de seguridad, hay que disputar culturalmente el terreno que ha ganado la política de la mafia y el delito en la conciencia social de grandes sectores de Rosario”, recalcó Norberto Champa Galiotti, titular del PC y candidato a ocupar una banca en el deliberativo comunal de esta ciudad.
La cotidianeidad de asesinatos y otros hechos de violencia no deja de sacudir a Rosario y su conurbano, donde en lo que va del año ya se perpetraron 130 crímenes en un contexto en el que, a priori, parece estar condenado al fracaso cada intento que pretende penetrar la imbricada trama tejida por un tándem integrado por el narcotráfico, las fuerzas policiales, el Poder Judicial y la clase capitalista que actúa amparada por una cerrada estructura político-institucional.
En este marco y después de dos meses del envío de trescientos efectivos de Gendarmería Nacional y otro centenar de la Policía Federal “para fortalecer la seguridad” en Rosario, se espera que esta semana arranque la ronda de consultas convocadas por Omar Perotti, donde se prevé que su gabinete se reúna con los equipos técnicos de los precandidatos a gobernador “para acordar una política de Estado en seguridad”.
Perotti le encomendó la tarea a quienes son titulares de las carteras de Gobierno y Seguridad, Celia Arena y Claudio Brilloni, al tiempo que hizo saber que lo que busca es que se pueda establecer “puntos de coincidencias, acuerdos y consensos” con quienes aspiran a sucederlo, para que se logre diseñar un “plan de trabajo” que salga al cruce de una crisis de inseguridad que según como lo reconoció el mandatario, afecta a Rosario y al resto de la provincia.
Ahí se espera que concurran los representantes de las doce fórmulas que buscarán llegar a la Gobernación de Santa Fe, después de pasar por el tamiz de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 16 de julio y las generales del 10 de septiembre. Varios de ellos son parte del esquema que viabilizó las condiciones que llevaron a la situación de inseguridad que con epicentro en Rosario se expandió hacia toda la provincia, pero también coinciden en que la militarización es parte prioritaria de la respuesta a esta crisis.
¿Pero cuáles son las consecuencias que se ponen en evidencia tras varios años en los que las recurrentes gestiones gubernamentales buscaron solución en la salida militarista del conflicto? Norberto Champa Galiotti es titular del Partido Comunista de Rosario, candidato a concejal por el Frente Juntos Avancemos que postula para intendente a Roberto Sukerman y no duda en aseverar que es preciso avanzar en “políticas que vayan a fondo”, porque el efecto concreto de la militarización de una ciudad como Rosario es que “está siendo colonizada por el crimen organizado” que deriva de un esquema que incluye a las fuerzas policiales.
“Hay una gran preocupación, porque a más de dos meses de que mandaran gendarmes y otros efectivos federales, no sólo no se contuvo el avance de la criminalidad sino que se incrementó”, sostuvo Galiotti y después de indicar que “es muy difícil que con los mismos métodos se obtengan diferentes resultados”, recordó este tipo de recetas se emplearon durante muchos años en países como Colombia y México “donde se militarizó el conflicto y lo único que se logró es hacer que el conflicto y la violencia crecieran todavía más”.
Los dichos de Galiotti nada tienen de antojadizos. Diferentes gestiones gubernamentales buscaron en agencias extranjeras fórmulas que permitan abordar la problemática y en esta dirección se inscribe la capacitación que recibieron efectivos de de la Policía de Santa Fe que integran la Unidad Especial de Investigación del Crimen Organizado (UEICrO), por parte de instructores del FBI.
“La provincia de Santa Fe está siendo asesorada por el FBI, por la Policía de Filadelfia y la de Colombia”, advirtió el dirigente rosarino del PC y añadió que “también están actuando sobre los fiscales y el resto del Poder Judicial con el argumento de ‘prevenir e investigar este tipo de delitos’”.
Pero esto no es todo. Promediaba 2022 cuando Perotti anunció que Santa Fe iba a recibir asesoramiento por parte de la embajada de EE.UU. “para investigar delitos federales como el narcotráfico y el crimen organizado”, algo que traducido al castellano significa lisa y llanamente el reconocimiento de que se abrieron las puertas para que la DEA desembarcara oficialmente en la provincia y la región. Y vale remarcar lo de oficialmente, porque esta agencia opera solapadamente en Argentina desde que fue creada por el entonces presidente estadounidense, Richard Nixon.
“Siempre que participa EE.UU. por medio de la DEA y otros organismos, esto lleva a la militarización del conflicto”, lamentó Galiotti y recalcó que entonces “no sólo se introduce el negocio del control del narcotráfico, sino también el negocio de la venta y control de armas para armar al delito organizado, en el tienen absoluta incidencia las fuerzas policiales que son parte de este problema”.
Tras lo que insistió con que “esto es lo que ocurrió en México y Colombia y lamentablemente aquí se va a repetir lo mismo que pasa siempre cuando participa en el asesoramiento militar, político y jurídico EE.UU. que entra con la excusa de ‘combatir el negocio organizado por la mafia de la droga’”. Y recordó que “EE.UU. es el principal país consumidor de estupefacientes y el éter con que se procesa la hoja de coca para convertirla en piedra de cocaína viene de ese país”.
Con capitalismo no se puede
Un informe dado a conocer recientemente por el Observatorio de Seguridad Pública, da cuenta de que entre octubre de 2020 y diciembre de 2022, se secuestraron en la provincia 78.309 municiones, lo que representa un promedio mensual de 3.729 balas incautadas. Casi el 57 por ciento de esas municiones fueron decomisadas en Rosario.
Estas cifras son sólo un índice que habla sobre la existencia de un mercado negro que produce un volumen importante de munición y armamento, pero también de insumos como puntas de bala, pólvora y fulminantes que escapa al control de la Agencia Nacional de Materiales Controlados.
Queda claro que todo esto sería imposible sin una infraestructura que precisa de financiamiento y logística, pero además de la cobertura que garantice que su funcionamiento no se vea alterado por miradas indiscretas. “Los asesinatos de Rosario dan cuenta de que sigue vigente en negocio de las armas que se ha incrementado en cantidad y en capacidad de fuego”, destacó Galiotti y alertó que “también hay más capacidad de operación logística y esto tiene una directa relación con el incremento de la llegada de fuerzas de Gendarmería y policiales federales a la Ciudad”.
Asimismo, dijo que en Rosario “tenemos otros problemas como los que tienen que ver con la urbanización y el transporte, pero el tema del narcotráfico y el delito hacen necesaria la aplicación de políticas públicas que sean capaces de trabajar sobre esto, no sólo como un problema que debe enfrentarse con la fuerza pública se seguridad, sino fundamentalmente desde el ángulo político y social”.
Y, al respecto, resaltó que es preciso romper “cierta inacción del parlamentarismo local, respecto a los problemas esenciales que son fundamentalmente los de los barrios donde todos los días se viven situaciones graves vinculadas con la mafia del narcotráfico que está colonizando la ciudad, el Gran Rosario y a la provincia de Santa Fe”.
De ahí que, sin dudarlo, aseveró que “esta es una tarea que, para que pueda llevarse adelante, necesita de fuertes acuerdos políticos entre sectores populares y revolucionarios”, ya que “no alcanza con lo que hasta ahora expresó el Frente de Todos”. Y remarcó que “esto no se resuelve sólo con políticas de seguridad, sino que hay muchos aspectos que abordar para disputar culturalmente el terreno que ha ganado la política de la mafia y el delito en la conciencia social de grandes sectores de Rosario”.
Pero también hizo hincapié en que, para esta tarea, se vuelve necesario avanzar en una profunda reorientación de los recursos, lo que plantea un escenario de disputa. “Rosario es una zona de terribles asimetrías”, advirtió Galiotti y destacó que “hay una ciudad protegida hacia el centro y desprotegida en los barrios, una ciudad en la que los puertos facturan 42.300 millones de dólares al año pero en la que viven millones de personas en una situación de pobreza extrema, que son víctimas de las mafias y caldo de cultivo para las propuestas delictivas”, ya que “el narco paga diez veces más a un soldadito o un dealer que lo que un trabajador puede cobrar, entonces la batalla cultural se vuelve muy desigual, más aún en una sociedad que exacerba el consumismo”.
¿Y entonces dónde hay que buscar el origen de esta problemática y, una vez que se llegue hasta ahí, qué se puede hacer con eso? Desde que el primer cargamento de doscientos kilos de cocaína llegó a la Zona Franca que Bolivia posee en el puerto de Rosario, el 24 de abril de 1978, por un acuerdo entre las dictaduras encabezadas por Jorge Videla y Hugo Banzer, el desarrollo del narconegocio floreció a partir de una estructura que tiene centralidad en la ciudad, desde donde se extiende hacia el resto de la provincia y la región.
Esta auténtica expresión de una ingeniería propia de la lógica capitalista, incluye lavado de dinero y contrabando de armamento, entre otros negocios ilegales que involucran a delincuentes de guante blanco como los que se perpetran mediante el contrabando de cereales, la triangulación de esos productos, la subfacturación y sobrefacturación de sus ventas, entre otras cosas.
“Tienen un poder concentrado que tiene que ver con la Ley de Reforma del Estado que llevo adelante el Partido Justicialista, con Carlos Menem como presidente, que entregó la soberanía argentina del comercio exterior y el tránsito fluvial, a lo que se sumó la extranjerización de la banca, las privatizaciones en ferrocarriles y telecomunicaciones como parte de un esquema que sacó de la órbita estatal a resortes esenciales de la economía”, puntualizó el dirigente comunista.
Y, en tal dirección, recalcó que se vuelve preciso “recorrer el camino inverso para luchar contra el neoliberalismo y poder hacer políticas que confronten contra la colonización mafiosa-narco en la provincia de Santa Fe”, ya que “las consecuencias de esto se ven en muchos lados y uno de ellos donde se advierte con mucha crudeza es en Rosario”, por eso “hay que recuperar soberanía política y económica y esto no se hace con capitalismo, sino luchando contra el sistema capitalista para poder tener los recursos necesarios para dar esta batalla social, política, cultural y económica contra la mafia del narcotráfico y el delito que somete a los sectores más necesitados”.
Algo que, insistió, requiere de “una fuerte disputa que no se hace militarizando más el conflicto”, porque “hay que enfrentar a los sectores armados, pero hay que evitar que se siga construyendo un caldo de cultivo favorable al esquema narco y eso se logra con un fuerte giro en la política social y económica” en el que se puede avanzar “con medidas concretas como nacionalizar el comercio exterior y el tránsito fluvial para romper con las cadenas de complicidades que articulan el delito”, pero en simultáneo “volcar el presupuesto hacia los barrios”.