Un fuerte operativo policial cercó la reunión donde se pretendía debatir el estudio de impacto ambiental que podría habilitar la explotación de un proyecto minero en Río Negro, cerca de la frontera con Chubut. El PC fijó su postura.
El Partido Comunista de Río Negro se sumó a las voces que hicieron público su repudio "a la militarización de Jacobacci", que tuvo lugar a raíz de la convocatoria a una audiencia pública en la que se presentó la propuesta de instalación de un proyecto minero en la zona de Calcatreu, que está ubicada a 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ingeniero Jacobacci.
Se trata de un sistema epitermal de oro y plata de baja sulfuración con mineralización aflorando en la superficie, que está a cargo de Patagonia Gold. Pero mientras desde la gestión provincial que encabeza Alberto Weretilneck resaltan "la interacción entre la comunidad, las autoridades y la empresa", la audiencia pública que se llevó a cabo para analizar el estudio de impacto ambiental que se hizo sobre la iniciativa, fue blindada por un tan fuerte como inusual operativo policial que cercó la zona.
Es que conforme se fue avanzando en esta iniciativa, comenzó a crecer la preocupación entre la población rionegrina pero también en Chubut, provincia que tal como lo hizo Río Negro, ya adhirió al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones. La cosa es clara: la movilización de diferentes colectivos de ambas provincias, plantea que debe tenerse en cuenta también la opinión de los chubutenses, ya que esta explotación megaminera afectaría al entorno natural y a quienes habitan al sur del paralelo 42.
Para avalar esta postura, recuerdan lo que sucedió en la mina Ángela que está asentada en Chubut, pero que también llevó su contaminación al territorio rionegrino donde dejó un tendal de severas consecuencias, ya que alrededor de 1,5 millones de toneladas de residuos fueron sepultados, lo que a su vez provocó el secando un humedal, al tiempo que contaminó tierras con la consiguiente afectación de la ganadería en una vasta zona. Asimismo, como parte de la misma moneda, nunca se cumplieron las promesas de generación de trabajo y riquezas que fue el caramelo que se exhibió para facilitar el avance del proyecto minero.
"Denunciamos, rechazamos y repudiamos la militarización de nuestro territorio", se advirtió desde el conjunto de organizaciones sociales, comunidades y asambleas de la región que alzaron su voz ante esta situación y que además denunciaron que la audiencia pública no fue otra cosa que "un acto político" patrocinado por el oficialismo provincial, en tanto que recordaron que ese acto no es vinculante y "adolece de graves vicios", tal como se alertó oportunamente por medio de un recurso administrativo en el que se solicitó que sea declarado nulo.
Y, por otra parte, coincidieron en puntualizar que "mientras niega recursos para la salud, la educación y atención social a miles de familias que están en situación de extrema pobreza", el gobernador Weretilneck "utiliza millones de pesos del erario público para garantizar el saqueo que perpetran las grandes empresas mineras en nuestro territorio, dejando contaminación, pobreza y destrucción de las formas de vida".
